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Crónica
El mural conmemorativo del Parque Cuscatlán es uno de los lugares donde los familiares de los desaparecidos pueden intentar «conectarse» con ellos. | Foto de archivo: Roberto Escobar
El derecho a conocer la verdad es un conquista de los pueblos
Espacio Revista
Septiembre 6, 2024
En el foro 30 años buscando con amor y esperanza de la Asociación Pro-Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos, se conmemoraron los 30 años de su fundación y se celebró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. El doctor Florentín Meléndez habló sobre el derecho a conocer la verdad y la responsabilidad del Estado en la investigación de las violaciones a los derechos humanos.
La Asociación Pro-Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos nació en 1994 gracias a la iniciativa de un grupo de padres, madres y otros familiares que, junto al padre John Cortina, estuvieron luchando por encontrar a esas niñas y niños que habían sido arrebatados de sus padres por el Ejército salvadoreño en el contexto de operativos militares durante el conflicto armado de los 80.
Los operativos militares en la zona rural fueron escenarios de masacres a población civil y causa de que grandes grupos de población se desplazaran «en guinda», como se le decía a la huída, desde su lugar de vivienda hacia otros cantones e, incluso, hacia Honduras, buscando salvar sus vidas y las de sus familias. La mayoría siempre fueron mujeres, niños y ancianos, pues los hombres abandonaban los poblados con anterioridad, pensando que de esa forma protegerían a sus familias.
La Asociación Pro-Búsqueda ha liderado 1046 denuncias, de las cuales 469 se han logrado resolver, permitiendo a muchas familias y a quienes ahora son jóvenes y adultos, conocer la verdad de su identidad y la verdad de su familia.
Familiares de desaparecidos asisten al Foro en conmemoración del 30 Aniversario de la Asociación Pro-Búsqueda de El Salvador. Fotos: Luis Galdámez
Ana Julia Escalante, directora de la asociación, señala que la desaparición forzada es «una de las mayores vulneraciones a la humanidad, al sustraer a un ser humano de su seno familiar, al desaparecer a una persona y dejar a su familia entre la incertidumbre y el miedo de saber qué fue lo que pasó con su ser querido y, sobre todo, pasar décadas sin tener ninguna respuesta de los Estados para conocer su paradero y si está vivo o si está muerto».
Así, en conmemoración de sus 30 años y del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se celebra cada 30 de agosto, la Asociación Pro-Búsqueda realizó, este 21 de agosto, el foro 30 años buscando con amor y esperanza, el cual se celebró en el Hotel Sheraton Presidente y contó con las ponencias del Dr. Florentín Meléndez, destacado abogado exmiembro de la Sala de lo Constitucional y experto en derechos humanos y de Ana Lorena Delgadillo, abogada internacional y miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Naciones Unidas.
En esta nota destacamos la ponencia del Dr. Florentín Meléndez, quien se refirió al derecho a conocer la verdad y a la responsabilidad del Estado en la protección de los derechos humanos.
El derecho a conocer la verdad implica individualmente a las familias y a las víctimas, pero también colectivamente a las sociedades en su conjunto.
El derecho a conocer la verdad
Meléndez inicia su participación explicando que el derecho a conocer la verdad pertenece a las víctimas directamente afectadas, es decir, a las personas que fueron desaparecidas, encarceladas, torturadas, detenidas arbitraria e ilegalmente, desplazadas, refugiadas etc., pero no solo a ellas, sino también a sus familiares y a la sociedad.
El derecho a la verdad está fundado en tres pilares: (a) el derecho a la justicia, (b) el derecho al acceso a la información pública y (c) el derecho a la protección de los derechos humanos; y está vinculado estrechamente con la reparación moral a las víctimas.
