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Crónica
De instalarse proyectos turísticos de élite, se impactará el manglar y las numerosas especies de peces y crustáceos que ahí habitan.
Los proyectos de desarrollo
costero-marino que expulsan a campesinos y pescadores
Texto: Edgardo Ayala*
Fotografías: Luis Galdámez
Septiembre 20, 2024
Diferentes puntos de la zona costera de El Salvador se encuentran bajo la mira de empresas inmobiliarias que, de la mano con programas como Surf City, han echado a andar planes que, a corto y mediano plazo, implicarán (y de hecho ya está sucediendo) el desalojo de familias de pescadores y campesinos que por años han habitado esas zonas que pronto serán la sede de hoteles y villas de playa.
Con un poco de imaginación, uno puede ver cómo, en un par de años, el Icacal, un lugar remoto de la costa salvadoreña, rústico, bello y aún exuberante, podría sufrir una transformación brutal.
Ya no se verán las personas sencillas que aquí habitan en sus casas de lámina: pescadores de piel tostada, mujeres campesinas con sus cumas y botas de hule. Habrá hoteles y restaurantes de lujo, inundados de una clientela chic, refinada.
Eso sucederá si la avaricia empresarial, y acaso política, triunfa sobre la justicia y sobre la dignidad de las personas que serían echadas —proceso que ya ha comenzado— para que florezca esa burbuja turística, incluso echando mano de la fuerza, de las armas y de argucias legales.
Las casi 900 familias que viven en el Icacal, un asentamiento de campesinos y pescadores, bordeados al norte por manglares y, al sur, por el océano Pacífico, en la jurisdicción de Intipucá, en La Unión, enfrentan desde hace unos dos años la voracidad de poderosos consorcios que los quieren desalojar para construir ahí sus megaproyectos para atraer y atender a un turismo de élite.
Obligados a salir
A la fecha, siete familias han sido desalojadas de esa zona.
Los casos más recientes son los de Luz Antonia Castillo Ramírez, obligada a salirse de su hogar y su parcela el 8 de agosto, y el de Santiago Castillo, sobre quien pendía una orden de desalojo para cumplirse a más tardar el 15 de septiembre del presente año, girada por el juez de lo civil de Intipucá, en La Unión.
Nadie se opone a que surjan programas de desarrollo turísticos y a que se creen empleos, dijeron habitantes del Icacal, pero esos planes, privados o gubernamentales, o ambos, deben respetar a las comunidades, a quienes viven ahí, y a los ecosistemas que los rodean.
«Los polos de desarrollo son armas de doble filo, todos desean invertir sin considerar las alternativas económicas y la calidad de vida que se debería garantizar a las familias de la zona», dijo el pescador Carlos Hernández, de 34 años, parado en su lancha, al borde del bosque salado, durante una pausa en su recorrido por el amplio canal del manglar.
A Hernández le preocupa también la contaminación ambiental que causarían los megaproyectos turísticos en el mar y sobre todo en el manglar, una reserva natural.
El pescador Carlos Hernández denunció la depredación del manglar por la construcción de un complejo turístico de Surf City II.
A Hernández le preocupa también la contaminación ambiental que causarían esos megaproyectos turísticos en el mar y sobre todo en el manglar, una reserva natural, que mantiene vivo el ecosistema de la zona y permite que los pescadores aprovechen varias especies de peces, crustáceos y moluscos.
«Aquí en el manglar se halla punches, curil, almeja, aquí hay de todo tipo de peces también», aseguró. «Aquí ya no habrá productos frescos de calidad; ellos mismos (los inversionistas) se encargarán de dañar todo lo que nosotros estamos cuidando y protegiendo».
A Hernández también lo han amenazado, de forma violenta, pero él quiere luchar por el derecho de tener dónde vivir.
En noviembre de 2023, varios hombres encapuchados y armados entraron a su casa, como a eso de las 10 de la mañana, y le dijeron que él y su familia debían abandonar la propiedad, pues era «privada».
Carlos Hernández explica los abusos y argucias legales a los que habría recurrido Desarrollos Turísticos del Pacífico para comenzar a desalojar a familias del Icacal.
La esposa de Hernández, Jennis Domínguez, se encontraba con su pequeño hijo de dos años, cuando sucedió el hecho.
«Vinieron amenazando, de que nos daban un mes para irnos», recordó Domínguez.
Ella se puso mal de los nervios, contó, por el tremendo susto de ver a sujetos que entraron armados.
«Yo tenía cuatro meses de embarazo de mi último niño, cuando aparecieron los encapuchados, incluso yo fui a dar hasta el hospital, porque de las amenazas me puse mal, del gran susto, me dio una hemorragia», narró Domínguez, al final de una reunión en la que una docena de personas de la comunidad analizaron la situación de los desalojos, junto a representantes de un colectivo de derechos humanos.
