El genocidio en Gaza es un crimen colectivo perpetrado por Israel y los Estados cómplices

En el extenso informe también se señala la iniciativa de algunos Estados que han acudido a los tribunales internacionales para responsabilizar a Israel de sus acciones y presionar por el cese de los ataques, además de los esfuerzos que otros Estados están tomando para distanciarse de Israel. La condena de los pueblos del mundo ha logrado, progresivamente, aislar al Estado genocida, pero mientras los gobiernos de países poderosos como Estados Unidos continúen apoyándolo, el genocidio no se detendrá.

Desde octubre de 2023, fecha en que se recrudecieron los ataques hacia Gaza, Israel ha matado a más de 67,000 palestinos y herido a casi 170.000, la mayoría mujeres y niños, y más de 40,000 de los heridos tienen lesiones con efectos irreversibles, según la Organización Mundial de la Salud (Los Angeles Times, octubre 7 2025, https://n9.cl/x9tkj).

En este contexto, Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas, ha producido diversos informes sobre la situación de los derechos humanos en los territorios ocupados por Israel desde 1967. Además del que nos ocupa en esta publicación (A/80/492), queremos destacar los publicados en octubre de 2024 y en junio de 2025.

El de octubre de 2024, titulado El genocidio como supresión colonial, apunta a la naturaleza intencionada, organizada y de largo plazo de los ataques de Israel hacia Gaza y Cisjordania, provocando la sustitución de los habitantes originarios a través de un desplazamiento forzado, que podría causar «un perjuicio irreparable a la propia existencia del pueblo palestino en Palestina» (https://docs.un.org/es/A/79/384).

El segundo, titulado De la economía de la ocupación a la economía del genocidio, señala la complicidad del sector privado empresarial, incluyendo a sus ejecutivos. Este informe se centra en cómo los intereses corporativos apoyan y se benefician del proceso de desplazamiento y sustitución de los palestinos, dirigido a robarles sus tierras y hacerlos desaparecer. Se involucran en este proceso diversos sectores: fabricantes de armas, empresas tecnológicas, empresas constructoras, industrias extractivas y de servicios, bancos, fondos de pensiones, aseguradoras, universidades y organizaciones benéficas (https://docs.un.org/es/A/HRC/59/23). Ahora, el 20 de octubre de 2025, Albanese presenta el informe titulado El genocidio de Gaza: un crímen colectivo, donde señala la complicidad de los Estados que han participado en el proceso de deshumanización de la población palestina, pasando del genocidio a la ocupación colonial. En el informe se señala cómo se está creando un enorme cisma entre los pueblos y los gobiernos de esos Estados que apoyan a Israel, traicionando la confianza de sus ciudadanos.

El apoyo de Occidente a Israel es cada vez más cuestionado, sin embargo, el genocidio continúa sucediendo. Albanese expone que el Derecho Internacional Humanitario impone a todos los Estados una serie de obligaciones para prevenir y poner fin a las violaciones cuando estas se producen. Para el contexto palestino, señala, en el párrafo (6), literales (c) y (d) las siguientes:

c) Obligaciones de debida diligencia para prevenir violaciones específicas del derecho internacional, incluidas las obligaciones de: i) prevenir el genocidio (que surge cuando existe un «riesgo grave»)¹¹; ii) hacer respetar el derecho internacional humanitario¹² (que surge cuando las violaciones son «probables o previsibles»^)13; y iii) cooperar para prevenir delitos y ataques contra personas internacionalmente protegidas¹⁴;

En el párrafo (7), señala la obligación de no apoyar a otros Estados en contextos como el mencionado:

7) Obligaciones de abstenerse de prestar ayuda o asistencia¹⁵ o de participar directamente en hechos internacionalmente ilícitos de otros Estados¹⁶, entre ellos la agresión¹⁷, el apartheid¹⁸ y el genocidio¹⁹.

En el informe, en el párrafo (9), Francesca Albanese señala cinco medidas que los Estados que no se encuentran en complicidad con Israel podrían considerar pertinentes de evaluar en función del cumplimiento de sus obligaciones con el Derecho Internacional Humanitario: a) medidas coercitivas, b) embargos de armas, c) embargos comerciales, d) denegación de paso seguro y e) enjuiciamiento y castigo. Y, en el párrafo (10) agrega:

10) El imperativo de actuar es más urgente en un contexto de violaciones continuas y concurrentes de normas imperativas y a la luz de la obligación de prevenir el genocidio. Esto puede significar que las medidas que los terceros Estados deben adoptar para cumplir sus obligaciones dejan de ser discrecionales y que, al no adoptarlas, los Estados no están tomando todas las medidas razonablemente a su alcance o están prestando ayuda y asistencia a un hecho internacionalmente ilícito ³⁹ (a menos que medidas menos intrusivas sobre la base de la evaluación mencionada en el párrafo 8 sean realmente suficientes).