El jurista explicó que la obligación del Estado en la garantía del derecho a conocer la verdad implica la investigación judicial imparcial, efectiva y completa de los hechos sucedidos y de los responsables materiales e intelectuales de la violaciones. Toda la información relacionada con las violaciones debe ser, por naturaleza, pública y no privada; es información que no puede estar sujeta a ningún tipo de reserva, sino todo lo contrario: debe seguir los principios de máxima transparencia y posibilitar la rendición de cuentas, subraya Meléndez.
El doctor agrega que el derecho de acceso a la información está relacionado con el derecho a la memoria histórica colectiva: «En los procesos dolorosos de conflictos armados y de graves violaciones de derechos humanos, los pueblos y las víctimas tienen derecho a la verdad, a preservar del olvido la memoria colectiva y a conocer la opresión y las graves violaciones a los derechos humanos que han sucedido a lo largo de su historia», puntualiza el abogado.
El doctor Florentín Meléndez habló del derecho a conocer la verdad como un derecho de las víctimas, de los familiares y de las sociedades. | Foto: Luis Galdámez
Surgimiento del derecho a conocer la verdad
Por otra parte, el doctor Florentín Meléndez explica que el derecho a la verdad, pese a su enorme trascendencia, tiene una historia reciente, pues data de las últimas décadas y tiene su origen en los conflictos armados.
Señala que fue en la resolución del caso del asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero (abril de 2000) y en la resolución del caso de los asesinatos de los sacerdotes jesuitas (diciembre de 1999) donde se hace referencia a este derecho expresado como tal. En particular, el doctor dio lectura al artículo 148 de la resolución del caso de Romero (https://n9.cl/q34xn):
«El derecho que tienen toda persona y la sociedad a conocer la verdad íntegra, completa y pública sobre los hechos ocurridos, sus circunstancias específicas y quiénes participaron en ellos, forma parte del derecho a reparación por violaciones de los derechos humanos, en su modalidad de satisfacción y garantías de no repetición. El derecho de una sociedad a conocer íntegramente su pasado no sólo se erige como un modo de reparación y esclarecimiento de los hechos ocurridos, sino que tiene el objeto de prevenir futuras violaciones».
En la resolución de la CIDH del caso del asesinato de monseñor Romero se destacó el derecho a conocer la verdad. | Foto de archivo: Luis Galdámez
Así mismo, el doctor Meléndez explica que en la resolución del caso del asesinato de los sacerdotes jesuitas (https://n9.cl/xsczw), donde también se hace referencia al derecho a la verdad, se señala además que el acceso a la información sobre violaciones a los derechos humanos es fundamental para fortalecer los sistemas democráticos. El artículo 224 señala lo siguiente:
«El derecho a la verdad es un derecho de carácter colectivo que permite a la sociedad tener acceso a información esencial para el desarrollo de los sistemas democráticos y a la vez un derecho particular para los familiares de las víctimas, que permite una forma de reparación, en particular, en los casos de aplicación de leyes de amnistía. La Convención Americana protege el derecho a acceder y a recibir información en su artículo 13».
El derecho a conocer la verdad implica también los delitos de «lesa humanidad», que son los delitos más graves que se pueden cometer contra las personas de forma sistemática y con conocimiento del Estado. Se mencionan delitos como el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación, la tortura, la persecusión por motivos políticos, raciales o religiosos, la encarcelación, la violación y la desaparición forzada, entre otros. (https://www.corteidh.or.cr/tablas/r29223.pdf).
El reconocimiento del derecho a conocer la verdad no surgió de los técnicos ni de los juristas, sino que es una conquista de las luchas de los pueblos.
Una conquista de los pueblos
El sacerdote jesuita John Cortina fue uno de los fundadores de la Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos. | Foto de archivo: Roberto Escobar
El doctor Florentín Melendez explica que el estudio y debate acerca del derecho a conocer la verdad se vino desarrollando a partir de diversos conflictos ocurridos en América Latina, los cuales fueron analizados en instancias internacionales y constituyeron el precedente del reconocimiento de este derecho expresado como tal.
