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Entrevista
David Morales fue galardonado el año pasado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por su sigla en inglés) en reconocimiento a su trabajo.
Conversación con el abogado David Morales
La pelea por el derecho de las víctimas de crímenes de guerra
A lo largo de los últimos 25 años y desde que conoció el trabajo de María Julia Hernández (la directora emblemática de Tutela Legal del Arzobispado), el actual jefe de la Unidad de Justicia Transicional de la organización defensora de derechos humanos Cristosal es testigo y protagonista de los toboganes por el que desciende la vida de los salvadoreños tanto en los días aciagos durante los estertores de la guerra como en la transición a la democracia, que no termina de cuajar.
Eric Lombardo Lemus
Fotografías: Luis Galdámez
Enero 27, 2023
Abogado de carrera y prolongada trayectoria profesional, David Morales fue quien amplió las investigaciones sobre la masacre en el caserío El Mozote y redactó el informe final sobre este caso paradigmático para el país. En especial, cuando se habla de aplicación de la justicia en favor de las víctimas del exterminio de civiles más grande de la historia moderna en América Latina. Como representante de las familias sobrevivientes de la masacre acaecida al nororiente del departamento de Morazán en diciembre de 1981, Morales fue galardonado el año pasado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por su sigla en inglés) en reconocimiento a su compromiso por los derechos de los débiles.
El abogado también es recordado por detentar la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) entre 2013 y 2016, cuando acompañó a quienes buscaron la interlocución de esta institución estatal en diversos casos que incluyeron desaparición, desplazamiento forzado y justicia transicional, que es la línea que ahora representa en una organización que sufre la descalificación sistemática del entorno del gobierno de turno.
En Cristosal, institución que trabaja acompañando a víctimas de violencia que generó desplazamiento forzado en Honduras, Guatemala y El Salvador, David lleva seguimiento a crímenes de guerra o lesa humanidad cometidos durante el conflicto utilizando herramientas de litigio estratégico, entendido como una metodología que persigue la aplicación de la justicia en temáticas vinculadas con el ámbito de los derechos humanos, en casos emblemáticos que tienen la posibilidad de generar una transformación en la aplicación de justicia y en la forma de gobernar para erradicar malas prácticas. Su trabajo es busca sentar precedente para reivindicar el derecho de quienes sufrieron por violencia u omisiones graves cometidas por el Estado.
En tu trabajo realizas litigio estratégico, ¿qué significa concretamente?
Es una metodología de búsqueda de justicia que se ha aplicado en América Latina en diferentes temáticas de derechos humanos para llevar adelante casos emblemáticos que tienen la posibilidad de generar la transformación de malas prácticas en los sistemas de justicia y en general en la forma de gobernar. Es decir casos que pueden llegar a cambiar o sentar precedente frente a prácticas que sostienen impunidad o frente a prácticas de corrupción. El litigio es una manera de reivindicar derechos de las víctimas que son afectadas generalmente por violencia de estado o por omisiones graves del estado y pones a prueba el sistema judicial generalmente
Los acuerdos de Chapultepec contienen el acuerdo de superación de la impunidad que habla de juicios ejemplarizantes.
¿Emplazas al mismo sistema del país?
Sí, por ejemplo, en el caso de los crímenes de guerra de El Salvador que han estado bajo una impunidad institucionalizada como la protección de los criminales de guerra por el estado por más de 40 años donde todo esto tiene una gran complicidad del órgano judicial y de la Fiscalía General como pilares de impunidad para proteger a los responsables.
Nos planteamos litigios de orden penal, acusaciones o querellas —como se llaman el código actual— para tratar de hacer funcionar el sistema penal y que los criminales de guerra sean procesados. Hay otro caso muy concreto que fue el uso del litigio a nivel constitucional ante la Sala de lo Constitucional por el abandono en que estaban las víctimas que sufrían desplazamiento forzado por violencia; en su mayoría violencia de familia que, incluso, esta condición de desplazamiento era minimizada o negada por los gobiernos de turno.