A continuación, reproducimos otros apartados del informe de Francesca Albanese del 20 de octubre de 2025, en particular, el resumen, la introducción, la conclusión y las recomendaciones.

Informe de la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, Francesca Albanese 

https://docs.un.org/es/A/80/492

El genocidio en curso en Gaza es un crimen colectivo, sostenido por la complicidad de terceros Estados influyentes que han permitido violaciones sistemáticas y de larga data del derecho internacional por Israel. Envuelta en discursos coloniales que deshumanizan a los palestinos, esta atrocidad retransmitida en directo se ha visto facilitada por el apoyo directo, la ayuda material, la protección diplomática y, en algunos casos, la participación activa de terceros Estados. Ha puesto en evidencia una división sin precedentes entre los pueblos y sus Gobiernos, traicionando la confianza en la que descansan la paz y la seguridad mundiales. El mundo se encuentra ahora en el filo de la navaja entre el colapso del estado de derecho en el plano internacional y la esperanza de una renovación. La renovación sólo es posible si se hace frente a la complicidad, se cumplen las responsabilidades y se garantiza la justicia.

1.  Sin la participación directa, la ayuda y la asistencia de otros Estados, no podría haberse mantenido la prolongada ocupación ilegal israelí del territorio palestino, que se ha convertido ahora en un genocidio en toda regla. El apoyo militar, político y económico de algunos terceros Estados y la renuncia a exigir cuentas a Israel han permitido que este imponga su régimen de apartheid colonial de asentamientos en el territorio palestino ocupado, con más colonias, demoliciones de viviendas, restricciones a la circulación y pérdida y eliminación de vidas palestinas. Desde octubre de 2023, Israel ha intensificado su violencia hasta un nivel sin precedentes.

2.  Habida cuenta de esta complicidad, la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, Francesca Albanese, demuestra en el presente informe que el genocidio en curso de los palestinos debe entenderse como un crimen facilitado a nivel internacional. Muchos Estados, principalmente occidentales, han facilitado, legitimado y, en última instancia, normalizado la campaña genocida perpetrada por Israel ¹. Al caracterizar a los civiles palestinos como “escudos humanos”² y la ofensiva generalizada en Gaza como una batalla entre civilización y barbarie, han reproducido las distorsiones israelíes del derecho internacional y los estereotipos coloniales, tratando de justificar su propia complicidad en el genocidio.

3.  En lo que respecta a la ayuda y la asistencia prestadas por terceros Estados a la ocupación ilegal de Israel y al genocidio cometido por este contra el pueblo palestino, la Relatora Especial acota en su informe cuatro ámbitos de apoyo: diplomático, militar, económico y “humanitario”. Cada uno de ellos es indispensable para las violaciones del derecho internacional que sigue cometiendo Israel. Las iniciativas diplomáticas han normalizado la ocupación israelí y no han logrado un alto el fuego permanente. La ayuda militar a gran escala, la cooperación y las transferencias de armas, principalmente hacia y desde los Estados Unidos de América y Estados europeos, han permitido la dominación israelí sobre el pueblo palestino. También han facilitado las acciones israelíes para desmantelar la ayuda humanitaria e imponer condiciones de vida destinadas a causar la destrucción de los palestinos como grupo. La cooperación económica ha alimentado la economía israelí, que se ha beneficiado de la ocupación ilegal y del genocidio.4.  El éxito de las medidas aplicadas contra la Sudáfrica del apartheid, Rodesia, Portugal y otros regímenes coloniales demuestra que el derecho internacional puede aplicarse para garantizar la justicia y la libre determinación. Hoy en día, los terceros Estados tienen la misma obligación jurídica y moral de aplicar estas y otras medidas contra cualquier Estado que siga perpetrando actos de violencia colonial de asentamientos y apartheid. El hecho de que no exijan cuentas a Israel por sus crímenes internacionales de larga data —a pesar de los claros pronunciamientos de los tribunales internacionales— pone de manifiesto el flagrante doble rasero de la comunidad internacional³.

67.  El genocidio en Gaza no se cometió de forma aislada, sino en el marco de un sistema de complicidad mundial. En lugar de velar por que Israel respete los derechos humanos básicos y la libre determinación del pueblo palestino, poderosos terceros Estados —que perpetúan prácticas coloniales y de capitalismo racial que hace mucho tiempo que deberían haber pasado a la historia— han permitido que las prácticas violentas se conviertan en una realidad cotidiana. Incluso cuando la violencia genocida se hizo visible, los Estados —en su mayoría occidentales— prestaron y siguen prestando apoyo militar, diplomático, económico e ideológico a Israel, incluso cuando este utilizó como arma la hambruna y la ayuda humanitaria. Los horrores de los dos últimos años no son una aberración, sino la culminación de una larga historia de complicidad.