Pero Meléndez subraya que el reconocimiento del derecho a conocer la verdad no surgió de los técnicos ni de los juristas, sino que es una conquista de las luchas de los pueblos, es decir, de los familiares, de las víctimas, de los defensores de los derechos humanos y de las organizaciones sociales que los defienden, como la Federación de Familiares de Desaparecidos de América Latina, Fedefam.
También señala como otra conquista de las víctimas, sus familias y las sociedades la aprobación de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, emitida en 1992 por Naciones Unidas (https://n9.cl/nh3lt) y, en este mismo sentido, la aprobación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas en 2010, instrumento en el que se incluyeron detalles y compromisos que no aparecían en la Declaración de 1992 (https://n9.cl/d8iyfp).
La adhesión a la mencionada Convención implica obligaciones para los Estados que la han suscrito, sin embargo, al consultar los países de Centro América firmantes, aparecen Guatemala, Honduras y Costa Rica, no así El Salvador y Nicaragua (https://n9.cl/yliay).
Un homenaje a monseñor Romero y a El Salvador
El doctor Florentín Meléndez evoca la lucha de monseñor Óscar Arnulfo Romero por la verdad y la justicia y señala que el día de su asesinato, 24 de marzo, fue decretado en 2010 por las Naciones Unidas como el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas.
Es responsabilidad del Estado la protección de los derechos humanos, así como es su deber investigar las violaciones de los mismos.
«Es un gran homenaje para El Salvador, un homenaje para el país, es un compromiso para la sociedad, es un compromiso para el pueblo salvadoreño de ser fiel a ese legado histórico de monseñor Romero de trabajar por la verdad» expresó el jurista y, a continuación dio lectura a un fragmento de la resolución aprobada por el Consejo de las Naciones Unidas (https://n9.cl/md2k4):
Reconociendo en particular la importante y valiosa labor de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, de El Salvador, quien se consagró activamente a la promoción y protección de los derechos humanos en su país, labor que fue reconocida internacionalmente a través de sus mensajes, en los que denunció violaciones de los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables,
Reconociendo los valores de Monseñor Romero y su dedicación al servicio de la humanidad, en el contexto de conflictos armados, como humanista consagrado a la defensa de los derechos humanos, la protección de vidas humanas y la promoción de la dignidad del ser humano, sus llamamientos constantes al diálogo y su oposición a toda forma de violencia para evitar el enfrentamiento armado, que en definitiva le costaron la vida el 24 de marzo de 1980,
- Recomienda que la Asamblea General proclame el 24 de marzo Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas
Décadas sin tener respuestas a la pregunta que resuena en los familiares de las víctimas de desaparición forzada. | Foto de archivo: Roberto Escobar
El doctor Florentín Meléndez termina subrayando la responsabilidad del Estado tanto en la protección de los derechos humanos como en su deber de investigar las violaciones de los mismos: «… la responsabilidad del Estado implica identificar a los autores materiales e intelectuales: ¿quién ordenó?, ¿quién ejecutó?, ¿quién consintió?, ¿quién colaboró?, ¿quién encubrió y escondió información?, ¿quién estando en el deber de juzgar no lo hizo?, ¿quién estaba en el deber de investigar o de impedir y no lo impidió?
Por tanto, señala Meléndez, el deber de investigar también implica el deber de juzgar a través de tribunales independientes y valientes, pues muchas veces lleva a enfrentar a sectores con mucho poder.
También, señaló el jurista, se necesita la voluntad política de los gobernantes, el compromiso de los funcionarios con los derechos humanos y la justicia, y el trabajo persistente de la sociedad a través de sus organizaciones y promotores populares, pues no importa cuántos años hayan pasado, los crímenes de lesa humanidad no caducan, no prescriben, por lo cual pueden ser perseguidos, juzgados y sancionados sin importar cuántos tiempo haya transcurrido.
Instalación con fotografías de víctimas de desaparición forzada en El Salvador. | Foto de archivo: Luis Galdámez
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