Entonces, una demanda de inconstitucionalidad llegó a declarar inconstitucionalidad (por omisión del estado de El Salvador) y una sentencia obligó a crear una ley para la atención de las víctimas de desplazamiento forzado y para que se generarán políticas de atención y protección.
Entonces es una metodología de trabajo en derechos humanos que va más allá de una mera estrategia legal y que implica acompañamiento de las comunidades, atención psicosocial y esfuerzo comunicacional. Generalmente son casos y temas que no sólo son de interés, sino que suponen esta lucha por parte de colectivos. Por eso el objetivo de este tipo de metodología es el cambio social y la modificación de prácticas y estructuras judiciales que tienden a la impunidad o a la negación o a la vulneración de derechos.
No le parece que 31 años después de finalizado el conflicto armado —sin importar el escenario que sea— esta sociedad está acostumbrada a la misma posición de encubrimiento o de omisión por un Estado que encubre y omite su historia. ¿Cómo digiere un trabajador especializado en derechos humanos esa condición?
Es una lucha por los derechos humanos de las víctimas sobrevivientes y familiares por la memoria y dignidad de quienes murieron producto de la represión política, y de las graves violaciones a derechos humanos que fueron parte de una política de terrorismo de estado o de violaciones al derecho internacional humanitario por las partes del conflicto en la guerra.
Como toda lucha de derechos humanos esta es una lucha que enfrenta al poder político que trata de sostener el estatus quo de la impunidad. Yo hablaría más de una responsabilidad del estado en general, más que de la sociedad porque pese al terror y a la parálisis que sigue generando entre personas sobrevivientes de aquellos crímenes que aún tienen miedo de expresarse de narrar lo sucedido y que temen represalias sobre todo en momentos de retroceso democrático como el que vivimos. Estos temores vuelven a surgir, pero tenemos en todo el país comunidades que se han organizado o que conmemoran o que recuerdan; muchas tratan de luchar por la justicia y buscan las reparaciones, pero el Estado ha sido totalmente indiferente. Este ha sido un Estado cómplice que ha encubierto a los criminales de guerra en general. Yo parto de que los acuerdos de paz realmente fueron un parteaguas que desencadenaron un proceso inédito de transformaciones democráticas en mucha parte de la institucionalidad del Estado y creo que ahora que enfrentamos un negacionismo diferente con el régimen autoritario de Nayib Bukele, que pretende negar el conflicto mismo, la naturaleza, las causas, la verdad histórica sobre el conflicto; pero también pretende negar los acuerdos de paz, ha sido debatido ampliamente los avances que representaron.
El Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera lleva un proceso judicial contra antiguos miembros del alto mando del ejército, entre ellos el exjefe de la Fuerza Aérea, Rafael Bustillo.
Los acuerdos son descalificados desde hace bastante…
Los acuerdos de paz no se desarrollaron plenamente como lo plantearon especialmente en su agenda de desmilitarización y la agenda por enfrentar el pasado de masivas violaciones a los derechos humanos fue parte de estos aspectos que fueron bloqueados por el poder político.
Los acuerdos de paz tuvieron una comisión de la verdad y en ninguno de los acuerdos se habló de una amnistía general. Las recomendaciones de la comisión fueron categóricas: justicia, reparaciones, garantías de no repetición… entonces había una agenda de los acuerdos de paz para enfrentar el pasado. De hecho los acuerdos de Chapultepec contienen el acuerdo de superación de la impunidad que habla de juicios ejemplarizantes a los violadores de los derechos humanos de ambas partes y está incluido dentro del capítulo de la Fuerza Armada. Este era un deber del proceso de paz, sin embargo, fue bloqueado por el poder político desde el inicio. El rechazo de la cúpula militar, de la Corte Suprema (de Justicia) de Mauricio Gutiérrez Castro al informe de la comisión, la ley de amnistía general.
El Estado ha sido activo en institucionalizar la impunidad. También se limitó grandemente la reforma judicial. Los acuerdos de paz plantearon una reforma judicial y la comisión de la verdad recomendó una ruta para comenzar; sin embargo, no fue adoptada por los intereses de quienes gobernaban en aquel momento, no se produjo una depuración de jueces cómplices de encubrir violaciones a derechos humanos; la fiscalía tampoco sufrió una reforma en el tono democrático que se estaban dando. La línea democracia de democratización que se estaba dando en otras instituciones en aquel momento.
