El Salvador es el país donde nací, siempre he dicho que soy de alguna manera hija de la guerra, no soy hija de nadie, más que de Jenny y José David, pero es que soy hija de la guerra porque recuerdo desde mi casa que había toques de queda, que no se podía salir a jugar después de las seis, que a veces pasaban aviones y caían balas en el patio, recuerdo un día a mi tia Elsy preocupada porque se habían llevado a uno de mis primos al cuartel y que lo liberaron porque iba acreditado por una beca importante. Recuerdo también las noticias de la firma de los Acuerdos de Paz, y la alegría que en el lugar donde vivía, eso causó.

Lo demás fue historia, siempre me impactó mucho el tema de los Acuerdos de Paz, y siempre quise estar en “algo de derechos humanos”, y así fue que la vida me dio un giro infinito al conocer la historia del conflicto armado en el país que nací, al escuchar las historias testimoniales de cientos de personas en diversas áreas de El Salvador, sobre todo en San Vicente, Chalatenango, y Morazán.

Los casos que atendí y aprendí junto a otros grandes colegas -algunos ya fallecidos- eran las desapariciones de personas adultas, las de niñas y niños, las masacres de miles de personas. Recuerdo mucho a unas señoras que -mientras me mostraban el lugar- me relataron que mientras eran torturadas vieron que quemaron una choza con todos los niños y niñas adentro; me impactan los cientos de exhumaciones de víctimas que hicimos ante la Fiscalía y tribunales, de los hallazgos de esqueletos pequeños que venían acompañados con trompos de madera, recuerdo bien a los médicos forenses sensibilizados, a los funcionarios que no se hubieran imaginado -como yo-las evidencias de los terrores que encontramos.

Han pasado ya más de veinte años de ese giro que me permitió la oportunidad de buscar desaparecidos en diferentes contextos:  del conflicto armado, de los hechos de la masacre indígena en 1932 y en la migración y desplazamiento forzado. Si necesito hablar de estas historias, no es porque quiero que me conozcan, sino porque que hay miles como yo que no conocían ni conocen la historia de verdad, esa en la que todos y todas sumamos con nuestra intención para accionar, para armar estrategias y encontrar a las personas desaparecidas.

El impacto de escribir la historia, de saber lo ocurrido del paradero de los desaparecidos, repercute en las personas en la vida cotidiana, me atrevo a decir que el 85% de las personas que he atendido que son familias de personas desaparecidas, padecen diabetes e hipertensión, una respuesta del cuerpo ante la tristeza de la incertidumbre de no saber si se volverá a ver al ser querido.

Casi siempre somos las mujeres las que nos quedamos buscando, y no solo las familias de las víctimas, sino también en las organizaciones, en instituciones, es coincidente el hecho que somos más mujeres cada vez encontrando estrategias para accionar en conjunto la búsqueda y la investigación ante autoridades del Estado.

Según informe de Procuraduría para la Defensa de los Derechos humanos de El Salvador-en adelante PDDH- del 2 de septiembre de 2004: “la desaparición forzada de personas constituyó una práctica sistemática de violación a los derechos humanos en El Salvador, ejecutada y tolerada por el Estado, antes y durante el conflicto armado. De tal forma la desaparición sistemática de niños y niñas, posee como escenario un fenómeno aún mayor de desapariciones forzadas de personas que constituyó un patrón de la violencia política durante el conflicto armado (…).

Y es que la verdad es un derecho fundamental, que le pertenece a los miles de víctimas del conflicto armado, de todas las desapariciones y masacres, un derecho que también me pertenece, que le pertenece a quien en este momento lee, que es un derecho ganado sin importar el tiempo que haya transcurrido desde los hechos ocurridos “…ello porque el conocimiento de lo sucedido constituye un medio de reparación para las víctimas y sus familiares. En cuanto a la dimensión colectiva, la sociedad tiene el legítimo derecho a conocer la verdad respecto de hechos que hayan vulnerado gravemente los derechos fundamentales de las personas”.^[1]

