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Crónica
Ilustración: Luis Galdámez
Señalan deterioro del derecho de acceso a la información pública en El Salvador
Angie Medina*
Octubre 18, 2024
Una delegación internacional conformada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ (por sus siglas en inglés) llevó a cabo una visita a El Salvador entre el 9 y el 11 de septiembre, con el objetivo de evaluar las condiciones actuales de la libertad de prensa y de expresión.
La misión, integrada por la coordinadora del programa de América Latina del CPJ, Cristina Zahar y el presidente de la SIP, Roberto Rock, se reunió con representantes de la academia, periodistas y otras asociaciones de derechos humanos para conocer de cerca la situación por la que atraviesa el país en relación a la libertad de prensa, entre otros aspectos.
Roberto Rock aseguró que «los periodistas y el periodismo somos una herramienta de la gente para tener noticias de calidad, verificar información jerarquizada, estimular el debate de los problemas del país, buscar consensos y para vigilar a los funcionarios electos. Ese es el poder del ciudadano que utiliza a los periodistas como una herramienta».
A través de un comunicado divulgado el pasado 9 de septiembre en el sitio web de la SIP reiteran que «tanto la SIP como el CPJ han manifestado preocupación por el deterioro de la libertad de prensa en El Salvador, con informes que documentan un clima general de intimidación a periodistas y medios críticos del gobierno, estigmatización recurrente, acoso judicial, vigilancia de las comunicaciones y bloqueo constante de acceso a la información pública» (https://www.sipiapa.org/notas/1216656-mision-internacional-la-sip-y-el-cpj-visita-el-salvador-esta-semana).
El presidente de la SIP señaló que el Instituto de Acceso a la Información Pública de El Salvador es un órgano totalmente desmantelado. «Todo tipo de información pública es una de las herramientas más poderosas para activar la participación ciudadana o para inhibirla, y vemos en El Salvador un desmantelamiento de este principio básico en una democracia».
«Normalmente las informaciones reservadas son las de alta sensibilidad de seguridad nacional (…)». Roberto Rock, SIP.
Roberto Rock explicó que la transparencia no es solo para los periodistas, sino para el ciudadano que quiere saber quién está haciendo obras y por cuánto dinero, o el nivel de capacidad de las escuelas públicas o qué está haciendo el Gobierno en materia de salud o cuál es su plan económico, y asegura que toda esa información está vetada para los ciudadanos.
«Normalmente las informaciones reservadas son las de alta sensibilidad de seguridad nacional, pero, los sueldos de los funcionarios, los planes de desarrollo, los proyectos económicos, la capacidad ya instalada en materia educativa o de salud, lo que se hace con el dinero público, debería ser público», señala Rock.
El presidente de la SIP también se refirió al régimen de excepción en el que se encuentra el país desde el 27 de marzo de 2022. «Pensamos que este régimen de excepción es una proeza en materia de seguridad que hay que reconocerle al Gobierno de Bukele y a toda la sociedad de El Salvador. Pero, pensamos que este régimen ha venido acompañado por un deterioro en el ejercicio de libertades en el país», sostuvo Rock.
Organizaciones señalan deterioro
La Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) fue aprobada el 2 de diciembre de 2010 y publicada el 8 de abril de 2011. El objeto principal de esta norma es «garantizar el derecho de acceso de toda persona a la información pública, a fin de contribuir con la transparencia de las actuaciones de las instituciones del Estado» (https://www.fiscalia.gob.sv/wp-content/uploads/portal-transparencia/Ley-de-Acceso-a-la-Informacion-Publica.pdf) .
El informe «Pienso dos veces antes de que aparezca mi nombre», del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA) y de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) señala que el acceso a la información pública en El Salvador sufre un «retrocesos grave en materia de libertad de expresión, particularmente en la difusión de información y opinión». (https://drive.google.com/file/d/1zK7I0-bMIXu_wDYcWTEMOeoaLeWgk2B_/view).
En ese mismo informe, se destaca que el Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA (OUDH) señaló que «a partir de estudios previos del OUDH (2022; 2021), se ha evidenciado un mayor nivel de dificultad para obtener información en general, así como limitaciones en este sentido a las organizaciones de la sociedad civil, el ataque a medios de comunicación y el cierre de espacios».
