Ese mismo 14 de marzo, el Comité Médico del Hospital Nacional Rosales, integrado por 15 médicos, acordó que ese era el momento indicado para practicar la IVE porque era de menor riesgo para Beatriz. Esperar más tiempo implicaba la probabilidad de una muerte materna prevenible. Seis días después, este Comité solicitó una opinión a la Unidad Jurídica del hospital y a la Unidad de Vida de la Procuraduría General de la República (PGR) e informar de este caso al Ministerio de Salud. El Jefe de la Unidad Jurídica le comunicó, también, al Coordinador de la Junta de Protección de la Niñez y Adolescencia sobre esta situación. En su informe, la Junta respondió que no era su competencia territorial, y que la PGR debía designar un procurador que representara los intereses del feto. La Procuradora Auxiliar de El Salvador respondió “que no existiría oposición a que se practique (…) el procedimiento médico quirúrgico”.

Al conocer el caso de Beatriz, representantes de la Colectiva Feminista, una organización que defiende los derechos de las mujeres en El Salvador, y de la Agrupación Ciudadana, un grupo de activistas sociales, contactaron a la joven para corroborar su decisión de interrumpir su embarazo, y comenzaron a representarla legalmente. Marcia Aguiluz, quien para 2013 era parte del equipo legal de Cejil, y, actualmente está en la Dirección Legal de Women ‘s Link Worldwide, recuerda que buscaron una alternativa legal para salvar la vida de Beatriz. Así fue como presentaron un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia el 11 de abril de 2013, para pedir que se le permitiera interrumpir su embarazo. Sin embargo, cuando los magistrados de la Sala comenzaron a dilatar su respuesta, las organizaciones colitigantes comenzaron a analizar cuáles eran las opciones a nivel internacional para proteger los derechos humanos de Beatriz.

El 18 de abril, mientras Beatriz era internada nuevamente en el Hospital Nacional de Maternidad para un examen psicológico, las colitigantes solicitaron medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Las medidas cautelares fueron solicitadas para garantizar que Beatriz pudiera recibir atención médica adecuada y que se respetaran sus derechos humanos. Según el informe psicológico, la joven había experimentado ideas suicidas en los meses anteriores. La psicóloga del hospital también señaló que el estado emocional de Beatriz estaba afectado por el distanciamiento de su hijo mayor y que estaba muy ansiosa por su pronóstico y la anomalía fetal.

En distintas entrevistas a Beatriz, publicadas por medios nacionales e internacionales, expresó su decisión de interrumpir el embarazo, su miedo a la muerte y la necesidad de estar con su hijo: “Yo lo que quiero es vivir. Quiero estar con mi niño, con mi familia”.

La vida de Beatriz y su familia cambiaron en ese instante. Distintas personas de distintos sectores de la sociedad salvadoreña, y a nivel internacional, discutieron públicamente sobre su decisión. Los grupos más conversadores, bajo argumentos más religiosos que legales, insistieron en que continuara con el embarazo. Una de las representantes de una fundación pronacimiento le envió un gorrito para que cubriera a la criatura, que nació sin cerebro ni cabeza. Para la familia de Beatriz y las organizaciones colitigantes este tipo de acciones, como el envío de kits para personas recién nacidas, fueron un insulto para la joven y afectaron más su salud mental. Humberto, uno de sus hermanos, recuerda que él y su familia temían por la vida de su hermana. Querían que las demás personas respetaran el derecho a decidir de Beatriz.

Aunque la Sala admitió el amparo y dictó una medida cautelar para garantizar la vida y salud física y mental de Beatriz, en mayo rechazó la demanda de amparo al considerar que no hubo una conducta omisiva por parte de las autoridades demandadas. Sin embargo, la CIDH otorgó medidas cautelares, las cuales fueron incumplidas por el Estado salvadoreño por lo que la CIDH solicitó a la Corte IDH medidas provisionales para que El Salvador interrumpiera el embarazo.

Beatriz comenzó el trabajo de parto el 3 de junio de 2013. Además de la cesárea, le practicaron una histerectomía (extirpación del útero). El feto anencefálico falleció cinco horas después. Para Víctor Mata, quien fue parte del equipo legal que representaba a Beatriz y ahora es testigo en la demanda internacional, con su decisión, los magistrados “violaron el derecho a la integridad de Beatriz y pusieron en riesgo su vida”. Por violar estos y otros derechos de Beatriz y su familia es que las colitigantes han demandado internacionalmente al Estado salvadoreño.

