Ninguna ley faculta a un gobernante de EE. UU. a llevarse a su casa documentación oficial y menos a romperla y enviarla por un inodoro.

El cateo del FBI en el hogar del expresidente Trump en Florida nos recuerda los valores supremos de la democracia -alternancia en el poder, independencia de jueces y fiscales, separación de poderes- perdidos en El Salvador. Si Trump es encausado, gozará del debido proceso diluido por completo en El Salvador con el abuso del Régimen de Excepción establecido en la Constitución.

Este cateo -que parece en verdad una investigación del FBI en el máximo nivel de seguridad nacional- tiene un potencial político y simbólico clave en estos momentos. A propios y a los del resto del planeta, el allanamiento nos dice que:

    1.  Nadie está por encima de la ley, aunque algunos gobernantes de turno en Centroamérica (entre presidentes y diputados) así lo crean.

    2.  Que la democracia también pasa por la solidaridad del mundo civilizado ante los tiranos en todas las latitudes. El allanamiento dice mucho sobre las sospechas que el tirano ruso Vladimir Putin y sus esbirros a sueldo podrían haber incidido en elecciones pasadas dentro de EE. UU. En plena pandemia (agosto, 2020) el Comité de Inteligencia del Senado informó que Putin habría utilizado al operador político republicano Paul Manafort, el sitio Wikileaks, y a otros, para influir cuando menos en las elecciones de 2016 para ayudar a Trump quien en efecto ganó esa elección.

El primero en reaccionar al cateo fue el presidente Bukele por medio de un disparatado tweet: “¿Qué diría el gobierno de los EU si NUESTRA policía allanara la casa de uno de los principales posibles contendientes de NUESTRAS elecciones presidenciales de 2024?”.

Es comprensible que el cateo del FBI ponga nervioso al Sr. Bukele por al menos dos razones: el número imparable de más señalados y sancionados entre su círculo cercano bajo la Lista Engel y la Ley Magnitsky por corrupción y actos antidemocráticos; y que al ser encausado Trump se cae el esquema mental dibujado por algunos de sus leales en redes sociales -esquema sin asideros reales, por cierto- de que Bukele será candidato a la reelección y que de producirse algún alboroto internacional contarán con la reelección de Trump.

La bicentenaria prohibición a la reelección inmediata en El Salvador se articula con el desarrollo jurisprudencial sobre la no reelección, el más reciente la Opinión Consultiva 28/2021 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que estableció como premisa falsa el argumento del derecho humano a la reelección utilizado por manoseadas cortes constitucionales para darle luz verde a gobernantes de turno para perpetuarse en el poder (Bolivia, Honduras, etc.).

No es que anulado Trump sea anulado Bukele. Es que simplemente, tras la violación constitucional contenida en una teórica inscripción de Bukele para la reelección, la Carta Magna habilita al pueblo a la insurrección “para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en esta Constitución”.

El procesamiento de Trump es inevitable. La causa de conspiración para el asalto al Capitolio (enero, 2021) va tomando igualmente forma semana tras semana, evento que por igual nos recuerda la toma militar de la Asamblea Legislativa por el Sr. Bukele (febrero, 2020).

Definitivamente, Trump nos recuerda lo perdido en El Salvador.