La lucha por un cambio cultural en favor de la vida 

El movimiento feminista se prepara para la marcha conmemorativa del Día Internacional de la Mujer, que se lleva a cabo cada 8 de marzo. Pero este año es particular: es el primero dentro del mandato inconstitucional (reelección) de Nayib Bukele, es el tercero en el marco del Régimen de Excepción y el primero con una ley que reactiva la minería metálica en El Salvador. Este contexto ha tenido un impacto tanto en las organizaciones feministas como en la vida de las mujeres y las niñas en el país. 

Enfrentan esto con lo que más difícil parece: esperanza. «Todo está en torno a la esperanza, nosotras no queremos dirigirnos al Gobierno ni a la Asamblea Legislativa, sino a las mujeres, a las niñas y a la población general. Queremos trasladar esa necesidad de organizarse, estamos haciendo el llamado a la organización comunitaria, a la organización local», expresa Kayla Cáceres. 

En los últimos años, el movimiento feminista ha sido uno de los que ha tenido mayor capacidad de convocatoria en la lucha por la defensa de la democracia en el país. De hecho, el 2 de mayo de 2021, un día después del golpe a la Sala de lo Constitucional por parte del Ejecutivo de Nayib Bukele, las primeras en llamar a una concentración fueron ellas, las feministas. Las manifestaciones con mayor presencia en el país, actualmente, las lideran mujeres: la del 1.º de mayo, la del 8 de marzo y las que surgen en defensa del medio ambiente o en contra de medidas del Gobierno central. En ninguna de estas ha faltado una consigna feminista.

«Si nosotras nos callamos, la crisis va ser peor, si el movimiento feminista decide guardar silencio, esta crisis va ser insostenible porque no hay movimiento social que tenga un mayor respaldo de credibilidad. Nos pueden atacar los grupos antiderechos, pero nadie puede cuestionar que cuando hablamos de violencia contra las mujeres es real», señala Cáceres. 

«No a la minería metálica: sí a la vida»

El tema que agrupa las luchas de las mujeres este año es un rotundo: «No a la minería metálica: sí a la vida», pues, como explica Cáceres, tiene implicaciones directas y diferenciadas en el cuerpo de las mujeres. 

«Cuando hablamos del tema (la minería) en forma general, se enfoca en el impacto ambiental, que es importante identificar y conocer para tomar conciencia de lo que puede pasar, pero hay implicaciones en el cuerpo de las mujeres. Hay muchos estudios, sobre todo de México, donde se han identificado afectaciones directas, pues al tener una mina cerca, aunque no se esté trabajando en la mina, la contaminación está en la superficie y puede provocar afectaciones en la salud sexual y reproductiva directamente. Y lo más preocupante es que en este país tenemos la penalización absoluta del aborto», subraya Cáceres. 

De igual manera, manifestó su preocupación por un posible incremento de la explotación sexual y de redes de trata de personas en los lugares donde opera una mina. 

«En Perú se identificó que incrementaron estos delitos por parte de los trabajadores de pequeña escala hasta (por) los dueños de las minas. Incluso ya hay un desarrollo público sobre las redes de trata en El Salvador. Nosotras, por años, hemos denunciado las redes de trata en La Libertad, y que ahora han ido en aumento. Por ejemplo, en La Unión, existen capturas por violencia sexual a niños. Compañeras que están en el territorio han identificado que hay un aumento de esta violencia y su vínculo con las redes de trata», agregó. 

Asimismo, Cáceres señala un posible incremento de niñas que se dedican a las tareas de cuidado y de trabajo doméstico, sobre todo con el cierre de escuelas que, según declaraciones del Frente Magisterial Salvadoreño (FMG) a La Prensa Gráfica, ya suman 44 desde el 7 de febrero de este año, y podrían ser más pues algunas están en proceso de cierre o de fusión con otro centro escolar.

Además, Keyla expresa que es preocupante el poco acceso a educación integral de la sexualidad y a métodos de protección contra embarazos y enfermedades de transmisión sexual, lo que pone en peligro también a la población LGBTQ. «Lamentablemente, el VIH y las enfermedades de transmisión sexual nunca han sido una prioridad para el Estado, siempre se ha sobrevivido a base de programas», explica Keyla.

Este 8 de marzo de 2025 será una fecha para celebrar la trascendencia de la lucha de las mujeres desde las diferentes esferas de la actividad económica, educativa, de salud, de convivencia, de lucha social y medio ambiental, pero, además, es una fecha para elevar una voz de alarma por los retrocesos que se están registrando, en especial, la persecución.

Entre los logros que pueden destacarse tenemos:

El caso Beatriz: el 20 de diciembre 2024 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el máximo juzgado de América Latina, condenó al Estado salvadoreño, por el caso de Beatriz, una joven que padecía lupus, quien introdujo un recurso ante la justicia salvadoreña para pedir que se le permitiera abortar, porque el embarazo ponía en riesgo su vida, y le fue negado. Para Keyla, el fallo de la Corte indica que Beatriz tenía razón, que nunca mintió, como lo quisieron hacer ver los grupos antiderechos de las mujeres. Además, remarca, «abre la posibilidad de poder debatir en cuanto a la penalización absoluta del aborto». 

Organización comunitaria. En medio de un contexto adverso, las organizaciones feministas han encontrado mecanismos de adaptación y se han fortalecido en los territorios, como lo explica Cáceres: «Un movimiento que ha sido atacado históricamente no tiene la intención de desaparecer, sino por el contrario, desde 2019, desde que llegó el actual presidente inconstitucional, hemos sido las primeras que estuvimos denunciando».