De acuerdo con el Informe de fondo, el Estado salvadoreño alegó que Beatriz tuvo acceso a los mecanismos de justicia en el país, al presentar el recurso de amparo que resultó en la medida cautelar que buscaba asegurar su derecho a la vida y a la salud, y el derecho a la vida del feto. El Estado afirmó que las decisiones de los tribunales se basaron en la legislación vigente y que se consideró que Beatriz estaba en una situación estable. También señaló que, debido a que la Constitución de la República no establece una jerarquía entre la vida de la madre y del feto, ambas tienen el mismo nivel de protección, a menos que las circunstancias específicas del caso justifiquen lo contrario.

La CIDH consideró que, aunque la protección de la vida desde la concepción es un fin legítimo, la criminalización de la interrupción del embarazo en casos de incompatibilidad del feto con la vida extrauterina no logra satisfacer el requisito de idoneidad. Esto se debe a que la inviabilidad del feto rompe la relación de medio a fin entre la criminalización y la finalidad que persigue, ya que el interés protegido (la vida del feto) indefectiblemente no podrá materializarse. Además, se estableció que la falta de acceso a la interrupción del embarazo afectó gravemente los derechos a la vida, salud, integridad personal y vida privada de Beatriz, alcanzando en el caso una máxima severidad. Por lo tanto, el grado de logro de la finalidad perseguida, es decir, la protección de la vida del feto, era nulo debido a su condición de anencefalia.

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “las restricciones al acceso al aborto seguro son el resultado de actitudes sociales que estigmatizan a las mujeres y convierten sus cuerpos en instrumentos de objetivos políticos, culturales, religiosos y económicos de otros. La criminalización del aborto perpetúa aún más el estigma y la discriminación e infringe la dignidad y la integridad física de las mujeres”.

Gabriela Paz, antropóloga social y activista feminista, menciona que el caso de Beatriz es un ejemplo disruptivo de la contradicción de la norma. Aunque Beatriz tenía la experiencia de vida para ejercer la maternidad y estaba en una relación heterosexual y monógama, al expresar su deseo de interrumpir su embarazo para continuar con su vida, se convierte en una persona que desafía la norma. A pesar de que legalmente se sostiene que el embarazo atentaba contra su vida y la ley reconoce a las personas como sujetos tutelares, no se le permitió interrumpirlo. Paz destaca la importancia de reconocer que la vida de las personas es un valor fundamental, y que la norma debe ser revisada y adaptada a las realidades y necesidades de las personas.

El 8 de octubre de 2017, Beatriz falleció debido a complicaciones en su estado de salud, agravadas por un accidente de tránsito después de haber sido dada de alta. Presentó problemas respiratorios y sufrió dos paros cardíacos.

La familia de Beatriz y las organizaciones colitigantes buscan que, después de la audiencia del 22 y 23 de marzo de 2023, la Corte IDH condene al Estado salvadoreño y establezca medidas de reparación integral para su familia, así como medidas de no repetición para prevenir que otras mujeres y niñas sufran lo mismo que Beatriz. También buscan la modificación del marco legal que criminaliza todas las formas de interrupción del embarazo, lo que pone en riesgo la vida de miles de mujeres en El Salvador. “El derecho que el Estado violó a Beatriz fue decidir. El Estado le falló. El Estado debe aprobar interrumpir el embarazo cuando sea necesario como fue el caso de Beatriz. Nuestro motivo para seguir (con la demanda internacional) es que otras mujeres no pasen por lo mismo que mi hija ”, explica Delmi. La Corte IDH dará a conocer su fallo en el último trimestre de 2023.

Esta es la segunda ocasión que el Estado salvadoreño es llevado ante la Corte IDH por un caso relacionado con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres: el 2 de noviembre de 2021, El Salvador fue condenado en el caso de Manuela y otros versus El Salvador.  Entre las reparaciones dictadas por la Corte IDH, está la regulación del secreto profesional médico y sus excepciones, y adaptación de los protocolos y guías médicas de atención de las emergencias obstétricas.