Esos encapuchados también le pusieron la pistola en la frente a Tránsito Aguirre, otra de las personas que deseaban que se fuera del lugar.
Jennys Domínguez recordó los momentos en que sujetos armados entraron a su casa a amenazarla a su familia para que desalojaran su parcela.
Una fiesta inmobiliaria y hotelera
Que grupos empresariales, de las ramas hoteleras e inmobiliarias, echen a familias pobres de las tierras donde han vivido por siempre, sobre todo en la franja costera, no es ninguna novedad. Eso ha venido sucediendo desde hace décadas en la zona de la Costa del Sol, por ejemplo, en La Paz, y sigue sucediendo ahí, a manos de esos consorcios e incluso de ricachones que quieren ampliar sus dominios.
Sin embargo, ahora pareciera que es mayor el riesgo de que familias pobres sean echadas de sus viviendas, de sus parcelas. Eso dijeron a Espacio Revista personas afectadas y activistas ambientales durante un recorrido por la zona.
En 2022, Bukele anunció el inicio del Circuito II de Surf City, que incluirá la construcción o mejora de calles, carreteras y otras obras civiles en varios caseríos de la zona sur de Jucuarán.
Porque ahora hay una mayor efervescencia en esos sectores inmobiliarios, hoteleros y turísticos. Hay más apetito por levantar proyectos de envergadura, entusiasmados por el plan gubernamental de desarrollar la franja marino-costera, un plan que le ha venido de maravilla, también, al sector de la construcción, ahora aliados del presidente Nayib Bukele.
En efecto, se trata de los proyectos vinculados a Surf City, una de las iniciativas insignia del gobierno y, particularmente, de Bukele. Son las inversiones millonarias que el mandatario quiere que lleguen a la franja costera, para dinamizar el área y el país, aunque se lleven de paso a personas pobres y sus medios de vida umbilicalmente conectados a la tierra, al mar, al manglar.
De instalarse proyectos turísticos de élite, se impactará el manglar y las numerosas especies de peces y crustáceos que ahí habitan.
En agosto de 2022, Bukele anunció el inicio del Circuito II de Surf City, que incluirá la construcción o mejora de calles y carreteras, y otras obras civiles en varios caseríos de la zona sur del municipio de Jucuarán, en el departamento de Usulután.
La idea es montar la infraestructura necesaria para que lleguen esos conglomerados a levantar sus hoteles, bungalós y sus spas, para atraer a turistas de todo el mundo, especialmente surfistas, pues las olas de Punta Mango están entre las mejores del mundo, según dijo el presidente aquel agosto de 2022.
«Punta Mango es un nombre, digamos, comercial, que se inventó Bukele, básicamente, porque ahí se llama El Carrizal, del cantón Agua Fría, de Jucuarán», señaló César Artiga, miembro del Equipo Escazú El Salvador.
Escazú es el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, un inédito tratado internacional vigente desde 2021, pero que ni El Salvador ni Honduras han suscrito, mientras que Guatemala y Costa Rica sí lo han hecho, pero no lo han ratificado. Nicaragua y Panamá lo han firmado y ratificado.
«Ese circuito de playas, que suman Surf City II, junto con el anuncio del proyecto de Bitcóin City, despertó que se viniera una ola de especulación muy fuerte en el precio de la tierra, y específicamente sobre la zona del Icacal», subrayó Artiga.
En la primera fase del Circuito II de Surf City, se construirá una carretera de 13 kilómetros que contará con ciclovía, cableado subterráneo y miradores.
Según César Artiga, los planes de Surf City abarcarían cinco circuitos en toda la franja costera del país, un programa que culminaría en 2030.
Esa vía irá de Punta Mango a El Cuco, en San Miguel y beneficiará a 11 caseríos de la zona: El Bajío, Tempiscal, Conchagüita, El Toro, El Majagüe, El Carrizal, Agua Fría, Las Goteras, El Alambre, Guaycume y Ojo de Agua, según el comunicado oficial del gobierno. Se crearán además unos 600 empleos directos y 1,200 indirectos.
«Punta Mango está topada de bitcoiners ya, están replicando lo de Surf City I en el Zonte, donde los bitcoiners se han ido a comprar propiedades ahí, y en Punta Mango ves la playa y hay zonas que son solo de gringos», sostuvo Artiga, cuyo colectivo ha estado monitoreando y documentando las amenazas a los derechos humanos de ambientalistas y las intenciones de desalojos de familias pobres en la franja costera.
