Es muy difícil que en estos días no piense en el 15 de octubre del año de 1979. En nuestra Proclama de la Juventud Militar, en nuestros sueños e ilusiones, enmarcados en aquel programa revolucionario que trató de sacar a nuestro país del periodo oscuro de complicidades entre el poder económico salvadoreño, el Partido de Conciliación Nacional (PCN) y los Estados Unidos, que se producía en el contexto de las dictaduras militares en América Latina bajo la doctrina de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.

Recuerdo bien la utilización, en esos momentos históricos del peligroso concepto de “enemigo interno” de terribles consecuencias en cuanto a lo que supuso de represión contra un pueblo que ansiaba justicia y libertad. El mismo concepto que vuelve a aparecer hoy en nuestro país, mencionado por el presidente de la nación, Nayib Bukele, en la celebración del día del soldado el 7 de mayo del 2021 en el juramento a la bandera de los cadetes de primer año en la Escuela Militar: “AHORA EL ENEMIGO SERÁ INTERNO”, decía, abriendo una brecha interna de nefasto recuerdo.

Porque no podemos olvidar que, en la preparación militar, al enemigo hay que destruirlo y para eso se entrenan las unidades militares en un ejército. Lo repito más claro, ya lo dije el año pasado, al enemigo hay que matarlo, y si es interno se trata de nuestro mismo pueblo. Aclaro que no estoy hablando de las pandillas, para las que tampoco comparto esta solución, hablo de aquel concepto de “enemigo interno” que se instauró y que hoy parece recuperarse para señalar a todo aquel que piense distinto al poder establecido que hoy está en manos de Nuevas Ideas y, más claramente, en manos de su Presidente.

Una reflexión importante para los militares de toda graduación es que recuerden ese oscuro periodo del “anticomunismo” y sus consecuencias. Yo lo viví y no lo olvido. Lo conocí inicialmente en la Escuela Militar, como cadete. El anticomunismo era la justificación general, pero las acciones militares estaban dirigidas a todo opositor. Nos encontrábamos inmersos en el contexto global de la Guerra Fría impuesta por las grandes potencias, pero lo que sucedía en nuestro país no era amenaza comunista, era la violación de los más elementales derechos humanos y políticos, de parte del gobierno y de la Fuerza Armada bajo una supuesta “defensa de la Democracia”.

La Doctrina de Seguridad Nacional ejerció una influencia en la coyuntura política y de seguridad de los países latinoamericanos a través, por ejemplo, de entrenamientos militares y doctrinarios ofrecidos a jefes y oficiales de las Fuerza Armada de estos países en la Escuela de las Américas, institución administrada por el Departamento de Defensa de los EE. UU. Bajo ese paraguas, y con eso argumentos justificativos, nosotros, los militares junto al resto de cuerpos de Seguridad Nacional y paramilitares, cerramos todos los espacios políticos realizando fraudes electorales, capturando, torturando y desapareciendo miles de personas. 30.000 muertos y miles de torturados y desaparecidos, esto antes de iniciar la guerra, y ya dentro de ella el número alcanzó los 75.000 muertos. Esta guerra fue contra el enemigo interno, es decir de todo aquel que no estaba de acuerdo con las políticas del gobierno del PCN.

Repensando ese pasado aparece hoy una reflexión obligada: El combate al comunismo se realizó por la defensa de la libertad de las naciones de América Latina, entre ellas El Salvador, y la paz mundial o fue claramente por la propia seguridad nacional de los EE. UU. y sus intereses geopolíticos.

Con los Acuerdos de Paz, que pusieron fin al conflicto armado, se abrió un espacio para la democratización del país y sus instituciones que pensamos, en aquellos momentos, como un nuevo camino abierto, aun con límites, en el que serían imposibles los retrocesos.

Sin embargo, el 9 de febrero de 2020 en nuestro país se abrió un período muy oscuro que, sin lugar a dudas, es el inicio de la degradación de nuestro joven y difícil proceso democrático. En ese día, los militares y la PNC, con su Comandante General, irrumpieron en nuestra Asamblea Legislativa asestando un golpe mortal a uno de los pilares más importantes de la democracia: la separación de poderes. Esta vez no se logró el objetivo, pero quedaron claras las intenciones de lo que no podemos dejar de llamar por su nombre propio: un golpe de estado.

Ese día vimos como el Comandante General cumplía, decía él, un mandato del pueblo, en conexión directa con el mandato divino, pues, según él mismo dijo, había sido enviado y guiado por Dios, con quien había hablado directamente. Algo evidentemente muy fuera de la realidad.

Este hecho está fuera de cualquier acción democrática y demostró claramente la apertura de un período autocrático en el que se evidencia la intención de deteriorar la institucionalidad democrática con el asalto a los poderes del estado.

Ciertamente el Gobierno actual accedió al poder en el marco de las normas democráticas; ganó las elecciones presidenciales y legislativas, consiguiendo una amplia mayoría con 56 diputados. Pero su accionar, utilizando esa mayoría domesticada, está suponiendo un asalto continuado a la separación de poderes que socava los fundamentos democráticos de nuestras instituciones, imponiendo un sistema autocrático de poder.

Solo hay que recordar algunos datos para visualizar con claridad esa trayectoria autoritaria: de inmediato se arrebata el poder judicial destituyendo a los jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde uno de los nombrados era un ex asesor gubernamental. Asimismo se destituyó al fiscal general de la República, todo esto como si estuvieran despidiendo a empleados de su empresa particular fuera de toda legalidad y procedimientos existentes.

