Con respecto a esto, la encargada de la Unidad Anticorrupción de la organización no gubernamental Cristosal, Ruth López, advierte que para que una información sea catalogada como reservada «no basta solo con referirla al artículo 19 de la LAIP», sino, tienen que justificar y explicar ante la ciudadanía por qué se está poniendo en secreto información que debería ser pública».

Este artículo 19, bajo el cual se han ocultado muchos datos en el actual gobierno incluye, entre sus literales, la información que sí puede ponerse bajo reserva, por ejemplo: Los planes militares secretos; la información que perjudique o ponga en riesgo la defensa nacional y la seguridad pública; la que menoscabe las relaciones internacionales; la que ponga en peligro evidente la vida o la salud de cualquier persona; la que ponga en peligro los procesos judiciales y la administración de la justicia; o la que pueda generar ventaja indebida a una persona en perjuicio de un tercero.

Sin embargo, al consultar el Índice de información reservada en algunos ministerios puede observarse que solo se hace mención al artículo en cuestión, pero no se especifica, con exactitud, cuál de esos criterios aplica para justificar la opacidad en la información pública y, en algunos casos, se explican razones que, a simple vista, parecieran no tener coherencia.

Un ejemplo de esa falta de justificación son  las obras y el costo de las remodelaciones del Palacio Nacional, en el Centro Histórico de San Salvador, que realizó desde principios de este año el Gobierno, —de las que se desconoce el costo total—,  y que adquirió valor mediático debido a la destrucción de importante patrimonio cultural.

Según el Índice de información reservada (bit.ly/3TKrZ8C), publicado en el Portal de Transparencia del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), uno de los criterios para ocultar la información relacionada con esas obras es que, si se hiciera pública, pondría en riesgo «evidente» la vida, la seguridad o la salud de las personas, además de que podría comprometer «las estrategias y funciones estatales en procedimientos judiciales o administrativos en curso», dos criterios regulados en el mencionado artículo 19 de la LAIP. Razones incomprensibles por la naturaleza de dichas obras.

Por ello, López agrega que «ocultar información es dañino para todos, los únicos que salen beneficiados son los corruptos», pues «cuando hay opacidad la ciudadanía pierde la posibilidad de fiscalizar el uso de los recursos públicos, los que deben ser utilizados para el bienestar general y la satisfacción de los derechos de la población y no para obtener beneficios particulares», afirma.

A propósito de esta falta de justificación, el coordinador del OUDH también explica que cuando se les ha negado información solicitada en distintas entidades de gobierno, «las razones que ofrecen varían: desde declaraciones de reservas (muchas de ellas sin fundamento), que no han generado la información pese a que las instituciones tienen las capacidades instaladas para generar información de forma ágil, o simplemente no responden a las solicitudes», explica Rodríguez.