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Memoria
Familiares de jóvenes reclutados forzosamente por miembros paramilitares en San Vicente.
Movimientos sociales de los años setenta en El Salvador
Represión + «Reforma» = Guerra
Raquel Kanorroel*
Fotografías de archivo: Luis Galdámez
Agosto 9, 2023
«Ningún soldado está obligado a obedecer una orden
contra la Ley de Dios. Una ley inmoral nadie tiene que
cumplirla […]. Les suplico, les ruego, les ordeno en
nombre de Dios: ¡cese la represión!»
Monseñor Oscar A. Romero, homilía del 23 de marzo de 1980
Los años setentas en El Salvador fueron como un recipiente en el que comenzó a desbordarse toda una corriente de injusticias que inició en la Conquista, siguió en la Colonia, continuó en la época «Independentista» y se consolidó en el siglo XIX y la primera mitad del XX, hasta derramarse por completo en los ochenta.
Dicha década no fue social y políticamente intensa sólo en nuestro país, sino en casi todo el llamado Tercer Mundo (América Latina, África y Medio Oriente), y mucho se ha escrito y hablado al respecto. Pero en esta nota nos limitaremos a la experiencia setentera nacional: sondearemos la perspectiva y las vivencias de dos compatriotas que participaron activamente en los movimientos sociales de esos años llenos de represión y esperanza, miedo y valor, hostilidad y solidaridad.
Las conclusiones que de tales sondeos extraigamos de cara al pasado nos ayudarán a responder las interrogantes que hoy nos acechan de cara al futuro, siempre que tomemos en cuenta —claro está— que de entonces a ahora han transcurrido alrededor de 50 años, lo cual implica diferencias de forma sustanciales, aunque el fondo de la situación actual siga palpitando en esencia —y lamentablemente— la misma problemática.
En efecto: tal como expresara Edgardo Vladimir Molina, presidente del Comité de Reconstrucción y Desarrollo Económico Social de Comunidades de Suchitoto al conmemorar el asesinato de Monseñor Romero durante una actividad en abril del corriente, los del 70 y el 80 son sucesos «que no debemos olvidar bajo ninguna circunstancia, sino recordar los contextos en los que se dieron esas cosas tan trágicas que no estamos tan lejos de volver a repetir».
Con derecho y con FUERSA: Mirna Perla
Exmagistrada de la Sala de lo Civil y luchadora social desde sus años universitarios, cuando formó parte del Frente Unido de Estudiantes «Salvador Allende», FUERSA, la doctora Perla es abogada experta en las áreas penal, civil y laboral, además de conferencista internacional, y ha detentado múltiples cargos a lo largo de su carrera.
En julio de 2022, concedió una entrevista a Espacio Revista donde narra varios pormenores de la masacre del 30 de julio de 1975, perpetrada por el Ejército contra estudiantes universitarios que participaban en una marcha de la que ella formó parte. En dicha entrevista narró cómo, tras aventarse del paso a desnivel frente al ISSS (Instituto Salvadoreño del Seguro Social) en su huida, desmayarse, despertar y darse cuenta de que se había quebrado una pierna, creyó que hasta allí llegaba su existencia, por lo cual se dijo a sí misma: «¡Lástima que no me llevé a ningún cuilio por delante!»
Sin embargo, fue rescatada por dos compañeros de Universitarios Revolucionarios 19 de julio (UR-19) y llevada a un taller de mecánica cercano: allí la escondieron debajo de un furgón en reparación, donde se quedó uno de ellos a cuidarla. Poco después llegaron unos «cuilios» haciendo preguntas: nadie dijo nada ni a los soldados se les ocurrió mirar abajo del furgón.
Para Mirna Perla y para Marisol Galindo la masacre del 30 de julio fue un punto de inflexión.
«Al rato pasaron los camiones del Ejército, levantando heridos y cadáveres. Si me quedo allí tirada, desaparezco con ellos», recuerda Mirna con un estremecimiento, agregando que fue entonces que mucha gente se convenció de que «enfrentar al enemigo sólo con las manos era algo estúpido». En efecto, su compañero rescatador le dijo: «Ahora no nos queda más que hacernos guerrilleros».
Sin embargo, ella se mantuvo en la lucha desde el estrado jurídico, «trabajando siempre con FUERSA, asesorando sindicatos y comunidades por todo el país. Reprodujimos muchos libros para educar a la gente y cohesionar la organización campesina», manifiesta.
