Más allá del salario mínimo: los desafíos de los trabajadores

En El Salvador, el silencio de los datos oficiales sobre el mercado laboral dice mucho, pues desde mayo de 2023 no se conocen nuevas estadísticas sobre los cotizantes al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), un indicador de rigor para conocer cuál es el panorama del trabajo formal en el país, mientras que los datos más actualizados de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), otro indicador de importancia, son también de 2023. Esta opacidad limita de manera grave la posibilidad de analizar y comprender la situación real de la clase trabajadora salvadoreña.

«Hablar de la situación de la clase trabajadora ahora es partir de la base de que no tenemos información actualizada desde 2023», lamenta Saira Barrera, economista, docente e investigadora del Departamento de Economía de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), quien advierte que cualquier diagnóstico actual sobre este tema debe construirse a partir de fragmentos e inferencias alrededor de estos datos, y si bien algunas cifras aisladas muestran un incremento en el número de trabajadores cotizantes al ISSS, un análisis profundo del empleo debe ver también los tipos de trabajos que se crean, las condiciones de los mismos y en qué sectores de la economía se están generando, datos que siguen ocultos tras una nube de estadísticas desconocidas.

Según Saira Barrera, la clase trabajadora debe organizarse y poner su mirada en otros aspectos más allá de un salario mínimo. | Foto: Juan Carlos Mejía

No obstante, la falta de información actualizada no impide reconocer que persisten deudas estructurales con la clase trabajadora.

Entre estas deudas, la más importante es quizá la de los salarios insuficientes, pues según el más reciente estudio presentado por Barrera y su equipo de investigación, titulado Trabajar al máximo y vivir al mínimo: el salario mínimo en El Salvador, más del 50 % de la población que cotiza al sistema de pensiones gana menos de $560 mensuales, y de ese grupo la mayoría gana $460 o menos.

«Este escenario de salarios bajos para los trabajadores y trabajadoras es algo de larga data», señala Barrera, por lo que, aunque se han realizado ajustes como el aumento del salario mínimo en agosto de 2021 —el más reciente— los resultados siguen siendo insuficientes frente al incremento constante del costo de vida, algo que puede contrastarse con los precios de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), como se muestra en el gráfico a continuación (puede verlo en detalle en este enlace: https://n9.cl/l46g8i).

Por ello, el reciente anuncio de un aumento del 12 % al salario mínimo que publicó el pasado 25 de abril el presidente Nayib Bukele «no necesariamente solventa esta situación que está bien permeada en los niveles más bajos de la sociedad», considera la economista.

Por ejemplo, y para ponerlo en perspectiva, el costo mensual de la canasta básica para una familia de cuatro personas ha subido aproximadamente $50 en los últimos cuatro años, mientras que el aumento salarial propuesto por Bukele, que entraría en vigencia en junio, ronda los $43. En otras palabras, el aumento no cubriría ni siquiera el incremento de los precios de los alimentos, sin considerar otros gastos mensuales básicos como vivienda, salud, educación u ocio.

Asimismo, el hecho de que aumente el número de cotizantes, como lo señaló la memoria de labores de 2023 del ISSS, no necesariamente implica un crecimiento real del empleo. Barrera explica que muchos de los nuevos registros pueden ser personas que ya trabajaban, pero que ahora, debido a la reforma previsional de 2022, han sido obligadas a cotizar. «No es que hay un cotizante más, sino que hay una persona que antes no cotizaba a pensiones y ahora sí», aclara. En tanto, tampoco hay datos claros sobre sectores económicos, evolución de la masa salarial ni sobre la magnitud del desempleo en sectores afectados por despidos, como lo ha sido el sector público, en especial los recortes en sectores como Educación, Salud y Justicia, que permanecen en la sombra de la opacidad que practica con normalidad el actual gobierno.

Las condiciones laborales en el sector agrícola son más precarias que en el comercial y de servicios. | Foto: Giuseppe Dezza

Las decisiones en torno al ajuste fiscal que exigió el Fondo Monetario Internacional, FMI (2024), no dejan claro cómo tales ajustes beneficiarían a los trabajadores, en particular en la reducción del costo de la vida. El ajuste fiscal acordado con el FMI incluye reducir el gasto del sector público no financiero (que de hecho ya es precario) del 30 % del PIB (Producto Interno Bruto) al 28.4 % para 2027, a través de reducir el gasto en remuneraciones y compra de bienes y servicios, por lo que podrían preverse más despidos. Además, se indica que deben incrementarse los ingresos del Estado mediante la facturación electrónica y debe reducirse la deuda pública en 2.5  % para el 2027.

La exclusión social, un círculo vicioso que no se rompe

Además de la investigación sobre el salario mínimo en el país, Barrera, junto a otros investigadores, culminó en 2024 la investigación Dinámica laboral y exclusión social en El Salvador, en la cual expone que factores como ser mujer, vivir en área rural, ser joven o tener bajo nivel educativo se traducen en desventajas iniciales que empujan a las personas hacia la exclusión social consolidada, es decir, hacia una falta crónica de acceso a oportunidades, recursos y ejercicio de derechos básicos en en lo social, cultural y económico, de manera que tener un trabajo formal no es garantía para que una persona o una familia salga de la pobreza, pues hay muchos factores que agravan su condición, como puede ser un pobre sistema educativo, un deficiente sistema de salud o el bajo acceso a una vivienda digna.