Y agrega: «Ese año intentaron que la marcha no terminara bien, querían capturar a una compañera. Un año después, en 2020, cuando Bukele dio un golpe de facto a la Asamblea Legislativa, al día siguiente, las que salimos fuimos las mujeres, las organizaciones feministas. En la pandemia no dejamos de denunciar los feminicidios y de acompañar a las madres, logramos una condena [por el feminicidio] de Joseline Abarca, que es tan importante. En cuanto a la organización comunitaria, esta se sostiene por las mismas mujeres organizadas que están claras de la misma necesidad de seguirla sosteniendo». 

Entre los preocupantes retrocesos que Keyla Cáceres señala mencionamos los siguientes.

Discursos de odio. En febrero de 2024, el presidente Nayib Bukele expresó abiertamente su rechazo contra el lenguaje inclusivo y la perspectiva de género durante su participación en una conferencia de Padres en Acción, en Estados Unidos. «Nosotros no permitimos esas ideologías en las escuelas, ni en los colegios», dijo. En un segundo momento después de haber dado estas declaraciones, se retiró de clínicas y escuelas, material sobre diversidad sexual, a través de un memorándum.

Según Cáceres, estas medidas abrieron la puerta a discursos de odio en redes sociales, tanto de diputados de la bancada oficialista en la Asamblea Legislativa, como de ciudadanos. 

Grupos conservadores en puestos de toma de decisión. De acuerdo con Cáceres, algunos políticos oficialistas son financiados por grupos que promueven una agenda conservadora: en contra del aborto y de la perspectiva de género. «Hay una arremetida en contra de la población LGBTQ. El mayor retroceso es que los grupos antiderechos han regresado a la toma de decisión. Están financiando a diputados y diputadas y esto implica que las luchas sobre el acceso a la justicia y derechos humanos se quedan totalmente paralizados», explicó. 

Invisibilización de hechos de violencia contra la mujer. Desde su llegada a la presidencia, Bukele echó a andar el Plan Control Territorial como la política de seguridad del gobierno central. Dicho plan carece de perspectiva de género, por lo que, en el afán de mantener cifras limpias de los resultados de este plan, se ha excluido otros hechos de violencia, como los delitos contra las mujeres. 

«Han tratado de borrar todo lo que tiene que ver con la violencia contra las mujeres. En los últimos años, no podemos negar que había una negativa contra los feminicidios, pero todavía las redes de la PNC hablaban de ellos. En el último año dejaron de hacerlo, hay muy pocas publicaciones donde lo hacen. Lo más grave es que en la página de la Fiscalía General de la República (FGR), en las estadísticas ya habla de «intolerancia familiar». Eso es un retroceso, porque el feminicidio solo lo puede tipificar el Estado. Esto es un retroceso en el acceso a la justicia de las mujeres». 

Un informe publicado por el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), expone que durante 2019-2023 se registraron un total de 25,111 víctimas de violencia sexual, de las cuales 22,847 corresponden a mujeres, cifra que equivale al 91%. 

Durante 2024, según datos de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), al menos 38 feminicidios fueron cometidos, la mayoría por parejas o exparejas de las víctimas. 

Mientras tanto, «organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amate, registraron hasta el 30 de junio [de 2024], un total de 6.426 víctimas de violaciones durante el régimen, de las cuales 137 fueron cometidas contra personas de la diversidad: 49 bisexuales, 36 gay, 24 lesbianas, 22 mujer trans, 4 hombres trans, entre otros», según publicó el portal de noticias Presentes. 

Persecución a defensoras de derechos humanos

Cáceres explica que el movimiento feminista es consciente del contexto de persecución en el que trabajan. El 25 de febrero, por ejemplo, fue reportada la captura de Fidel Zavala, vocero de la Unidad por la Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC). A principios de 2024, fue capturada Verónica Delgado, activista e integrante del Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas, acusada de agrupaciones ilícitas. 

Frente a esto, y en medio del régimen de excepción, la Asamblea Feminista llama a tener medidas de protección. «Una de las cosas es que nosotras tenemos protocolos de cuidados colectivos. Nosotras no queremos ser mártires ni poner en riesgo a ninguna compañera defensora, sino que por el contrario, ha sido fortalecer cada espacio comunitario, hemos generado estos patrones de cuidado», explica Cáceres. 

Las organizaciones feministas han vivido diferentes etapas. Han dialogado y enfrentado a diferentes gobiernos. Ya han sobrevivido a la censura y al cierre de espacios, por lo que han tenido un camino de múltiples lecciones aprendidas. 

«Ya hemos pasado por esto, hemos cambiado, no somos las mismas que antes, ahora tenemos más herramientas para defendernos, para debatir y para responder a cualquier ataque. Yo me siento esperanzada de ver que no estamos solas, no somos 10, no somos las que normalmente estábamos, sino que a nivel nacional hay otras que también lo están haciendo», puntualiza.

Una de las cosas que Keyla hacía ver es que las iniciativas de lucha feministas no son movimientos de masas como tradicionalmente se entienden, sino que parten de la lucha por un cambio cultural que debe no solo lograrse sino sostenerse a lo largo del tiempo y en todo el territorio; por ello se organizan a partir de la violencia a todo nivel y eso se suma a la articulación nacional en la lucha por la justicia.