se ha alineado a un conflicto permanente con todos los sectores críticos al gobierno o que ejercen contraloría sobre las actuaciones estatales, como la academia, las organizaciones sociales de derechos humanos, ambientalistas, de mujeres, de la comunidad LGBTIQ+, entre otras. De estas confrontaciones, se destaca de manera especial, la alta tensión que existe con la prensa, en particular con la que hace periodismo investigativo, las mujeres periodistas y la prensa comunitaria.

En este agitado panorama, los sectores organizados recienten el comportamiento de la gestión estatal en temas sensibles como el alto costo de la vida, la militarización de la seguridad pública y su consecuente estela de abusos policiales, la política exclusivamente represiva contra la criminalidad, la ruptura del sistema de pesos y contrapesos institucionales, el equilibrio de poderes, la criminalización de la juventud y de la protesta social, la aprobación del criptoactivo bitcoin como moneda de curso legal, la falta de transparencia en la gestión gubernamental, el nepotismo y la corrupción ampliamente denunciada.