Pese a este sombrío panorama, que insisto no solamente es acá, sino alrededor del planeta, lo peor sería caer en la resignación frente al fenómeno expuesto y vale la pena recordar que nos asiste a las y los ciudadanos en general y periodistas en particular, demandar la libertad de prensa si asumimos que vivimos en una sociedad democrática, aunque defectuosa y hasta fallida, y que es necesario cambiar con el aporte de la función social de las y los periodistas.

Pero cuando nos referimos a la difícil situación de la libertad de prensa, en el marco del derecho a la información y del derecho de información, también hay que tomar en cuenta la forma precaria en que se desenvuelven los y las periodistas por intereses mercantilistas o ideológicos. Es sumamente importante para la sociedad que los hombres y mujeres que ejercen el periodismo no sean marionetas de intereses espurios de polític@s o empresari@s mediáticos que responden a componendas con sectores de poder.

Lamentablemente, en gran parte de los y las periodistas aún no se toma en serio la necesidad de que haya reflexión constante sobre esas condiciones precarias en que se trabaja en el sistema mediático nacional, peor cuando se estima que es urgente que las y los periodistas tengan una legislación que garantice la libertad de prensa a la luz de los derechos humanos.

Por eso es loable que, con anterioridad, la Mesa de Protección a Periodistas y Trabajadores/as y de Medios Relacionados con la Información, donde está la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), propuso una ley a fin de proteger a l@s periodistas y comunicadores/as, aunque las y los anteriores diputados desatendieron (incluidos los que ahora se dan golpes de pecho y dicen apoyar a l@s periodistas) y que en el actual período los y las del oficialismo la enviaron al archivo.

Hay que considerar que muchas naciones en el mundo cuentan con el estatuto de protección del periodista y vale recordar al diputado francés Emile Brachard que, en 1935, apoyó la sanción del estatuto para defender al periodista frente a las empresas periodistas, gobiernos de turno y sectores de poder que caen en la tentación de vulnerar los derechos de los y las periodistas.

“El periodista desempeña en la sociedad un papel principal, representa una parte de las fuerzas sociales que emanan de la opinión, influye en la política, en las ideas, en las costumbres, y sin embargo no tiene fuerza para defenderse a sí mismo”, advirtió en aquella oportunidad Brachard ante una situación que persiste en el caso salvadoreño.

Para una verdadera libertad de prensa, aunque moleste a las autoridades de turno, a polític@s en general y a muchos empresarios mediáticos, son necesarios: la apertura a la pluralidad para la construcción de una agenda que posibilite la participación de todos y todas; la lucha por la integridad profesional de los y las periodistas; la creación de observatorios de medios; el compromiso de políticos y empresarios en no entorpecer el trabajo periodístico. Además, la promulgación del estatuto profesional del periodista y una legislación moderna sobre comunicación; el fomento de la autocrítica de los medios y la crítica de la ciudadanía sobre dicha práctica; la construcción de ciudadanía como eje primordial de la práctica periodística; colocar a la ética como eje central del trabajo periodístico; y la lucha por la dignificación de las y los periodistas.

Y el hecho de que hay que tener bien claro que el problema de la libertad de prensa y la comunicación social en cualquier país no solamente concierne a los medios de comunicación, a las y los editores, periodistas, académicos, etc., sino a toda la sociedad en un enfoque integral que parte del reconocimiento al ciudadano y ciudadana como titular del derecho a la comunicación y la información.