Sepelio de jóvenes asesinados por guardias nacionales en Ilopango.
La guerrera firmante de la paz: Marisol Galindo
Al igual que para Mirna Perla, la masacre del 30 de julio fue para Marisol Galindo —firmante por el FMLN de los Acuerdos de Paz en enero de 1992— un punto de inflexión: «Antes de esto, había participado en actividades como ir a una manifestación, repartir alguna literatura de denuncia de la represión y apoyar a trabajadores en huelga», explica.
Se organizó en noviembre de ese mismo año (1975), igual que miles de personas que fueron impactadas por dicha masacre, integrándose al Frente de Acción Popular Unificada (FAPU), donde formó parte de un colectivo que organizaba a los denominados «sectores medios»: estudiantes, profesionales, comunidades cristianas.
En 1977 sale del FAPU para integrarse al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), donde le asignan la labor de organizar las Ligas Populares 28 de febrero (LP-28). Como organizadora de esta agrupación, participa en el colectivo de coordinación de la zona Central y realiza esfuerzos conjuntos con otras organizaciones populares y también con los entonces partidos políticos de oposición —Unión Democrática Nacionalista (UDN), Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Movimiento Nacional Revolucionario (MNR)— que integraron la Unión Nacional Opositora (UNO), la cual desapareció después de las elecciones de 1977.
«Vivíamos continuamente experiencias impactantes, como cuando capturaban a alguien de nuestra organización o de otras y, sobre todo, cuando mataban gente en nuestras actividades», relata Marisol. Pero lo más impactante era que, aun con el enorme riesgo que significaba participar, cada vez más personas se integraban a la lucha, comprometiéndose más y más en ella.
«Es lo que llamábamos auge y ascenso de las condiciones subjetivas para la recolección. Y era tanto el ánimo popular y el aislamiento del régimen que, a pesar de la represión, la gente apoyaba a las organizaciones populares y a la guerrilla», manifiesta.
Para Mirna Perla, el conflicto desatado en los ochenta fue inevitable.
Como ejemplo de este apoyo, Marisol relata cuando, en cierta ocasión, participaba junto a otros(as) compañeros(as) en un mitin por Soyapango: «Eran mítines relámpago, pues llegábamos a una zona, agitábamos de 5 a 10 minutos en cada lugar y de ahí nos movíamos a otra», explica ella. De repente, alguien les alertó que andaban cerca los paramilitares de la entonces llamada «Defensa Civil»; pero resultó que no sólo ellos, sino también soldados se acercaban.
«En la guinda (huida), nos dispersamos (…) Yo llegué al Boulevard del Ejército, vi que venía un bus y me subí. Entonces les conté a los pasajeros que me venían siguiendo y que era de las LP-28», relata Marisol. La reacción de dichos pasajeros la impactó muchísimo, sintiéndose aún más comprometida con la lucha popular.
«No se preocupe, nosotros la vamos a cubrir», le dijeron algunos, mientras que una señora la invitó a sentarse junto a ella, dándole también un canasto y un trapo para que se lo amarrase en la cabeza y pareciera vendedora. «Y así salí de ahí, ya que, cuando se subieron los soldados al bus, nadie me denunció ni ellos sospecharon de mí. Cuando se bajaron, toda la gente aplaudió», recuerda la exmilitante, conmovida.
«Parches» para detener una marejada
«El movimiento revolucionario salvadoreño —ese gran movimiento de masas— venía por una acumulación de años», expresa Mirna Perla, para quien está claro que el conflicto desatado en los ochentas «ya estaba montado». Es decir, fue inevitable: no hubo en los setentas ninguna oportunidad de detenerlo. Y, si la hubo, fue totalmente desaprovechada.
Por su parte, Marisol Galindo indica que «el movimiento revolucionario de los 70 (…) impulsaba una estrategia político-militar cuyo objeto era la toma del poder», lo que, a su vez, tenía como objetivo «acabar con el dominio de la oligarquía y su órgano de defensa, conformado por el Ejército y los cuerpos represivos», quienes «mantenían controlado» al pueblo, impidiéndole a éste el logro de sus reivindicaciones.
