El régimen de excepción podría verse como un paréntesis en la historia de violencia homicida de las últimas décadas en el país, afirma Augusto López, director de la Maestría en Criminología de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). Este paréntesis, sin embargo, solo dará un giro a las formas de violencia que ya existen en los territorios, debido a que estas estructuras criminales no han desaparecido sino que únicamente se están transformando, lo que va a depender de la ruta que tome el Gobierno en las políticas de seguridad.

“Entre esa lógica de racionalidad y visceralidad ha prevalecido en las pandillas la racionalidad. Destruidas no están, pero sí se han replegado. ¿Esto beneficia más a la población? Sí, porque la violencia es menos expansiva hacia los barrios. Claro, las pandillas han enfrentado no solo un plan, sino varios, anteriormente, y se han reconfigurado. De este también se van a reconfigurar. Van a mutar, no sé de qué manera”, sostiene López.

El régimen de excepción es una medida que da al gobierno el aval para suspender las libertades de movimiento, de expresión, de asociación y el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones, lo que significa que se permite la escucha telefónica, se elimina el derecho a que una persona sea informada de los motivos de su captura y a tener un abogado defensor, entre otras. En estas condiciones han sido arrestadas más de 62,000 personas, según datos oficiales. De estas, organizaciones como Cristosal y el Instituto Universitario de Derechos Humanos (IDHUCA) han registrado más de 5,000 capturas arbitrarias.

El decreto por el cual se instauró el régimen de excepción fue aprobado en marzo de 2022 por la Asamblea Legislativa y prorrogado cada mes durante más de un año. En este periodo se han reducido drásticamente los homicidios, según cifras oficiales, pero en esos datos no se contabilizan los reos presuntamente asesinados en el interior de las cárceles de todo el país ni las desapariciones.

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró, en noviembre del año pasado, que además de la reducción de homicidios hay un 90% menos de extorsiones reportadas. Sin embargo, los datos sobre estos delitos no son de acceso público, por lo que es imposible corroborarlos.

En la encuesta más reciente del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA (IUDOP), el 46.9 % de los entrevistados manifestaron alguna o mucha preocupación de que no siga vigente el régimen de excepción. El 45.5 % expresó que su mayor temor es que las maras vuelvan, se reorganicen o salgan de prisión los pandilleros.

De acuerdo con López, al haber arrestado a buena parte de la estructura, las pandillas se han desarticulado. Su modo de continuar operando, asegura, será mucho más “racional”, para adaptarse a las condiciones que el Estado les ha impuesto. En este caso, el académico sugiere que podrían convertirse en una estructura similar a una mafia.

“Una organización del crimen organizado no busca dejar aventados muertos, busca estar bajo la superficie para hacer dinero, fundamentalmente tener redes de corrupción, para no tener que matar policías, sino comprarlos a ellos y a los jueces. Y tampoco va accionar de manera irracional contra la población, porque necesita un espacio de convivencia en los espacios donde opera” explica el académico, quien además sostiene que existen las condiciones para que esto ocurra, pues la falta de transparencia del Gobierno de turno genera espacios para la corrupción.

Según investigaciones periodísticas, este gobierno, presuntamente, habría negociado con las maras. De ser cierto, significaría que con esta administración se puede realizar este tipo de convenios. Entonces, según el académico, si las pandillas u otro grupo del crimen organizado quieren operar, podrían encontrar condiciones reales para pactar con el gobierno.

En este mismo sentido, López prevé que una de las consecuencias graves del régimen de excepción serán las “prácticas arbitrarias” normalizadas al interior de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Fuerza Armada (FAES). En lo que va del régimen, han sido reportadas más de 5,000 víctimas de capturas arbitrarias por parte de estos cuerpos de seguridad.

Las consecuencias

El régimen ha sido cuestionado por instituciones de derechos humanos a nivel nacional e internacional. No solo por las capturas arbitrarias, sino por los más de 110 reos que han fallecido sin que las causas de sus muertes hayan sido debidamente esclarecidas. Óscar Vázquez, un psicólogo y docente que ha realizado investigaciones en la UCA sobre victimología, sostiene que una de las primeras consecuencias será la “negación colectiva de la victimización”; es decir que la percepción social no va a identificar como víctimas a las personas detenidas en el marco del régimen de excepción.

