Lo que está ocurriendo en la actualidad con el tema migratorio en México retrata en buena forma al gobierno en turno y su actuación en los diversos ámbitos de una realidad muy compleja, que no surgió de la noche a la mañana. Puede decirse que muchos retos de nuestros días fueron heredados del pasado en buena parte. Sin embargo, no puede negarse que en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha carecido de las herramientas y la visión para afrontar diversos desafíos.

Pongamos nuestra atención en los flujos migratorios, en los grupos de personas extranjeras que atraviesan México para llegar a la frontera sur de Estados Unidos de América (EUA) con la esperanza de encontrar mejores oportunidades de vida para sus familias. En su mayoría, estas personas huyen de la violencia y de la inseguridad que afecta a sus países de origen, de la falta de empleo o de las políticas implementadas por gobiernos autoritarios. En su paso por territorio mexicano, muchas de estas personas se enfrentan con una política basada fundamentalmente en la contención migratoria.

La estrategia ha sido la misma por años, por décadas, como han documentado especialistas en el tema (1). ¿En qué consiste la contención migratoria? Se trata básicamente de impedir a las personas extranjeras su libre tránsito por el territorio de México en el caso de que no hayan acudido a los procedimientos oficiales para su internamiento. En los hechos, esto ha significado, durante la administración del presidente López Obrador, el uso de cuerpos policiales y militares, desplegados en grandes números tanto en las fronteras (sur y norte) como en el interior del territorio (una larguísima “frontera vertical”). 

La militarización se ha convertido en un pilar de la política migratoria durante este gobierno. Esta es la primera característica que retrata al Ejecutivo actual y su decisión de resolver diversos problemas con el uso de fuerzas militares. En cuanto a la contención migratoria, el informe “Bajo la bota” de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) concluye que la intervención militar aumentó de la siguiente forma: en 2019 había 8,715 miembros de las Fuerzas Armadas en tareas migratorias en las fronteras norte y sur, mientras en 2022 la cifra se triplicó y llegó a más de 28,500. 

La misma fórmula está aplicando el presidente López Obrador para enfrentar la inseguridad y la violencia del crimen organizado (2). Con decretos ejecutivos y otras medidas, se ha extendido la presencia del Ejército y de la Marina en las calles, permitiendo que lleven a cabo tareas de seguridad interna.