De acuerdo al IDHUCA, el derecho de acceso a la información pública (DAIP) y las instituciones que lo sostienen desde el Gobierno del período 2019-2024 «han ido perdiendo, de forma progresiva y acelerada, el desarrollo y alcance que se habían logrado con la intervención de la sociedad civil y la independencia, en períodos anteriores, de los titulares a cargo».
La transparencia es importante porque nos permite (…) evidenciar cuando existen otros derechos que están siendo vulnerados.
Ruth López, Cristosal.
«Este retroceso del DAIP ha sido documentado en anteriores informes del OUDH (2022; 2021), que destacan la precariedad de la información oficiosa, el aumento de la información catalogada como reservada y la negativa constante a rendir cuentas de parte de los funcionarios gubernamentales», explica el informe (https://drive.google.com/file/d/1zK7I0-bMIXu_wDYcWTEMOeoaLeWgk2B_/view).
Además, el IDHUCA señala en dicho documento un evidente deterioro en el ejercicio y garantía del derecho al acceso a la información pública. «Existe un alto porcentaje de incumplimiento institucional de las obligaciones de transparencia y se advierte cómo existe una obstaculización articulada del derecho de acceso a la información, incluyendo a la propia institución responsable de garantizarlo —el IAIP—, que tiene obligaciones legales de generar informes, como el establecido en el artículo 60 de la LAIP».
El artículo 60 de la LAIP señala que «El Instituto rendirá anualmente un informe público a la Asamblea Legislativa sobre el acceso a la información, con base en los datos que le rindan las dependencias y entidades, que incluirá el número de solicitudes de acceso a la información presentadas ante cada ente obligado así como su resultado, con indicación de las solicitudes otorgadas y rechazadas y los motivos del rechazo; su tiempo de respuesta; el número y resultado de los asuntos atendidos por el Instituto; y las dificultades observadas en el cumplimiento de la ley».
Según el IDHUCA, a pesar de que todas las instituciones cumplen con publicar la información sobre sus Unidades de Acceso a la Información Pública, al solicitar detalles específicos como presupuesto, plazas y salarios desagregados por sexo, las respuestas fueron insatisfactorias.
Para la abogada Ruth Eleonora López, jefa jurídica de anticorrupción y justicia de Cristosal, hablar de transparencia es «hablar esencialmente de lo que cada una de las personas requiere y de los derechos que además son afectados por la falta de transparencia. La transparencia es importante porque nos permite fiscalizar, ejercer derechos, pero también luchar y evidenciar cuando existen otros derechos que están siendo vulnerados y no están siendo cubiertos por la administración pública y eso va desde un caso de nepotismo hasta un caso de clientelismo que podríamos hablar en el caso de la construcción del CECOT, ¿por qué no se conoce esa información si es tan esencial?», cuestiona López.
El informe de la APES señala que entre las agresiones reportadas están el constante acoso, el espionaje, el bloqueo a coberturas de prensa y los ataques contra mujeres periodistas.
La experta en temas jurídicos destaca que el gobierno tiene una deuda con la falta de transparencia, así como las instituciones que se han comportado de una manera opaca. «Es casi una política estatal en El Salvador la opacidad y este es un tema importante porque si no hay transparencia pues definitivamente hay puertas y ventanas abiertas para la corrupción, porque la transparencia viene a ser una vacuna, tiene un carácter preventivo y en la medida que además hay transparencia, la ciudadanía puede ejercer un control, eso es parte de nuestros derechos».
López asegura que desde Cristosal han agotado recursos para obtener información pública y, sin embargo, no la han obtenido. «No conocemos cómo se están gastando los recursos que debieran ser utilizados para todos y todas».
Vulneraciones a la prensa
En mayo de 2024, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) presentó su informe Libertad de Prensa en El Salvador 2023, en el que revelan el «grave deterioro» de la libertad de prensa en el país en ese año, tras reflejar un aumento en los casos de agresiones contra periodistas.
De enero a diciembre de 2023, el Centro de Monitoreo de Agresiones de la APES registró un total de 311 agresiones (124 más que en 2022), de las cuales 109 corresponden a periodistas hombres, 96 a periodistas mujeres, 67 a medios de comunicación; 27 hacia la APES, nueve a colectivos y tres a población LGTBIQ+. (https://apes.org.sv/wp-content/uploads/2024/08/Informe-LE-2023-DIGITAL_compressed.pdf).