Si bien con el paso de los años se fueron construyendo ciertos mínimos de independencia judicial recordemos que los acuerdos de paz instalaron un Consejo de la Judicatura que comenzó a tener incidencia en el nombramiento de jueces, se creó una escuela de capacitación judicial, vino una nueva generación de jueces y juezas que, de alguna manera, fueron con el paso de los años del proceso de paz generando ciertos mínimos de independencia.
Pero llama la atención que los temas de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, que son las atrocidades más grandes que se cometieron en el conflicto, la característica predominante fue la impunidad. La Sala de lo Constitucional fue una sala tímida que no se atrevió a enfrentar la ley de amnistía; abrió una ligera posibilidad de reabrir juicios en el año 2000 con una sentencia; pero es hasta el año 2016 que se da una sentencia que deja sin efecto plenamente la amnistía.
La amnistía fue la gran excusa política no jurídica porque la amnistía no tenía fuerza legal desde el año 2000 que se dio la primera sentencia por la Sala de lo Constitucional que afectaba los alcances de la amnistía; pero, en general, como la guerra fue una guerra sin casos, la justicia no funcionó. Hubo muy pocos casos que se llevaron adelante en los 80 por presión internacional.
El caso de monseñor Romero, las monjas Maryknoll, el caso del presidente de ISTA (Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria) y los asesores norteamericanos, el derribo de un helicóptero por la guerrilla y el de la masacre de los jesuitas que fue, además, un juicio simulado como le llamó la atención la Comisión Interamericana y paremos de contar.
Hubo un par de condenas a autores materiales; nunca autores intelectuales. O sucedió que los casos fueron neutralizados deliberadamente como el de Romero.
Entonces si había muy pocos casos abiertos también había muy pocos casos a los cuales aplicar la amnistía y ese fue el caso de El Mozote que, sin embargo, se dieron otras figuras de impunidad. Por ejemplo, la aplicación de la prescripción que era el paso del tiempo que no debería ser aplicable a crímenes de guerra, el abandono de la demanda, es decir, hacer dos o tres diligencias infructuosas y que así no pasará más, la omisión de investigación por parte de la fiscalía… En fin, todas fueron prácticas que durante varias décadas estuvo realizando deliberadamente jueces de la República que tenían estos casos con el Código (Penal) anterior, que data de 1974, y la Fiscalía General de la República que a partir del año 98 ya era responsable de todas las denuncias que presentaron.
La masacre de El Mozote acaeció del 11 al 13 de diciembre de 1981 cuando elementos del batallón Atlacatl aplicaron la estrategia de tierra arrasada contra población civil.
¿Los fallos de la Corte Interamericana significan algo en El Salvador?
Son de obligatorio acatamiento… La Convención Americana tiene fuerza de ley de la República, incluso con prevalencia sobre leyes internas como la ley de amnistía de acuerdo a la propia jurisprudencia de la década del 2000, de la Sala de lo Constitucional. Desde entonces Francisco Flores afirmaba que no tenía que acatar las recomendaciones de la comisión interamericana.
¿Y siendo El Salvador suscriptor de la Convención?
El Salvador es estado parte.
¿Hay precedentes donde un estado suscribe convenios y al mismo tiempo los desacata?
En realidad son incumplimientos graves que deben ser señalados por estos organismos internacionales que deberían, además de las consecuencias políticas y diplomáticas, podrían acarrear otro tipo de consecuencia. Desconocer la Convención Americana es jurídicamente un proceso más complicado. Un estado que decide renunciar a ser estado parte de la Convención Americana debe seguir un proceso que se conoce como un proceso de denuncia: se denuncia el tratado para dejar de ser parte, algo que recientemente hizo Venezuela, por ejemplo.
Para sustraerse de la vigilancia de derechos humanos por los abusos que estaban sucediendo incomodaban mucho.
