Los personeros de la UCA han abundado acerca de la forma en que se estiman en la población las medidas represivas adoptadas por el gobierno de Nayib Bukele, así como el hecho de que existe un apoyo ciego sin que se vislumbre en los ciudadanos una perspectiva crítica sobre las violaciones a los derechos humanos que implican.

A favor o en contra de esos planes de seguridad hay infinidad de noticias, reportajes y artículos de opinión y entrevistas, tanto a nivel local como internacional.

Pero siempre se invisibiliza o margina una visión crítica y holística acerca de la forma en que esa realidad se incuba en el imaginario colectivo, para consuelo de grupos de poder y sus políticos orgánicos que, precisamente, han condenado a la ciudadanía a esa condición de no-ciudadanos en cuanto a sus derechos y deberes cívicos.

Qué se le puede pedir (y se le pudo pedir) a la derecha de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), que gobernó durante 20 años, o a la ex guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), durante 10 años, en la reivindicación de los derechos ciudadanos. Lo grave en el caso del Frente es que fue la apuesta de muchos que se frustró en medio de la mediocridad y la corrupción.

Bukele cosecha igual que lo hizo ARENA y el FMLN (partido del que procede y parte de la estructura que lo acompaña en Nuevas Ideas). La condición de no-ciudadanía le cae también como “anillo al dedo” en la consolidación del poder, con la ventaja que maneja y saca jugo a los mecanismos de propaganda, en especial en lo digital.

Darle vuelta a esa condición no es tarea fácil. Parte de un esfuerzo integral de los diversos sectores de la sociedad civil y actores políticos alternativos al sistema dominante que sin tregua le apuesten a la ciudadanización de la política, como primer peldaño en la construcción de espacios de democracia participativa.

También, hay que apostarle a la ciudadanización de la comunicación. Es decir, que al menos el sistema mediático potencie el traslado de la información, a la vez que se abra a la pluralidad de voces en el espacio público. El referente debe ser el derecho a la información y a la comunicación de los ciudadanos.

Que la sociedad se apropie de la comunicación con la alfabetización mediática y la alfabetización digital. Receptores educados en el manejo de los medios, además alfabetizados en el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y que cuenten con acceso a la red de redes, para ejercer ciudadanía.

En otras palabras, pasar de ser simples consumidores de los espacios mediáticos a constructores de sus propios discursos, aprovechando las posibilidades que ofrecen las TIC.

El comunicólogo boliviano Carlos A. Camacho Azurduy cree necesaria la participación ciudadana en el sistema mediático y para eso hay dos formas concretas: Que los medios brinden una oferta informativa noticiosa de calidad “para que los ciudadanos viertan opiniones argumentadas capaces de establecer diálogos y generar debates públicos para llegar a consensos sobre lo que es común a todos (asuntos públicos)”.

En segundo lugar, “(…) También se debe procurar la educación para la recepción, en el sentido de ayudar a las personas a desarrollar sus propias capacidades y habilidades para apropiarse, usar y re-significar la información y, fundamentalmente, impulsar su capacidad crítica y argumentativa para formarse una opinión propia y sustentada y, de este modo, generar corrientes de opinión dominantes y promover acciones transformadoras”.

Ese binomio comunicación y política es de suma importancia para la sociedad. Los ciudadanos, a la vez consumidores de información, deben contar con las herramientas para acercarse de manera crítica a la oferta mediática, local y global, y la toma de conciencia parte de reconocer la forma en que se da el fenómeno en la realidad.

Para el caso, el mismo estudio de opinión del IUDOP reflejó que en el consumo de medios locales son las redes sociales (46.8%) y la televisión (44.0%) los espacios privilegiados para acercarse a la información sobre lo que ocurre en el país, mientras en menor cuantía están los periódicos digitales (3.9%), las radios (2.9%) y los periódicos impresos (1.8%).