El ejemplo de la victoriosa Revolución Sandinista en Nicaragua, con el derrocamiento de Somoza en julio de 1979, llegó a ser «el modelo, el anhelo y la convicción que se podía realizar ese cambio», agrega Galindo.
No obstante, cuatro años antes del triunfo sandinista, el presidente Arturo Armando Molina (1972 – 1977) «trató de impedir el desarrollo de la fuerza motriz de la revolución —como la insurgencia llamaba entonces al campesinado— con su “transformación agraria”, pero la oligarquía ni siquiera le permitió eso (…) y casi se lo vuelan al mismo Molina», recuerda Mirna, refiriéndose a la creación del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), en 1975.
Niño participa en una protesta frente a Catedral Metropolitana, escenario de muchas acciones de resistencia durante el conflicto.
Era claro entonces que «la oligarquía estaba totalmente en contra de ceder. Si hubiera querido hacer las cosas bien, habría procedido a subir el salario mínimo, a entregar las tierras», acota la exmagistrada, refiriéndose aquí a las tierras ociosas en manos privadas durante aquellos años.
No obstante, en ese entonces la oligarquía local estaba dividida entre recalcitrantes conservadores y pragmáticos progresistas, estos últimos en consonancia con las intentonas reformistas de Molina, de modo que podría pensarse que la medida contrainsurgente que éste intentó tomar fracasó a causa del sector oligárquico pétreo; «pero había ya de parte del pueblo una toma de conciencia», asevera Perla.
Esto es, con o sin esa «transformación agraria», el enfrentamiento social igual hubiese seguido adelante, pues las medidas gubernamentales intentadas entonces «sólo eran parches», agrega ella.
La propuesta de reforma agraria del doctor Fabio Castillo tomaba en cuenta cinco aspectos: entrega de tierras, asesoría técnica, créditos, administración y comercio justo.
Una auténtica esperanza vs una «alianza» contrainsurgente (e inútil)
«Para detener de verdad el conflicto, se requería de un esfuerzo real y profundo, de una reforma agraria científica», enfatiza Perla, y agrega que el exrector de la Universidad Nacional, Dr. Fabio Castillo (1963-67), cuando fue candidato a la presidencia por el Partido Acción Renovadora (PAR) en 1967, presentó como plan de gobierno —entre otros puntos— una propuesta de reforma agraria científica, precisamente, «tomando en cuenta aspectos como: entrega de tierras, asesoría técnica, créditos, administración y comercio justo. Se necesitaba de todo eso para desarrollar el agro (…)».
En efecto: con el ilustre académico como su candidato, el PAR, «en alianza con el Partido Comunista presentó al país una campaña educativa sobre cinco grandes problemas y cinco grandes soluciones», según menciona el sitio de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática de la UES.
Pero los oligarcas no estuvieron dispuestos ni en los setentas ni en los sesentas ni nunca antes a dar un paso atrás en sus pretensiones de continuar con lo de siempre. O, como ya mencionamos, un sector de la «clase alta» estaba dispuesto a colocar sólo parches y otro sector ni siquiera eso.
Tal sector «parchista» era asesorado e impulsado por los Estados Unidos, específicamente por la Alianza para el Progreso. Según refiere Memoria Chilena (Biblioteca Nacional de Chile), esta alianza era «un programa de ayuda económica y social para la región» que John F. Kennedy propuso en 1961 a fin de «evitar que el resto de América Latina siguiera el ejemplo de la revolución cubana».
Además, enfatiza la doctora Perla, los plutócratas «progresistas» en realidad «estaban buscando alternativas para ellos, no para el pueblo (…); pues veníamos del quiebre del Mercado Común Centroamericano —que impidió a la oligarquía salvadoreña (…) desarrollar su incipiente industria— además de la guerra con Honduras: alternativa para el pueblo hubiese sido realizar una verdadera reforma agraria, como la propuesta por el Dr. Castillo», reitera la abogada.
«Pero les prohibieron a todos los medios de comunicación —o de desinformación— que reprodujeran la propaganda de Fabio Castillo. Entonces él tuvo que hacer su campaña de boca en boca, llegando de pueblo en pueblo y con el apoyo del pueblo. Y, ¿qué pasó? Puede ser que él haya ganado, pero a su partido lo cancelaron por 25 años. No sé cuál fue la fundamentación jurídica para cancelarlo… ¡Ah bueno!: tuvo que ser porque era “anárquico y contrario a la democracia”», ironiza ella.