Pero la postura de los gobiernos de ARENA fue eso. Incluso rechazar, discriminar a las víctimas, cerrar cualquier posibilidad de diálogo y de reparaciones y la glorificación de los represores. Por ejemplo, los homenajes a Domingo Monterrosa, Roberto d’Aubuisson que aun subsisten. El museo militar es un ejemplo de eso porque sigue llevando el nombre de un genocida y rinden homenaje a muchos represores de décadas anteriores y del conflicto armado. De hecho hasta que hubo publicidad negativa creo que redujeron los homenajes a Domingo Monterrosa. El batallón Atlacatl y Monterrosa tenían una sala con toda su simbología y etcétera.
Ese fue el perfil de ARENA: un encubridor directo, un negacionismo de la historia.
(El expresidente) Saca llegó incluso a pretender desconocer el informe de la Comisión Interamericana en el caso de monseñor Romero, que era un informe de fondo, firme, y por lo tanto hasta se colocó en una posición de desacato frente al sistema interamericano.
Los gobiernos del FMLN se alejaron un tanto del negacionismo histórico; reconocieron los hechos, hicieron muchos actos simbólicos, de perdón, de dignificación de las víctimas, homenajes a las víctimas y, bueno, respecto de la masacre de El Mozote, del asesinato de Romero fueron objeto de actos oficiales públicos, de solicitud de perdón e iniciaron un diálogo con las víctimas y reparaciones en los casos que tenían informe o sentencias interamericanas.
De alguna manera se abrieron las posibilidades de proceso de reparación que fueron muy pequeños e insuficientes. No hubo realmente una prioridad sobre la víctima; se creó un decreto de reparaciones morales, de reparaciones simbólicas, que avanzó poco porque no hubo reparación material para las víctimas en general, salvo el caso de la masacre de El Mozote, que tuvo algunos avances; pero tampoco colaboraron impulsando las investigaciones sobre el crimen.
Quiero llegar a ese punto porque el caso El Mozote es paradigmático en el sentido que hay un cambio de ruta desde el momento en que la Asamblea Legislativa emite el decreto mediante el que someten a retiro obligatorio a una buena parte del sector judicial, entre ellos el juez Guzmán que estaba avanzando en el proceso.
Eso nos sitúa en la cuestión del gobierno actual, que es de perfil autoritario y está generando graves retrocesos democráticos, que tiene una política de seguridad que deliberadamente está generando violaciones masivas de derechos humano. Es un gobierno que busca impunidad frente a los abusos que está cometiendo y qué está sentando las bases para un próximo fraude electoral, a través de la prohibida reelección presidencial. Está sentando bases para que reviva una dictadura en El Salvador y me parece que esto es gravísimo. Un gobierno violador de los derechos humanos como el de Nayib Bukele frente a la justicia transicional y los crímenes del conflicto ha manejado una posición que busca instrumentalizar el tema.
La desaparición forzada, que fue un arma de guerra en los años, sigue persistiendo en la sociedad salvadoreña pero con diferentes motivaciones y donde la violencia de las pandillas.
¿En qué sentido?
Es una posición negacionista diferente a la del partido ARENA porque no niega de manera absoluta la masacre, pues los hechos en sí son imposibles de negar porque la lucha de las víctimas, de las organizaciones, ha permitido establecer la verdad gracias a pruebas judiciales, investigación periodística, construcción de procesos de memoria de comunidades, el tema de los desaparecidos, el tema de las torturas (están los sobrevivientes del comité de ex presos políticos dando sus testimonios desde hace varios años), es decir que la verdad no podía ser negada absolutamente cómo en tiempos de ARENA.
El negacionismo del régimen de Bukele es distinto porque trata de negar los procesos recientes a la vez que maneja un discurso político en favor del derecho de las víctimas; pero en la práctica poco ha cambiado pues no hay una política, ni hay presupuesto, ni hay acciones desde el gobierno en orden a impulsar las reparaciones integrales. De hecho los pocos procesos de reparación que se abrieron durante los gobiernos del FMLN, incluido las reparaciones morales en El Mozote, se han visto paralizados o gravemente afectados en su ejecución a partir del gobierno de Bukele.