68. Los actos, las omisiones y el discurso de terceros Estados en apoyo de un Estado genocida de apartheid son tales que esos Estados podrían y deberían ser considerados responsables de prestar ayuda o asistencia a la comisión de hechos internacionalmente ilícitos o de participar conjuntamente en ellos, en un contexto de violaciones sistemáticas de normas imperativas y erga omnes. En esta coyuntura crítica, es imprescindible que los terceros Estados suspendan y revisen inmediatamente todas sus relaciones militares, diplomáticas y económicas con Israel, ya que cualquier relación de ese tipo podría constituir un medio de prestar ayuda o asistencia a la comisión de hechos ilícitos, incluidos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, o de participar directamente en ellos.

69. Muchos terceros Estados han actuado con la misma impunidad que han otorgado a Israel. Su desprecio por el derecho internacional socava los cimientos del orden multilateral construido laboriosamente durante ocho decenios por los Estados y los pueblos en el seno de las Naciones Unidas. Esto pasará a la historia como una ofensa no solo a la justicia, sino a la idea misma de nuestra humanidad compartida. Aunque la justicia debe conllevar juicios penales —ya sea ante tribunales internacionales o nacionales—, la rendición de cuentas va más allá de los enjuiciamientos e incluye las reparaciones: la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición por parte de Israel y de los terceros Estados que han apoyado sus crímenes. Las estructuras de poder que permitieron estos crímenes atroces deben ser desmanteladas, y el sistema de justicia internacional muestra el camino para hacerlo.

70. El mundo está pendiente de Gaza y de toda Palestina. Los Estados deben asumir sus responsabilidades. Solo materializando el derecho del pueblo palestino a la libre determinación, tan descaradamente vulnerado por el genocidio en curso, podrán desmantelarse las duraderas estructuras mundiales coercitivas. Ningún Estado puede alegar de forma creíble su adhesión al derecho internacional mientras proporciona armas, apoya o protege a un régimen genocida. Debe suspenderse todo apoyo militar y político; la diplomacia debe servir para prevenir crímenes y no para justificarlos. La complicidad en el genocidio debe terminar.

71. Recordando sus recomendaciones anteriores (A/79/384, párrs. 89 a 93), la Relatora Especial recuerda a todos los Estados que tienen la obligación jurídica de no participar en las violaciones israelíes ni ser cómplices de ellas y que deben, en cambio, prevenir y afrontar las infracciones graves del derecho internacional, en particular la Carta de las Naciones Unidas y la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

72. Dada la persistente situación de emergencia que no se aborda en las actuales conversaciones y planes de “paz”, la Relatora Especial insta a los Estados a no causar más daños al pueblo palestino y a:

1. Ejercer presión para lograr un alto el fuego completo y permanente y la retirada total de los efectivos israelíes;
2. Tomar medidas inmediatas para poner fin al asedio en Gaza, incluido el despliegue de convoyes navales y terrestres para garantizar un acceso humanitario seguro y unidades de vivienda móviles antes del invierno;
3. Apoyar la reapertura del puerto y el aeropuerto internacional de Gaza para facilitar la entrega de ayuda.

73. Al margen de la emergencia, los Estados deben reconocer que la libre determinación palestina y la justicia son esenciales para una paz y una seguridad duraderas y, por lo tanto, deben:

1. Suspender todas las relaciones militares, comerciales y diplomáticas con Israel;
2. Investigar y enjuiciar a todos los funcionarios, entidades empresariales y particulares implicados en la comisión o la facilitación del genocidio, la instigación a cometer genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra y otras infracciones graves del derecho internacional humanitario;
3. Garantizar las reparaciones, incluida la plena reconstrucción y el retorno;
4. Cooperar plenamente con la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia;
5. Reafirmar y reforzar el apoyo al UNRWA y al sistema de las Naciones Unidas en su conjunto;
6. Suspender a Israel de las Naciones Unidas en virtud del Artículo 6 de la Carta de las Naciones Unidas;
7. Actuar en el marco de la “Unión pro paz”, en consonancia con la resolución 377 (V) de la Asamblea General, para que Israel desmantele su ocupación.

74. La Relatora Especial también insta a los sindicatos, los abogados, la sociedad civil y los ciudadanos corrientes a que vigilen las acciones de los Estados en respuesta a estas recomendaciones y sigan presionando a las instituciones, los Gobiernos y las empresas para que lleven a cabo boicots y desinversiones e impongan sanciones hasta que se ponga fin a la ocupación ilegal israelí y los crímenes conexos.