El Derecho a Conocer la Verdad, que encuentra su estructura constitucional en los artículos 2 inc. 1 y 6 de la Constitución de la República. “Por un lado en virtud del derecho a la protección en la conservación y defensa de los derechos –art.2 inc. 1 de la CN.-, la verdad solo es posible si se garantiza, a través de investigaciones serias, exhaustivas, responsables, imparciales, integrales, sistemáticas y concluyentes por parte del Estado, el esclarecimiento de los hechos y la correspondiente sanción. (…). El derecho a conocer la verdad implica el libre acceso a información objetiva sobre hechos que hayan vulnerado los derechos fundamentales y a las circunstancias temporales, personales, materiales y territoriales que los rodearon y, por lo tanto, implica la posibilidad y la capacidad real de investigar, buscar y recibir información confiable que conduzca al esclarecimiento imparcial y completo de los hechos.”^[2]

Hoy es Dia Internacional para el Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y para la Dignidad de las Víctimas, día que fue nombrado así en honor al Santo de El Salvador, a Oscar Arnulfo Romero, por ello subrayo la necesidad urgente de las víctimas, de la sociedad en su conjunto, de las autoridades, para que en conjunto se escriba la historia desde el rompecabezas que ello implica,  desde escuchar los testimonios a mucha gente que no ha sido escuchada, de documentar los casos, de abrir investigaciones serias con debida diligencia, con humanidad y empatía, de constituirnos desde el lugar que estemos, como una herramienta para escribir los diversos trozos de la historia, para que la historia sea integral, para que abra a una verdadera paz social.

El liderazgo es una responsabilidad estatal, independientemente del gobierno de turno, cuando hablamos del “Estado” ello implica la vinculación de los poderes públicos, ya que los derechos fundamentales son la fuente de obligación para el Estado, ya lo enuncia la Sala de lo Constitucional:  “…los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos   y son la fuente de obligaciones para el Estado, principalmente en las tareas de prevención, promoción, protección y reparación de los daños ocasionados.”

El Derecho a la Verdad “…es el que asiste a las víctimas –en sentido amplio, es decir tanto a las víctimas directas como a sus familiares- de vulneraciones de los derechos fundamentales, como también a la sociedad en su conjunto, de conocer lo realmente ocurrido en tales situaciones. El Estado se encuentra obligado a realizar todas las tareas necesarias para contribuir a esclarecer lo sucedido a través de las herramientas necesarias que permitan llegar a la verdad de los hechos, sean judiciales o extrajudiciales.

El deber de investigar es una obligación de medios, no de resultados, es decir que no se trata de la cantidad sino de la calidad, calidad que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio, no como una simple formalidad condenada desde el primer momento a ser infructuosa o como una mera gestión de intereses individuales, deber que no depende de la iniciativa de las víctimas, de sus familiares o de la aportación de las víctimas de los elementos de prueba. Esta investigación debe ser realizada a través de todos los medios legales disponibles y orientarse a la determinación de escribir, descubrir toda la verdad de los hechos. Esto implica incluso redoblar esfuerzos al más alto nivel con todos los recursos del Estado. El paso del tiempo guarda una relación de proporción que puede limitar o facilitar y, en algunos casos puede representar la imposibilidad de obtener pruebas y/o testimonios.

Es posible darles respuesta a las familias, solo la Asociación Pro Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos durante el conflicto armado, organización no gubernamental que con pocos recursos y como un esfuerzo de familiares de niñas y niños desaparecidos, fue fundada en 1992, y a la fecha tiene más de 1,033 casos documentados, y de estos 465 casos resueltos y de esta cantidad un total de 287 reencuentros de personas con vida. Si esta organización ha podido tener estos resultados, es evidente que, con voluntad y estrategias concretas para la búsqueda, el Estado puede accionar.

La Graves Violaciones a Derechos Humanos no son el pasado, son siempre el presente porque no se ha encontrado a la persona desaparecida ya sea viva o fallecida, porque no se ha conocido qué sucedió con ese ser querido, porque no se supo por qué y quién le desapareció, así que es parte del presente escribir la historia, para no continuar en el futuro repitiendo hechos que profundizarían la realidad en el impacto individual y colectivo, de una sociedad que parece indiferente.

^[1] Sentencia de amparo con número de referencia 665-2010, del 5 de febrero de 2014.

^[2] ídem