Anaya Sanabria nació en San Salvador en 1954, pero creció con su madre y hermanos en la  ciudad de Chalchuapa donde combinó sus estudios con trabajos ocasionales sea sembrando maíz y  cortando café. Obtuvo su título de bachiller con honores y fue becado para estudiar Licenciatura en Ciencias Jurídicas en la Universidad de El Salvador (UES). 

En el Alma Mater se incorporó al Frente Universitario de Estudiantes Revolucionarios Salvador Allende (FUERSA) y, posteriormente, se transformó en defensor de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. 

Como miembro de la Comisión de Derechos Humanos No Gubernamental (CDHES) Herbert no vaciló en defender a los presos políticos, investigó y documentó casos de asesinatos individuales y colectivos y desapariciones forzadas. 

Anaya Sanabria también documentó crímenes de lesa humanidad en zonas conflictivas como la masacre cometida en El Mozote, al nororiente de Morazán donde cientos de niños y ancianos fueron asesinados por miembros del batallón Atlacatl. 

Bajo el liderazgo de Anaya Sanabria la CDHES presentó las denuncias ante la la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En junio de 1986, fue secuestrado por agentes de la Policía de Hacienda y estuvo en cautiverio por dos semanas. 

Quien fue director de la Policía de Hacienda, Rinaldo Golcher, le advirtió que si seguía acusando al gobierno de cometer violaciones sistemáticas a los derechos humanos, su vida y la integridad de su familia corría peligro.

La mañana del 26 de octubre de 1987 fue asesinado afuera de su vivienda por tres sujetos encapuchados que aprovecharon que se disponía a llevar a sus hijos a la escuela. 

Un mes después del crimen de Herbert, Golcher fue nombrado viceministro de Seguridad. 

Las autoridades presentaron a un joven como autor material del crimen y como miembro del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), una de las cinco organizaciones que integró el FMLN. Luego, trascendió que el detenido aceptó la acusación porque fue interrogado bajo tortura.

El caso por el asesinato de Anaya fue reabierto en 2017, luego de que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley de Amnistía. 

La familia de Anaya Sanabria pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que las investigaciones fueran objetivas, y busquen entre los culpables a los altos mandos de la entonces Policía de Hacienda, para que el asesinato no quede impune. Sin embargo, las instancias correspondientes no ahondaron en el caso.