El informe también señala que entre las agresiones reportadas están el constante acoso, el espionaje, el bloqueo a coberturas de prensa y los ataques contra mujeres periodistas, a lo que se añade «la destrucción del acceso a la información pública y la vigencia de diferentes leyes diseñadas para criminalizar los derechos de las libertades de expresión y de prensa».
En cuanto al régimen de excepción que está vigente desde el 27 de marzo de 2022, la APES afirma que, en 2023, los periodistas denunciaron 40 agresiones relacionadas con el ejercicio del periodismo y el régimen de excepción, mientras que en 2022 se registraron 43 agresiones. (https://apes.org.sv/wp-content/uploads/2024/08/Informe-LE-2023-DIGITAL_compressed.pdf)
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó en septiembre de 2024 su informe Estado de excepción y derechos humanos en El Salvador, en el que la CIDH reconoce la reducción de la violencia tras la ola de asesinatos que ocurrieron en el país el 24 y 27 de marzo de 2022, lo que llevaría al Gobierno del presidente Bukele a decretar estado de excepción para combatir la criminalidad generada por grupos delincuenciales. (https://www.oas.org/es/cidh/ informes/pdfs/2024/Informe_EstadoExcepcionDDHH_ElSalvador.pdf).
En su informe, la SIP dijo que comprobó que
«el Gobierno salvadoreño restringe severamente el acceso a la información pública…».
«En el informe se detallan los elementos del estado de excepción de conformidad con los estándares interamericanos, resaltando que es una medida excepcional que debe ser necesaria, razonable y proporcional al contexto de emergencia, advirtiendo que las garantías judiciales indispensables no pueden ser suspendidas en ninguna circunstancia y que la aplicación del estado de Excepción debe ser estrictamente limitado al tiempo que dure la situación de la emergencia», señala la CIDH en el informe.
Tras la aprobación del régimen de excepción, se suspendieron las garantías del derecho de asociación y se permite a las autoridades intervenir correspondencia y celulares de personas que son consideradas sospechosas de pertenecer a grupos delictivos.
En la sesión plenaria del 3 de octubre de 2024, la Asamblea Legislativa aprobó con 57 votos la prórroga número 31 del régimen de excepción. De acuerdo con cifras oficiales del Gabinete de Seguridad, más de 82 mil personas vinculadas a pandillas han sido capturadas y se contabilizan 604 días sin homicidios desde su implementación el 27 de marzo de 2022.
La CIDH emitió un comunicado en el que llama al Estado salvadoreño a «restablecer los derechos suspendidos y a adoptar medidas para abordar las causas de la criminalidad, así como su prevención, control y respuesta desde una perspectiva integral e interseccional» (oas.org/es/cidh/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2024/207.asp).
En el mismo comunicado, la Comisión y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión señalan que se analizaron las restricciones al derecho de acceso a la información a partir de obstáculos diversos como «el presunto aumento de reservas de información pública por las instituciones del Estado; la ausencia de información disponible, periódica y desagregada; y la negativa de acceso frente a las solicitudes de información. Asimismo, se presentan desafíos para la cobertura periodística y defensa de los derechos humanos».
La misión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) que visitó El Salvador del 9 al 11 de septiembre, emitió un comunicado oficial para informar sobre los resultados obtenidos durante su estancia en el país. La SIP dijo que comprobó que «el Gobierno salvadoreño restringe severamente el acceso a la información pública y ha debilitado el instituto gubernamental encargado de garantizar ese derecho ciudadano. De tal modo, se ve limitada la transparencia sobre temas críticos como la situación de cárceles y las estadísticas de criminalidad en el contexto del estado de excepción. Periodistas y organizaciones de la sociedad civil coincidieron en resaltar una enorme opacidad, ocultamiento de información y ausencia total de acceso a fuentes oficiales» (https://www.sipiapa.org/notas/1216663-la-sip-y-el-cpj-alertan-agravamiento-la-libertad-prensa-el-salvador).
La comitiva sostuvo encuentros con periodistas, representantes de medios de comunicación, academia, organizaciones sin fines de lucro e integrantes del cuerpo diplomático. La SIP señala que desde la implementación del estado de emergencia «se limitan garantías constitucionales fundamentales, incluyendo la confidencialidad de la correspondencia privada, y se habilitan detenciones sin orden judicial, lo que crea un clima de intimidación y autocensura entre quienes ejercen el periodismo».
* Periodista
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