16 de enero de 2024: Justicia, paz y verdad en El Salvador

 «No habrá verdadera reconciliación de nuestro pueblo con Dios mientras no haya un justo reparto, mientras los bienes de la tierra de El Salvador no lleguen a beneficiar y hacer felices a todos los salvadoreños».
(Monseñor Romero, homilía del 16 de marzo de 1980.)

El 16 de enero se conmemoran 32 años de la firma de los Acuerdos de Paz de 1992 en El Salvador, mediante el cual se puso fin al conflicto armado entre el Estado salvadoreño y el guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN.

Ciertamente, la aseveración anterior se refiere al fin del conflicto armado de la década de los 80. Pero la lucha no era entre el FMLN y el Estado salvadoreño. El Estado, en realidad, defendía el estatus quo y la riqueza de un reducido grupo de empresarios acaudalados que han venido enriqueciéndose desde hace siglos a costa de expropiar (robar) y apropiarse de tierras, un bien escaso en un país de tan solo 21,041 km².

Para mencionar dos ejemplos, en tiempos del auge del cultivo y exportación del añil (siglos XVI al XIX), se ocuparon tierras bajas, donde esta planta se daba bien. Los campesinos debieron moverse. Después, con el auge del cultivo y exportación del café (finales del siglo XIX), se utilizaron tierras de más altura. La mayor parte de la población salvadoreña era campesina y, por tanto, era la que se quedaba sin nada. En épocas más recientes, si se hace un poco de memoria, también la masacre de indígenas en la región de los Izalcos en 1932 tuvo como detonante la expropiación de las tierras comunales. La aplicación de las leyes de Extinción de Ejidos y de Tierras Comunales fue la raíz del levantamiento indígena que terminó con la masacre de posiblemente 35 000 indígenas en la región de los Izalcos.

Las luchas históricas del pueblo salvadoreño organizado han estado en función de una justicia económica, social y política. ¿Cómo se traduce esto? Se traduce en que toda la población debe tener acceso a empleo digno bien remunerado, seguridad social, educación y vivienda de calidad, cuidado del medio ambiente, transporte público de calidad y otros beneficios que no es la intención enumerar.

Pero, ¿cómo se consigue esto para el 98 % de la población salvadoreña? Se consigue a través de una justa redistribución de la riqueza, tanto de la existente como de la que se produzca año con año. ¿Comunismo? ¿Socialismo? Nada de eso. Es solo dignidad.

Mientras esa tensión entre los muy pocos que tienen mucho y los muchísimos que tiene casi nada siga encarnada en la dinámica de las relaciones económicas, políticas y sociales en el país, la tensión se seguirá acumulando, dando paso a nuevas y diferentes expresiones de violencia.

E igual sucede a escala mundial, donde se ha globalizado un sistema que permite la acumulación de riqueza solo para un pequeño porcentaje de personas y donde las potencias continúan aprovechándose de las naciones vulnerables y de su población. Oxfam Internacional, en una nota de hace un año, señalaba que el 1 % de la población mundial acumula el doble de lo que tiene el 99 % restante (puede ver: https://www.oxfam.org/es/notas-prensa/el-1-mas-rico-acumula-casi-el-doble-de-riqueza-que-el-resto-de-la-poblacion-mundial-en).

Con los Acuerdos de Paz de 1992 se lograron diversas conquistas, algunas de ellas están ahora en peligro de perderse como consecuencia, entre otros, del Régimen de Excepción decretado el 27 de marzo de 2022 y que se ha venido extendiendo consecutivamente cada mes. A su amparo se siguen cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, como la suspensión de garantías procesales legales, la presunción de inocencia y la negación del derecho a defensa con un abogado. Las víctimas han sido las de siempre: jóvenes y familias que habitan en las zonas más marginadas del progreso económico y social.

A julio de 2023, la organización no gubernamental Cristosal denunciaba que las organizaciones de la sociedad civil habían documentado la vulneración de los derechos fundamentales de 5,490 personas y la muerte de 173 en ese periodo, muchas de ellas bajo custodia del Estado (ver también: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2023/04/el-salvador-state-emergency-systematic-human-rights-violations/ y https://elpais.com/internacional/2023-10-10/el-regimen-de-excepcion-de-bukele-como-instrumento-para-aplastar-las-disidencias.html).

En estos casos, preocupa que para la comisión de estos delitos es necesaria la acción coordinada y la complicidad de los tres poderes del Estado (legislativo, ejecutivo y judicial) así como la creación de un marco jurídico que vuelve legal el atropello a los derechos humanos.

De modo que este 16 de enero se conmemora el fin del conflicto armado y se refrenda la necesidad y el derecho de tener acceso a la justicia, a la paz y a la verdad.