Los bitcoiners son los entusiastas del bitcóin que llegaron al país maravillados con la decisión de Bukele de convertir el bitcóin en un criptoactivo de curso legal, algo que fue aprobado por la Asamblea en septiembre de 2021, pero esa idea cayó estrepitosamente y hoy en día poquísimos salvadoreños la usan.
Según el activista, los planes de Surf City abarcarían cinco circuitos en toda la franja costera del país, un programa que culminaría en 2030.
El circuito III incluiría la zona de la Barra de Santiago, en Ahuachapán; le seguiría el IV en Los Cóbanos, Sonsonate, y finalmente llegaría el V, en la Costa del Sol, un área ya impactada con desalojos desde que décadas atrás comenzaron a instalarse ahí los hoteles de lujo.
Árboles de mangle de más de 20 metros de altura en el bosque salado de la playa El Icacal, hábitat donde se reproducen diferentes peces, moluscos y varias especies de aves.
La oligarquía inmobiliaria
Una de las empresas inmobiliarias que han querido subirse a la ola del Circuito II de Surf City, en el oriente del país, es Desarrollos Turísticos del Pacífico S.A. de C.V., concretamente, en el Icacal.
A lo largo de toda la calle de tierra que conecta con esa comunidad costera, a la orilla de terrenos que lindan con el manglar, esa compañía ha colocado rótulos que advierten: Propiedad privada. Desarrollos Turísticos del Pacífico S.A. de C.V., se tomarán acciones.
Los habitantes del Icacal tienen conocimiento de que dicha compañía es parte del conglomerado de negocios de la familia Meza, los que comandó por muchos años el empresario, ya fallecido, Roberto Murray Meza, cuando estuvo al frente del Grupo Agrisal.
Ese consorcio posee millonarias inversiones en varios sectores de la economía, incluido el hotelero y de centros comerciales, con su marca Plaza Mundo.
Sin embargo, el brazo inmobiliario del Grupo Agrisal, a cargo de Ricardo Augspurg Meza, no registra en su página oficial que Desarrollos Turísticos del Pacífico sea parte de ese conglomerado. Espacio Revista tampoco pudo confirmar que lo sea.
No obstante, los habitantes del Icacal aseguraron que son los mismos empleados de esa empresa desarrolladora en la zona, los que han informado de la conexión con la familia Meza.
Sea como fuere, el caso es que hay una empresa inmobiliaria que ha acaparado la mayoría de las propiedades en el Icacal y está amenazando con desalojar a los habitantes que, según la empresa, se encuentren dentro de esos linderos.
Según Flores, Desarrollos Turísticos del Pacífico no aparece en el Centro Nacional de Registros como propietario de las tierras que ahora reclaman.
Se han colocado rótulos en los que advierte que la empresa procederá legalmente contra quienes «usurpen» sus tierras.
Las familias del Icacal denuncian que vigilantes contratados por Desarrollos Turísticos del Pacífico los acosan y amedrentan.
«El desarrollo de los circuitos turísticos claramente está enfocado en beneficiar a grupos empresariales vinculados a los sectores de turismo a gran escala, de élite o de burbuja, así como también a los sectores inmobiliarios y los monocultivos, como en el caso del eucalipto o la caña de azúcar», aseguró Ángel Flores, coordinador de la filial en Oriente del Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (Milpa).
Esos grupos, añadió, pertenecen a la oligarquía salvadoreña, que, a través del despojo en diferentes momentos históricos, «se han ido apropiando de los bienes comunes de las comunidades».
¿Quién es el propietario?
Según Flores, Desarrollos Turísticos del Pacífico no aparece en el Centro Nacional de Registros como propietario de las tierras que ahora reclaman y amenazan a quienes han vivido ahí por décadas. Es decir, la empresa no tendría las escrituras que los certifica como propietarios.
«La empresa no posee escrituras, y lo que han buscado es otra modalidad, otra maniobra jurídica, para implementar el Decreto 23, que es la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles», afirmó.
Esta herramienta jurídica, continuó, fue creada en el año 2009 con el fin de desalojar a personas que tienen muchos años de vivir en un territorio.
«Así que están utilizando esta ley, que fue concebida precisamente para desalojar comunidades y personas que han vivido en ese territorio durante mucho tiempo», subrayó.
Estas tierra del Icacal pertenecieron a Demetrio Villatoro, propietario de una hacienda que daba empleo a campesinos que se fueron quedando a vivir en pequeñas parcelas, contó José Luis Henríquez, de 43 años, un comerciante informal «que anda vendiendo cositas por todos lados».
Con documentos en mano, obtenidos en varias alcaldías de la zona, Henríquez narró que al morir Demetrio, en 1939, heredó la propiedad a su hijo José Pedro Villatoro, fallecido en 1983, y luego hubo un lío legal y catastral con las tierras, a partir de que Velázquez Villatoro no registró adecuadamente la propiedad para no compartirla con sus hermanos, con lo cual las tierras quedaron en una especie de limbo.