En resumen, los grupos económicos dominantes en El Salvador no aceptaban ninguna auténtica propuesta de cambio «para calmar las aguas y desmontar esa furia y esa fuerza del pueblo, que ya venía tomando conciencia», manifiesta Mirna. Al contrario: se intentó otra medida contrainsurgente.
El golpe de Estado de octubre de 1979 se asentaba en una alianza entre los militares, el PDC, la oligarquía reformista y el apoyo de Estados Unidos.
Una auténtica alianza vs. un sospechoso golpe
Las organizaciones revolucionarias propusieron a finales de la década del 70 un programa de gobierno en aras de hallar solución a la problemática socio económica que mantenía a las mayorías subyugadas, pues «toda la lucha que se había impulsado hasta el momento ya había cobrado una alta cuota de sangre aportada por el pueblo organizado», señala Galindo.
En efecto: en septiembre de 1979, se realizó una alianza de organizaciones populares y partidos de oposición nombrada Foro Popular, integrado por el FAPU, las LP-28, la ex UNO y otras organizaciones de la sociedad civil (sindicatos, profesionales y agrupaciones campesinas).
Dicho Foro «construyó un pliego de medidas llamado Plataforma Común, ya que era un consenso político resultado del diálogo entre todos los sectores que participaron en él», continúa Marisol.
Pero, a sólo tres meses de la Revolución Sandinista y a pocas semanas de instaurarse el Foro Popular, el 15 de octubre de 1979, acontece el golpe de Estado contra el entonces mandatario Carlos Humberto Romero (1977 – 1979), «lo cual hace aparecer como muy dudosa la solución que los golpistas ofrecían», acota la excombatiente.
Dicho golpe, asevera Perla, «se da por una alianza entre los militares y el PDC, y fue apoyado por EEUU», ya que la nación del Norte temía que aquí se repitiera lo de Nicaragua, por lo que Mirna considera el mencionado golpe «una coartada y un parapeto de los “gringos”».
Las ventas ambulantes comenzaron a pulular en las calles de la capital a raíz de los desplazamientos suscitados tras iniciar el conflicto.
O, como afirma Galindo, «el golpe de Estado fue una maniobra para tratar de desmontar el ascenso del movimiento revolucionario y evitar que triunfara otra revolución en Centro América: la “teoría del dominó” le llamaron los “gringos” a este enfoque», manifiesta ella.
Es decir, en el Foro Popular hubo actores —como el ya mencionado PDC— que mantuvieron relaciones políticas con los organizadores del golpe —esto es, con la Juventud Militar, sectores de la oligarquía y personeros de la embajada de EEUU—, «quienes toman la Plataforma Común para que sea la base del programa que después se propone en la Proclama de la Fuerza Armada», acota Marisol, refiriéndose al manifiesto escrito publicado por los militares tras el derrocamiento de Romero.
De modo que el golpe dividió en ese momento a las fuerzas de izquierda, pues dos organizaciones, la Resistencia Nacional (RN) y el Partido Comunista Salvadoreño (PCS), así como los partidos de oposición que antes conformaron la UNO, lo apoyaron.
Por tanto, los representantes del status quo casi lograron que la maniobra les diera resultado y dar con una salida que no fuera la guerra civil. «Pero no era una real salida —enfatiza Galindo—, una que beneficiaría a los intereses de las mayorías: a quien beneficiaba era a la Fuerza Armada, la que seguiría siendo el guardián de los intereses de la oligarquía, y a los “gringos”, que tendrían éxito evitando que sucediera la “teoría del dominó”. Y, por supuesto, el gran ganador de la maniobra sería la oligarquía, que mantendría la mayoría de sus privilegios».
Marisol Galindo recuerda que, al siguiente día del golpe, quedó claro que el Ejército seguía teniendo como única vía para tratar con el pueblo organizado la represión.
La fallida intentona reformista
Con todo lo acontecido hasta el momento, «esto estaba que era un hervidero. Entonces arman todo ese show (…) de las primeras tomas de tierras, donde amanece la Fuerza Armada tomándose las fincas El Espino, Colima y otro montón más», continúa relatando Perla.