El ejemplo de El Mozote es uno de los más conocidos porque existía un registro de víctimas que estaba coordinado por la Secretaría Técnica de la Presidencia y el manejo de una base informática era realizado por la Dirección General de Estadísticas y Censos, con la participación de otros funcionarios de gobierno y había representación de la víctima. Esta herramienta del registro permitía ir avanzando con todo y sus dificultades por encima de la burocracia y la ausencia de legislación que les facilite a las personas su documentación para ingresar al registro. De alguna manera estaba generando una dinámica de avance, por ejemplo de la indemnización y de otros beneficios.
Sin embargo, al cambiar gobierno y al disolver la Secretaría Técnica pues hubo una parálisis de más de ocho meses de parálisis. Luego hemos tenido periodos donde se nombran los nuevos delegados del gobierno, que tardan meses en entender la dinámica del registro y luego los sustituyen. Llegan otros a ver cómo funcionan y pasan bastantes meses. También hay dificultades muy grandes como cuando escuchamos discursos grandilocuentes donde se dedican a falsear la historia, como cuando en 2020 donde negó los acuerdos de paz y el conflicto, lo cual me parece un discurso agraviante para las víctimas… luego se destruye una plaza funcional en buen estado que las víctimas habían erigido sin consulta con las víctimas…
Entonces reparaciones paralizadas, publicidad sí, la ley de justicia transicional, la ley de reconciliación que debe atender a estándares de derechos humanos que estableció la Sala Constitucional en 2016, pues ha sido objeto de manipulaciones publicitarias por parte de la comisión legislativa de justicia y derechos humanos de la bancada oficial que tampoco avanza y que sigue tan estancada como en la legislatura anterior.
Luego el tema de la justicia mucho discurso que se desclasificaría los archivos de la A a la Z. En la práctica sabemos lo que ocurrió por orden directa del presidente Bukele y del ministro Merino Monroy como lo reconocieron por escrito ante el juez Jorge Guzmán en un informe que él requirió. Ellos dieron la orden de que no se permitiera las inspecciones de los archivos militares históricos.
Incluso el presidente dio en cadena nacional una versión totalmente falsa, fue una cadena con fines de mentirle a la sociedad y justificar su decisión que al final fue una decisión que trajo protección a los criminales de la guerra y no favoreció a la justicia. Igualmente su respuesta frente a documentos militares fundamentales que deberían presentarse en el caso de El Mozote requeridos por el tribunal en varias ocasiones la respuesta del actual gobierno fue la misma que la del gobierno anterior.
No se localiza, hemos buscado, no hay nada y no le permitimos a ustedes revisar los archivos. Entonces este gobierno se situó también del lado de los violadores de derechos humanos y bloqueó la justicia. Este es un bloqueo a las investigaciones que no lo puede ocultar toda la publicidad del gobierno en torno a lo que pretenden hacer en el tema de la justicia transicional. Bueno, el presidente ha atacado directamente a representantes de las víctimas como en mi caso y al juez que quiso hacer la inspección. Es un gobierno caracterizado por la usurpación de otros poderes del estado.
La violencia de la Fuerza Armada contra la población civil campesina desembocó en diferentes violaciones a los derechos humanos a lo largo de la guerra.
Y también un gobierno que mantiene su popularidad sin posibilidad de que descienda, a pesar de todo lo que señala.
La popularidad del presidente Bukele le permitió tomar una súper mayoría en la Asamblea Legislativa desde la cual no tiene ningún obstáculo para estar impulsando esta política de violaciones a derechos humanos, a través del régimen de excepción. De igual manera esta ausencia total de control legislativo sobre el ejecutivo le permitió dar un golpe de Estado al poder judicial que se ha dado en dos momentos. El régimen Bukele dio el golpe al poder judicial en dos etapas.
La primera es el 1 de mayo de 2021 cuando se destituyen institucionalmente la Sala de lo Constitucional y el fiscal general y nombran funcionarios afines o que responden a los intereses políticos de la presidencia. El segundo momento es cuando emiten el decreto de purga judicial cuando retiran a los mayores de 60 años y reforman la ley de la carrera judicial y la ley orgánica. Fue un decreto disfrazado bajo la figura de un retiro obligatorio y forzado. Así salen jueces y fiscales mayores de 60 años o de 30 años de servicio. En realidad, en mi opinión, es que el propósito político de esta reforma era separar jueces independientes y tener posibilidades de control de decisiones en tribunales que al actual régimen le parecen estratégicos.
