La Asamblea Nacional Legislativa de la República de El Salvador,

Con presencia de la exposición del Supremo Poder Ejecutivo, y

CONSIDERANDO: que a las Compañías Extranjeras de seguros contra incendio establecidas en el país no se les puede exigir el servicio necesario para evitar o sofocar siniestros, ni conviene darles esa injerencia, por ser contrario al orden público, desde luego que esos servicios son de la competencia de la Policía; que aunque es verdad que dichas Compañías pagan impuestos por su funcionamiento en el país, éstos son insuficientes para poder sufragar los gastos del mantenimiento de un buen Cuerpo de Bomberos y de vigilancia; y que es la Nación la que sostiene las instituciones encargadas de evitar y sofocar incendios y hasta de mantener activa vigilancia para salvaguardar los intereses de las Compañías Aseguradoras, a fin de que éstas no sean defraudadas;

CONSIDERANDO: que las Compañías Aseguradoras cobran en la actualidad primas muy elevadas, que no están en armonía con las seguridades y garantías que ofrecen las disposiciones dictadas recientemente, sobre siniestros y seguros, y que por aquella razón, el seguro no está al alcance de la generalidad; que según datos estadísticos, del país salen más de seiscientos mil colones anuales, como producto del pago de primas, y que, en cambio, durante los dos últimos años el pago de siniestros no ascendió ni a cincuenta mil colones, lo cual constituye una pérdida para la riqueza nacional, producida por los seguros que se contratan con empresas extranjeras.

CONSIDERANDO: que es un deber de justicia equiparar las responsabilidades y erogaciones que ocasionan los servicios mencionados con los ingresos que pueden rendir las primas de seguros, lo cual únicamente se obtiene con el establecimiento de un seguro nacional por medio de una institución del país y sin perjuicio del funcionamiento de las Compañías similares extranjeras;

CONSIDERANDO: que las pólizas de los seguros contra incendio que usan las Compañías Extranjeras, su tenor es en todo a favor de ellas y que en el país no cuentan con ningún bien raíz o depósito de dinero intocable que sirva de garantía a sus compromisos con los asegurados; siendo un deber de equidad, que dichas Compañías redacten el tenor de sus pólizas de seguro en los mismos términos que las de la institución. Nacional que se establezca y que constituyan un depósito de fondos en garantía, en uno de los Bancos del país o adquieran bienes raíces en proporción al monto de los seguros;

POR TANTO,

En uso de sus facultades constitucionales,

DECRETA:

Art. 1º. Se designa a la Municipalidad de esta capital para que establezca el servicio de seguros contra incendio, en todas las poblaciones del país.

Art. 2º. Para garantizar el pago de los siniestros de bienes asegurados, la Municipalidad de San Salvador, con la garantía del Poder Ejecutivo, abrirá un crédito en uno o varios de los Bancos del país, hasta por la suma de quinientos mil colones, que será destinada única y exclusivamente para el pago de seguros.

Art. 3º. La Municipalidad dará principio a sus funciones como Empresa Aseguradora, tan luego tenga abierto el crédito de referencia.

Art. 4º. Cuando la Municipalidad esté ya bien preparada para poder verificar sus operaciones de seguros, lo pondrá en conocimiento del público, por medio del Diario Oficial.

Art. 5º. La Municipalidad deberá cobrar una prima del dos por ciento en las zonas peligrosas o establecimientos que contengan materias inflamables; y el de uno por ciento en los demás lugares.

Art. 6º. El producto de las primas, una vez descontados los gastos de Administración, será depositado en la institución de crédito en que se lleve la cuenta corriente de la Municipalidad.

Art. 7º. La Municipalidad, de acuerdo con el Poder Ejecutivo, nombrará una Junta integrada por personas honorables que no pertenezcan a su seno, que se encargará de la administración y vigilancia de los contratos de seguros y de sus fondos, y la formarán: un Presidente, un Vocal, un Síndico y un Secretario.

Art. 8º. Una vez que la Municipalidad mediante el pago de primas, logre formar un fondo de reserva de quinientos mil colones, el exceso de esa cantidad lo empleará en el mejoramiento del Cuerpo de Bomberos y del servicio de Aguas, primeramente, y después en la construcción de su Palacio Consistorial.

Art. 9º. Siempre que un siniestro que tuviere grandes proporciones y que no alcance a cubrir los quinientos mil colones dedicados a estos pagos, el Ejecutivo responderá por el saldo que hubiere.

Art. 10º. Las Compañías Extranjeras de seguros contra incendio que deseen seguir haciendo negocios en el país, deberán seis meses después de la época en que abra sus negociaciones la institución municipal, constituir cada una de ellas un depósito intocable de garantía en uno de los Bancos de la capital, por lo menos de quinientos mil colones, o adquirir bienes raíces en el país por un valor equivalente; no pudiendo cobrar por los seguros más que una prima de dos por ciento en las zonas peligrosas o establecimientos que contengan materias inflamables y el uno por ciento en todo el resto y deberán pagar al Fisco un impuesto proporcional para sufragar entre las Compañías que funcionen, todos los gastos que el Estado tenga que hacer para el sostenimiento del Cuerpo de Bomberos y el servicio de vigilancia contra incendio de la capital; así como también sujetarse en un todo a las leyes reglamentarias porque regirá la institución nacional.

Art. 11º. La Municipalidad, de acuerdo con el Ejecutivo, reglamentará las obligaciones de la Junta a que se refiere el artículo 7º de este decreto.

Art. 12º. Queda en vigor la Ley vigente contra incendios, en todo lo que no se oponga a la presente disposición.

Art. 13º. Este Decreto tendrá fuerza legal, desde el día de su publicación.

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo. Palacio Nacional: San Salvador, a las diez horas y cuarenta y cinco minutos del día once de mayo de mil novecientos veintitrés.

[Dr.] J[osé]. A[ntonio]. Rodríguez,

Presidente.

[Dr.] J[oaquín]. C[ésar]. Bustillo,

1er. S[ecreta]rio.

[Dr.] Pedro Chavarría,

2º. S[ecreta]rio.

Palacio Nacional: San Salvador, 16 de mayo de 1923.

Cúmplase,

[Dr.] Alfonso Quiñónez M[olina].

El Subsecretario de Fomento,

[Ing.] Marcos A. Letona.