En efecto, la Reforma Agraria —programa de la recién instalada Junta Revolucionaria de Gobierno «para quitarle las banderas a la izquierda», según subraya la ex Magistrada— se hace luego del golpe contra Romero, quien fuera Ministro de Defensa de Molina y quien «entró como coronel y salió como general. Llegó a la presidencia por un fraude aún más evidente que el del 72: no daba más la cobija para mantener ese gobierno, falto de legitimidad y caído en gran descrédito», afirma ella.
Pero, ante este show golpista, «el movimiento revolucionario no se queda callado y se dedica a desenmascararlo, diciéndole al pueblo que era una maniobra del imperialismo yanqui. En la UES todos estábamos movilizados en apoyo de este movimiento para desenmascarar el golpe», recuerda Perla.
En efecto, Galindo refiere que, tras la salida de Romero, dos organizaciones —el ERP y las Fuerzas Populares de Liberación (FPL)— se dedican a testear la autenticidad del espíritu democrático y reformador propuesto en la Proclama de la Fuerza Armada. El ERP impulsa entonces tomas de pueblos en la periferia de San Salvador.
Y así, apenas al siguiente día del golpe, quedó claro que «el Ejército seguía teniendo como única vía para tratar con el pueblo organizado la represión, pues comete masacres en San Marcos y Mejicanos, lo cual desata un gran accionar popular a partir del 16 de octubre, hasta derrotar la maniobra. En esta jornada de lucha los protagonistas son el ERP, las FPL, las LP-28 y el Bloque Popular Revolucionario (BPR)», recuerda Marisol.
De modo que la política aplicada por la pretendida Junta «Revolucionaria» fue la de «zanahoria y garrote», afirma Perla: «A la par de la reforma iba la represión, pues descabezaron cooperativas y sindicatos. Y a los obreros que, por ejemplo, se tomaban las fábricas sobre el Boulevard del Ejército, los mataban o desaparecían».
En síntesis, la derrota de la maniobra del golpe de Estado —señala Galindo— «se concretó a partir del abandono que hicieron de sus puestos en la Junta de Gobierno muchos funcionarios provenientes de la izquierda y del sector democrático (como el doctor Guillermo Manuel Ungo) que habían apoyado el golpe y aceptado cargos en el gobierno de facto».
Jóvenes de Suchitoto se tomaron simbólicamente la Hacienda Colima, como estrategia para desenmascarar la maniobra del nuevo gobierno de quitarle las banderas a la izquierda.
Dos Romeros + un golpe inútil + una reforma hipócrita + varias masacres + un martirio = GUERRA
Un contundente ejemplo de la hipocresía de la Reforma Agraria fue lo ocurrido en la Hacienda Colima el 17 de marzo de 1980. Jóvenes de Suchitoto —el municipio con la gente más avanzada, organizada y comprometida con las fuerzas revolucionarias, según refiere Perla— se toman simbólicamente dicha Hacienda, siguiendo con la estrategia de la insurgencia de desenmascarar la maniobra del nuevo gobierno de quitarle las banderas a la izquierda.
La lógica aplicada fue que, si en realidad era en beneficio de los campesinos que se realizaba dicha reforma, entonces no habría objeción alguna por parte de las nuevas autoridades ante tal toma llevada a cabo por trabajadores, los cuales en su mayoría eran milicianos de la RN.
Pero la respuesta de la Junta «Revolucionaria» fue totalmente autocontradictoria: ese mismo día les envió a la Policía de Hacienda y a la Guardia Nacional, cuerpos que llegaron «saludando» a los jóvenes con ráfagas de balas y que luego cometieron actos de barbarie.
Siete días después de tal masacre, el 24 de marzo, «otro Romero» cayó a causa de «otro golpe»: el de la bala que atravesó su pecho mientras oficiaba misa en la capilla del Hospital Divina Providencia. A la vez que su cuerpo se derrumbaba, se derrumbaban también cualesquiera esperanzas que entonces hubiesen de detener el conflicto armado en El Salvador.
En efecto: si tras la destitución del presidente Romero se hizo el último vano intento contrainsurgente, tras el asesinato de Monseñor Romero la insurgencia lanzó su «ofensiva final» en enero de 1981.
* Escritora, periodista, pintora y dibujante. Autora del libro Raíces sumergidas, alas desplegadas (2014). Mención honorífica en el III Concurso Internacional de Microrrelatos Jorge Juan y Santacilia, con sede en Novelda, España (2016).
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