Entonces es por ejemplo muy evidente que se separan de sus cargos a magistrados de la Cámara de San Salvador donde se ventilan casos que tienen connotación política del funcionario; también se separan de sus cargos a jueces de la jurisdicción de protección al medio ambiente en los juzgados ambientales y se colocan a otros. Los que por ley eran los jueces ambientales y juezas eran funcionarios que estaban colocando varias medidas cautelares para prevenir la depredación ambiental que evidentemente afecta intereses económicos grandes y con este entorno se pasó también el caso del Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera donde había un juez que había demostrado independencia y que estaba por llevar a su etapa final el caso de la masacre, es decir, estaba cerrando para pasar a la etapa plenaria.
Me parece que sí ha habido un propósito político en la presidencia y en la Corte Suprema de Justicia de separar del caso a un juez que había demostrado este nivel de independencia y de cumplimiento con la ley. Por lo tanto, el caso que ha tenido cierto estancamiento o que ahora no tiene un dinamismo cómo para avanzar hacia la etapa plenaria final.
Así el caso de la masacre de El Mozote se vio enormemente afectada por el golpe de estado al poder judicial que el régimen del presidente Bukele y por supuesto su Corte Suprema de Justicia y su Asamblea Legislativa que dictó el decreto de purga judicial y que llevaron adelante.
¿Y con ese contexto tan desigual en función de la expectativa de las víctimas qué expectativas tienen quienes reclaman justicia?
Las víctimas esperan que las abogadas y los abogados de Cristosal y de Tutela Legal María Julia Hernández, como parte de la Asociación Promotora de Derechos Humanos y como representantes de un conjunto de víctimas sobrevivientes de la masacre, la expectativa muy clara que nuestros representados han expresado es que quieran llegar a la etapa final ya.. Quieren la aplicación plena de la justicia.
Antes de que explotara la pandemia en El Salvador en marzo de 2020 el juez Jorge Guzmán programó una audiencia para escuchar a víctimas sobrevivientes y justamente eso fue lo que expresaron; le pedía concluir con las diligencias necesarias que estuvieran pendientes y que pasara a la etapa primaria.
Después vino el problema de la pandemia y el sistema judicial cerró por decreto varios meses. Luego en 2021 el juez intentó las inspecciones en los archivos militares que bloqueó el presidente.
Luego la cancillería de El Salvador le ha mentido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque afirma que el juez Jorge Guzmán renunció. Eso es totalmente falso o sea estamos llegando a un punto en el cual la propia cancillería miente. El juez Guzmán no renunció, sino que fue separado de su cargo por decreto que nos parece a todas luces inconstitucional. De hecho una Cámara de Familia de San Miguel emitió una medida cautelar que dejaba en suspenso la aplicación del decreto porque una jueza de instrucción (también de oriente) presentó una solicitud de medida cautelar ante la cámara invocando la Convención Interamericana de personas adultas mayores. A la luz de la Convención se consideró que se estaban violando derechos establecidos en la convención con esta reforma y dictó una medida cautelar, que sigue vigente, pero incumplida.
De hecho, fue conocido en los medios porque la propia Corte Suprema —que era la autoridad demandada— trató de apelar la decisión de la Cámara; es decir, reconoció la legitimidad del recurso y de la actuación de la Cámara que intervino. Sin embargo, simplemente la han dejado en el limbo; no la cumplen. El presidente de la Cámara de Familia de San Miguel que dictó esto también fue separado de su cargo y el juez Jorge Guzmán, pese a los discursos del presidente de la Corte Suprema, al día siguiente de la aplicación del decreto ya había otra jueza enviada a Gotera.
La justicia transicional es uno de los retos más grandes de la jurisprudencia salvadoreña.
¿Cuál es la procedencia de esta jueza?