En esta coyuntura abierta, las preguntas a los militares y miembros de la Policía Nacional Civil son fundamentales: ¿están conscientes de lo que están apoyando?, ¿saben que sin ustedes esto no podría estarse realizando? El discurso del apoyo popular está dado por la ilusión que ha podido engendrar con las mentiras muy bien planificadas, pero que no son sostenibles en el tiempo. Son muchas, pero una de las principales es hacer creer que se está resolviendo el problema de las pandillas, elevando al extremo la política de “mano dura”, que ya usaron los gobiernos precedentes, con una “declaración de guerra”. Sin embargo, hoy aparece cada vez más evidente que la negociación con las pandillas, más exactamente con las cúpulas dirigentes de las pandillas que son claramente crimen organizado, ha sido, y continúa siendo, un elemento clave de la política del nuevo gobierno. Así, esa “declaración de guerra” aparece más como parte de la campaña electoral, manipulando oportunamente el hastío de la población ante la violencia.

Porque “declarar la guerra” ante un problema de la gravedad y magnitud de la violencia de las pandillas en nuestro país, no es una respuesta orientada a la resolución real del problema. El esfuerzo en ese sentido debería dirigirse hacia las causas que lo han producido y esto es un problema no solo militar ni policial, tiene una magnitud diferente. Las negociaciones con las pandillas pueden ser necesarias, pero también peligrosas, sobre todo cuando están dentro del marco de una guerra declarada. Este problema es tan grave para nuestro país que tiene una connotación bastante peligrosa.

Estar culpando a gobiernos anteriores tampoco es ético ni serio para un gobierno. Hay unas palabras que pueden ser oportunas, son de una mujer que ha ganado un puesto de honor como dirigente política, Angela Merkel, y tal vez aprendemos alguna cosa de ella: 

“Los presidentes no “heredan problemas”. Se supone que los conocen de antemano. Por eso se hacen elegir para gobernar con el propósito de corregir esos problemas, culpar a los predecesores es una salida fácil y mediocre”.

No sé qué dirán los militares en todas sus jerarquías, jefes, oficiales, clases y soldados, de lo que está sucediendo en el país, ya que según mi conocer todos ellos reciben estudios serios y profesionales sobre la Constitución y leyes de la República, sobre democracia y dictadura, sobre conceptos como autocracia, sobre derechos humanos, y estoy seguro que conocen bien su diferencia para valorar lo que está sucediendo.

Mantener la memoria viva es un mecanismo imprescindible para asegurar la no repetición de aquellos dolorosos hechos, y a la vez una luz clara para orientar nuestro camino presente y futuro.

Por ello es necesario recordar que en el pasado los llamados Cuerpos de Seguridad, estructuras que pertenecían a la Fuerza Armada, la Policía de Hacienda, la Guardia Nacional y la Policía Nacional, fueron cuerpos temidos por casi toda la ciudadanía, que violaban los derechos humanos y las leyes con una total impunidad avalada por el gobierno de turno.

Haber rescatado el cuerpo de policía para garantizar la seguridad pública, convertirla en una institución civil, fue un gran logro de los Acuerdos de Paz. Este aspecto fue uno de sus más grandes logros y uno de los temas más difíciles de negociar, pues no se podía aceptar que un partido tuviera un ejército armado a su disposición.

Hoy se está produciendo un gran retroceso al volver a militarizar y ponerla en manos y al servicio de un partido político. ¿Lo asumen así los militares y los miembros de la PNC o solamente son compromisos del ministro de Defensa y el director de la PNC y sus tandas o grupos de interés?

Construir nuestro presente y nuestro futuro en paz implica también asumir nuestras responsabilidades con la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. Las víctimas del conflicto necesitan ser tomadas en cuenta, no pueden ser marginadas desde el mismo poder de estado. Sin embargo, de nuevo, no parece ser este el camino tomado. Al contrario, desde el modelo de autarquía que se está construyendo, se vislumbra que la ley de Justicia Transicional no será discutida ni tan siquiera por los diputados. Se ha elaborado la ley con los dictados del poder y se dará la orden a la Comisiones de Justicia y Derechos Humanos de aprobarla.

Una Ley que, por lo que ha trascendido, incumple principios fundamentales: contiene compensaciones económicas que presentan una burla, que hiere profundamente la dignidad de las víctimas e incumple lo fundamental en lo referente a la justicia, la verdad, la reparación integral y sobre todo las garantías de no repetición y la memoria histórica; blindando la impunidad de la Fuerza Armada e impidiendo el acceso a sus archivos históricos. Blindar los archivos militares no solo impedirá el conocimiento de la verdad, sino que niega la justicia más elemental. ¿Dónde queda el artículo N.º 3 de nuestra Constitución que deja claro que todas las personas somos iguales ante la ley? Ningún sector puede gozar de privilegios. Los militares no pueden ser juez y parte y sería una burla para las víctimas que se dedicaran a decidir el qué hacer en cuanto a reparación.

Porque aun cuando hoy son distintos los miembros, la institución es la misma. Y obstaculizar el acceso a la verdad, es una forma de encubrir las violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que se cometieron, dejándolos impunes. No podemos olvidar que de acuerdo a la Comisión de la Verdad se estableció en su momento que aproximadamente el 85% de las graves violaciones a los Derechos Humanos fueron responsabilidad de la Fuerza Armada.

Sin la verdad no puede haber perdón, ni auténtica reparación. Sin justicia se desvanece la protección de los débiles. Y sin memoria estamos condenados a ser un pueblo que repita los mismos errores del pasado. Y este no puede ser nunca el camino que nos permita construir una sociedad en paz y sin violencia.