En esta misma línea, Vázquez subraya que podría presentarse un “aumento en el sentimiento de polarización social: «Si los capturaron es porque algo malo hicieron»”. La polarización tiene dos efectos importantes: en primer lugar, quien la ejerce puede sentir una distancia psicológica o psicosocial hacia la persona detenida y no considera que él puede ser la próxima víctima, explica. Esto coincide con los resultados de la encuesta del  IUDOP antes mencionada, en la que un 67 % de los entrevistados respondió que no tiene ningún temor ante el régimen de excepción.

En segundo lugar, Vázquez visualiza que las afectaciones de mediano plazo no serán solo repercusiones clínicas, sino mucho más profundas. “La generación de víctimas donde se va a ver el impacto psicológico no va a ser en expresiones clínicas (estrés postraumático o un síndrome), sino que va a ser afectada emocionalmente al ver obstaculizado su proyecto de vida. El impacto emocional va ligado al socavamiento de su dignidad humana, acompañado de todo lo clínico también”, explica.

Por otra parte, el académico subraya la existencia de un discurso de “venganza” desde la presidencia. Sin embargo, considera que esto no compensa a las víctimas afectadas por las pandillas durante décadas.

“Una víctima no busca venganza, busca justicia y reconocimiento de que fue víctima y una oportunidad de que sea resarcido el daño que sufrió. No necesariamente infringiendo daño a la persona que le hizo daño. Cuando insistimos en un discurso, donde la violencia es el remedio para la violencia, ese discurso queda para la víctima, y pueden convertirse en victimarios”, señala.

Una investigación de la UCA, titulada “Una reconciliación a partir de las víctimas” (2022), realizó entrevistas a víctimas de pandillas. En sus indagaciones encontraron que “la exigencia primera y principal de las víctimas es ser escuchadas, que haya espacios y personas que las acojan cuando lo necesiten. Luego, exigen verdad, saber la verdad de sus familiares desaparecidos o asesinados y hacer saber su verdad frente al mundo entero: verdad como dignidad”.

Para Vázquez, una de las preocupaciones es que la violencia no se ha eliminado. Solo se ha pausado un contexto posibilitador. Es más alarmante aún, dice, que no se han erradicado las causas de la violencia y que no se está atendiendo a las víctimas de las pandillas. “No hay una política de desarrollo juvenil, ni hay aumento en la tasa de trabajo, tampoco se trabaja en medidas de intervención social”, subraya.

Desde la raíz

En 2022, un equipo de investigadores de la UCA, coordinados por el historiador Sajid Herrera, presentó el libro Una hidra de mil palabras: Análisis semántico del concepto de violencia en la revista de Estudios Centroamericanos (ECA) El Salvador 1946-2000. Los académicos lograron analizar lo que los intelectuales de diferentes épocas expusieron sobre la violencia.

De hecho, las pandillas fueron uno de los actores violentos que los académicos registraron antes de los 2000. En diversas publicaciones de la ECA, los investigadores plasman la evolución de este fenómeno a lo largo de los años. “En algunos casos (los violentos) fueron los estudiantes universitarios; en otros, las prostitutas, ladrones, malvivientes de las ciudades, borrachos que viven en los mesones. En otro momento fueron las maras. En ese marco de 60 años, los individuos violentos, o considerados violentos por estos intelectuales fueron múltiples”, dice Herrera.

Sin embargo, sostiene que en aquel momento, todavía no sabían cómo nombrar a las pandillas. Después de la guerra civil vino la dificultad para nombrar las violencias que ocurrían y señalar sus nuevas formas.

El régimen de excepción, visto como paréntesis, como señala López, podría generar un período similar de ambigüedad. En este momento se desconoce cuál será la continuidad que el gobierno de turno le dará a la medida. Pero, para el académico, su fin podría ser en las elecciones de 2024.

“Este, en el fondo, no es un plan de seguridad, es un plan electoral, y esa es su debilidad. Por eso, este paréntesis, probablemente, no sea sostenible, porque se guía por temas de popularidad. Aquí y en otros países se ha estudiado que la seguridad siempre es un elemento de instrumentalizar para fines electorales”, apunta López.