En este sentido, la economista Saira Barrera apunta que, por ejemplo, las mujeres no solo tienen menor participación en el empleo remunerado, sino que, al acceder a él, se enfrentan a sueldos más bajos, empleos más inestables y mayores tasas de informalidad, pues el sector del empleo informal está poblado en su mayoría por mujeres, quienes además se enfrentan a la labor de trabajar en casa pero sin remuneración, ya sea como amas de casa o encargadas del cuidado de los hijos e hijas propios o ajenos.

Ante esto, la pobreza y la exclusión social tienden a continuar de generación en generación, implicando una movilidad social mínima, es decir, una persona que se desempeñe en un trabajo con precarias condiciones con mucha dificultad podría transitar hacia otro con mejores prestaciones y remuneraciones, aunque existen excepciones, como lo indica Barrera. 

Para el caso, si un abuelo trabaja como obrero de la construcción, puede ser que su hijo y su nieto también se dediquen a este oficio, pues con la poca remuneración que recibe el abuelo no logra asegurar una buena educación a sus hijos, y la misma dificultad enfrentarán estos.

Frente al desempleo, muchos deben trabajar en el sector informal, como vendedores y obreros pagados por día. | Foto: Giuseppe Dezza

En conclusión, las personas trabajadoras se enfrentan a una serie de desafíos con unas bases sumamente precarias: educación incompleta o deficiente, carencia de habilidades como conducir vehículos o hablar un segundo idioma, poca experiencia y competencia para trabajar con dispositivos tecnológicos modernos, por mencionar algunos. 

Debido a lo anterior, la economista Barrera considera que la clase trabajadora «debería estar más organizada y tener una mirada más estratégica sobre cuál debe ser la apuesta y hacia adónde enrumbar la lucha», es decir que, pese a que la exigencia de salarios dignos es una consigna válida, es seguro que no es el tema más urgente.

Por ello, Barrera considera que la reivindicación de derechos debería ir más allá del salario.

Debería incluir el acceso a educación y salud públicas de calidad, una reforma previsional justa, políticas de cuidado para aliviar el trabajo no pagado de las mujeres, protección efectiva de derechos laborales y participación real de las asociaciones y colectivos en decisiones económicas de relevancia en el país.

«El trabajo es un derecho, no un privilegio»

Por otra parte, Barrera apunta que uno de los desafíos más profundos para la clase trabajadora es de tipo cultural, pues debe recuperarse la noción (que se ha perdido) de que «el trabajo es un derecho, no un privilegio ni un asunto de responsabilidad individual». Explica que «asumir el trabajo como un derecho significa que hay una responsabilidad estatal en torno a la tutela de ese derecho», a la vez que recalca que muchas veces el desempleo es asumido por las personas como culpa propia, como una consecuencia de no haber estudiado una carrera profesional, de no haberse capacitado como el mercado laboral lo demanda o no tener ciertas habilidades sociales. Es así como el sistema ha sido diseñado para hacernos pensar de esa manera.

De hecho, hay un conjunto de políticas públicas que inciden sobre el empleo y que son responsabilidad de los gobiernos y del Estado. Entre ellas pueden mencionarse la capacitación profesional, por ejemplo, en nuevas tecnologías; los incentivos para que todos los jóvenes finalicen la educación básica (el bachillerato) y que aprendan un segundo idioma desde la primera infancia; incentivos a los empleadores para que contraten personas desempleadas; apoyo a los micro y pequeños  emprendimientos; desarrollo de infraestructuras como calles, tendido eléctrico y telefonía en todos los rincones del país y, también, políticas para promover el empleo de los jóvenes que finalizan la educación media o la carrera universitaria.

La precariedad del empleo es mayor en el sector informal, pues la mayoría no tiene acceso a prestaciones sociales ni laborales. | Foto: Giuseppe Dezza

Es interesante fijarnos en los niveles de desempleo de la población que está en edad de trabajar y está buscando o ya tiene un empleo, es decir, la Población Económicamente Activa (PEA). Según los datos de la EHPM, hasta un 5.2 % de la Población Económicamente Activa se encuentra en situación de desempleo, una cifra que, tomando como base la población total que compone la PEA (más de 3 millones de salvadoreños), puede traducirse en un total de más de 160,000 personas desempleadas, de las cuales muchas son empujadas hacia trabajos informales, los cuales carecen de estabilidad y de las garantías laborales que protejan sus derechos.

De hecho, y con respecto a la formalidad frente a la informalidad en los trabajos salvadoreños, de esas más de 3 millones

de personas que pertenecen a la PEA, solamente alrededor de 1 millón cotizan al ISSS, lo que implica que la gran mayoría no goza de un empleo con todas sus prestaciones, es decir, empleos precarios e inestables. 

Finalmente, Saira Barrera subraya que transformar el panorama laboral en El Salvador no es tarea sencilla ni rápida, pues requiere voluntad política, inversión, reformas estructurales, organización social y, sobre todo, un cambio cultural profundo dentro de la misma clase trabajadora y dentro de los empleadores.

«Debemos convencernos como población trabajadora de que el trabajo es un derecho», insiste la economista, pues solo así se podrá romper con esa idea que culpabiliza al individuo por la falta de empleo y legitima la precariedad en los trabajos como algo normal.