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Régimen de excepción: el mes que se convirtió en un año de incertidumbre

Texto y multimedia: Daniela Rodríguez

Abril 7, 2023

El pasado 27 de marzo se cumplió un año desde que el Gobierno de Nayib Bukele impuso el régimen de excepción, una decisión que sin duda cambió la realidad de la población salvadoreña. Durante estos meses, el Gobierno de El Salvador ha utilizado a las Fuerzas Armadas para combatir la violencia y las pandillas desde la represión, la criminalización y la estigmatización de la población. Alarma que el Estado adopte, promueva y normalice el uso de la fuerza, la violación de los derechos humanos y el abuso de poder como forma de gobernar.  

En el marco de esta medida se han capturado más de 66,000 personas, en su mayoría jóvenes de escasos recursos, habitantes de zonas marginales y del área rural de El Salvador. Detenciones en su mayor parte arbitrarias y llenas de estigma.

El 28 de marzo del presente año, cientos de familiares de víctimas del régimen provenientes de distintas partes del país, salieron a las calles de San Salvador para exigir al Estado justicia y libertad para sus familiares. Marcharon hasta las instalaciones de la Asamblea Legislativa, mismo lugar donde se ha aprobado el régimen de excepción y sus prórrogas por un año consecutivo.

Dentro de las cárceles se ha llegado a deshumanizar a los reos, se les ha hecho víctimas de tortura y atropellamientos a derechos humanos tales como: negligencia médica, reducción de la alimentación, falta de acceso a agua potable y servicios sanitarios, violencia física, negación del derecho a una defensa legal, así como tampoco se les ha permitido recibir visitas de sus familias, por lo que estas últimas no han podido constatar las condiciones de salud y bienestar en que se encuentran los detenidos. El mandatario Nayib Bukele se jacta y enorgullece de muchos de estos abusos cuando se dirige a la población.

Hasta el 26 de marzo de 2023, según Zaira Navas, jefa jurídica de Cristosal, hay más de 132 fallecidos dentro de los centros penales. En la mayoría de los casos, las familias de las víctimas no han sido informadas y mucho menos se les han brindado detalles de la causa de muerte de su familiar, lo que da espacio a especular que podrían ser más las personas que han perdido la vida en estas circunstancias.

Y todo esto, ¿resuelve el problema de raíz? Es un hecho que la violencia y los homicidios han disminuido, pero no podemos negar e ignorar que ha sido a través del atropellamiento de los derechos humanos, así como es inaceptable que exista un margen de error en el sistema, que ha dado lugar a que hayan sido capturados y violentados miles de inocentes, en especial jóvenes. De igual forma, es inaceptable que el mandatario Nayib Bukele vea como única vía para combatir el problema de las pandillas violentar a miles de personas inocentes, estigmatizar y recriminar a los sectores más vulnerables y afectados por los problemas sociales desde siempre.

Es simplemente inaceptable un gobierno que celebra el atropellamiento de los derechos humanos.

En torno al primer año del régimen de excepción, que fue decretado por 30 días y prorrogado cada mes por treinta días más, no se vislumbra hasta cuándo continuará la suspención de garantías constitucionales, por lo que hay mucho disgusto de parte de la población salvadoreña vulnerada y afectada.

El 28 de marzo, los familiares participantes de la protesta mencionada, expresaban su incertidumbre, pedían respuestas a los diputados y al presidente, recalcaban las injusticias y torturas que sus familiares están viviendo dentro de los centros penales y hacían saber el enorme rechazo al Gobierno en el poder.

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