Los habitantes de la zona consideran que debería ser prioridad, antes de ejecutar los megaproyectos, establecer una política de vivienda para los residentes actuales.
José Luis Henríquez muestra documentos legales que explicarían el origen de la hacienda en cuyas tierras se establecieron, décadas atrás, las familias que ahora son los residentes del Icacal.
Los desalojos en la Costa del Sol
Las 180 familias de la comunidad Cuatro Vientos, en la jurisdicción de San Luis La Herradura, en La Paz, también han sufrido en los últimos años la angustia de sentirse amenazados de desalojos, y de hecho varias familias han sido echadas ya.
Esas amenazas y desalojos efectivos se han ejecutado a partir de resoluciones judiciales promovidas por empresas inmobiliarias o personas adineradas que, no se sabe cómo, han obtenido escrituras de terrenos que obviamente son del Estado, porque están a unos metros del manglar.
Eso le ha sucedido a Alba Díaz y a otras 66 personas, sus vecinos, que enfrentan desde hace tres años una demanda interpuesta por un señor de una familia adinerada que ellos identifican nada más como «Cáceres».
«Entonces, en la escritura que ellos (los demandantes) tienen reza que este manglar que nosotros tenemos aquí a nuestra espalda no existe en el CNR y que la tierra es propiedad de él, del señor Cáceres. Como nosotros le dijimos al señor: “¿Ese manglar es suyo?”. Legalmente el manglar es del Estado, pero el señor nos enseñó las escrituras donde dice que el manglar es de él, y yo me pregunto: ¿por qué?», señaló Díaz.
Alrededor de 20 comunidades son las que, como Cuatro Vientos, han estado bajo la presión constante de ser desalojadas, por el interés de grupos empresariales y familias ricas de hacerse de más propiedades en esa franja de tierra de gran plusvalía, por la belleza natural que evidentemente atrae la inversión turística.
Cuatro Vientos se localiza en esa delgada franja de tierra de 17 kilómetros, bordeada por el mar, en el sur, y por el estero de Jaltepeque, en el norte, en donde se percibe el contraste de la desigualdad social y económica del país: ranchos de lujo a la par de comunidades extremadamente pobres con casitas sencillas levantadas con mucho trabajo, a partir de los metros que lograron arrebatar al manglar, rellenando algunos metros cuadrados con tierra.
Esa franja es recorrida, a lo largo, por la carretera que conduce a la Costa del Sol, una de las playas más conocidas y visitadas del país. Ahí se han establecido hoteles y edificios de apartamentos de lujo, al igual que restaurantes.
«Ellos, los demandantes, son gente millonaria. Yo le puedo decir que nosotros no tenemos donde vivir. Nosotros hemos agarrado parte del Estado porque yo sé que el Estado no nos iba a venir a sacar», aseguró Díaz, de 50 años.
Las amenazas y desalojos en la comunidad Cuatro Vientos se han ejecutado a partir de resoluciones judiciales promovidas por empresas inmobiliarias o personas adineradas.
Díaz y otros vecinos mostraron lo que quedaba de una casita de una familia que recién tuvo que irse, a partir de una resolución judicial.
Los residentes de estos asentamientos suelen trabajar cuidando esos ranchos de veraneo.
«Mi abuelo cuidó por 40 años el rancho de la familia Safie y nunca mi abuelo se hizo de un terrenito. Cuando usted enfrenta su retiro, no tiene para dónde irse. Y ahí es donde uno recurre a los pedacitos que deja la llena (la marea)».
Sobre los proyectos que impulsa el gobierno en la zona costera, los habitantes de estas comunidades dicen que debería ser prioridad, antes, establecer una política de vivienda para las cientos de familias que ahí residen.
«Pero dígame usted, todo lo que el gobierno quiere hacer ¿a beneficio de quién será? Solo del rico, porque yo no voy a poder pagar un condominio de esos, de lujo. Sí va abrir fuentes de trabajo, pero ¿de qué me sirve tener un trabajo si no tengo donde vivir?», afirmó Díaz.
Su vecina María Julia Guillén, también demandada, al igual que su hija, sufre de problemas de insomnio, de salud, por toda esa problemática.
«Aquí nadie tiene escritura, todos vivimos así a la orilla del manglar, la mayoría vivimos así. Entonces, ese es nuestro miedo, nuestro temor es que vaya a volver a venir otra demanda con más fuerza y que nos digan “hoy sí se salen”».
La Asociación Generaciones de Paz (ASDEPAZ) apoyó económicamente para cubrir parcialmente los costos de transporte en esta cobertura periodística.
* Periodista salvadoreño
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