Es una jueza de instrucción de Osicala. No recuerdo el nombre. Obviamente cualquier nuevo titular que llegara lo que iba a encontrar era un expediente de casi 200 piezas; estamos hablando de más de 40 000 folios. Con mucha prueba, alguna bastante antigua porque recordemos que el caso se abrió en 1990, lo cerraron en el año 93 por la amnistía y lo tuvieron cerrado por 23 años. Luego lleva seis años desde que se reabrió por la inconstitucionalidad de la amnistía en 2016 y el caso fue muy dinámico, hay muchas pruebas testimoniales, muchísimas pruebas forenses, prueba pericial compleja con peritos y pericias expertos algunos internacionales… Pues obviamente cualquier funcionario judicial que entrara a reemplazar en sustitución del juez (que había tenido inmediación con toda la prueba durante años) iba a tardar muchos meses solo en conocer el proceso.
Entonces obviamente el golpe de estado al poder judicial generó la afectación. Los casos siguen abiertos, las víctimas siguen luchando, no se han rendido, han luchado contra la amnistía, contra el negacionismo absoluto de los primeros años, han conquistado sentencias interamericanas… Es impresionante como siguen en ese ánimo de buscar justicia, pero es lamentable que muchas de estas víctimas que han luchado por años las estamos viendo morir, son personas mayores con enfermedades, que después de una vida de sufrimiento tan grande y sin haber recibido nunca reparaciones adecuadas.
Incluso están muriendo victimarios como el caso de tres altos jefes militares que estaban siendo acusados y obviamente la retardación de justicia ahora trae una dimensión mayor de frustración y de revictimización porque se avanzó en un caso.
A nuestro criterio tiene suficiente prueba para avanzar a plenario que estaba expresada claramente en varias resoluciones que consideraban el caso suficientemente depurado y con el cambio de titularidad no vemos ese dinamismo. Ya se está buscando citar a numerosas personas en calidad de testigos que son familiares de víctimas, se está mencionando en la resolución la posibilidad de buscar nuevos sitios de exhumación. Son diligencias válidas, pero la regla de la ley que usa el Código (Penal) de 1974, que es el que se está aplicando por decisión del actual titular, establece que la instrucción va a cerrar cuando esté suficientemente depurado.
El Mozote es el asesinato de más de 1000 personas o sea evidentemente se podría seguir obteniendo información durante años, sin embargo la responsabilidad de quien está juzgando es valorar si la prueba es suficiente para avanzar al plenario. Nosotros como la acusación particular consideramos que sí y que esto debe ser la prioridad en el caso.
Si entramos en una dinámica de muchas citas a testigos, con posibilidades de nuevas exhumaciones y etcétera; pero nuestra preocupación es que la instrucción se prolongue indefinidamente, las víctimas y los victimarios sigan muriendo, y que esto al final sea una circunstancia que haga perder sentido a un proceso judicial en el que las víctimas han puesto por años mucha esperanza.
Y un Estado como el salvadoreño que ha sido gobernado tanto por corrientes políticas de extrema derecha, centro derecha, izquierda, derecha, ¿a quién encubre y por ende a quién protege?
Me parece que lo que sigue predominando es una posición política de impunidad que se impone a los gobiernos civiles por parte de los diferentes altos mandos de la Fuerza Armada de El Salvador que han ejercido desde que se firmaron los acuerdos de paz hasta el actual alto mando que dirige Merino Monroy.
Esa es una posición política de protección a los criminales de guerra y de obstaculizar e impedir investigaciones al interior de las fuerzas armadas con posiciones cercanas al negacionismo de la historia y al negacionismo de la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos. El negacionismo de los gobiernos de ARENA fue absoluto. Negaban la historia. Negaban los crímenes. Sus ministros de Defensa decían que las masacres eran una leyenda. Incluso negaban la existencia de los desaparecidos; decían que eran personas que se habían ido a la montaña a combatir. Estamos hablando de miles de personas y, por supuesto, bloquearon cualquier colaboración con las pocas investigaciones que se intentaron realizar.
Creo que el daño causado ahora con toda la demora es el mismo daño infligido desde siempre a quienes sobrevivieron a la masacre, pero sin acceso a la justicia.
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