Tres años del régimen: la lucha de las madres contra un Estado que no responde

Este reportaje recoge los testimonios de madres que claman por la libertad de sus hijos, las cifras que revelan el rostro oculto de esta política de seguridad y las voces del periodismo que hoy se enfrenta a un muro de silencio. Porque tras la caída en las cifras de homicidios, queda un país que pide justicia para las personas inocentes.

Doña Ana Mendoza es una de esas madres. Su hijo, Cristian Vladimir Hernández, fue capturado hace casi tres años sin que hasta hoy se haya presentado prueba alguna en su contra. Ana lo repite sin titubeos: «mi hijo es inocente, lo digo aquí, lo digo donde quieran». En junio de 2022, la policía allanó su casa sin encontrar evidencia que lo vinculara con pandillas, pero Cristian continúa detenido. Ana no comprende el proceso legal ni el silencio que lo envuelve, y hasta el momento solo sabe que está recluido en Santa Ana.

Además de la impotencia, Ana recuerda el trato humillante que sufrió durante el operativo policial en el que detuvieron arbitrariamente a su hijo. Fue amenazada con ser desnudada para buscar tatuajes alusivos a pandillas. «Desnúdeme, le dije, porque yo no tengo nada en mi cuerpo y Dios lo sabe», cuenta, a la vez que habla de su nieta que ya casi cumplirá 9 años. Cristian fue capturado de forma autoritaria cuando tenía 27 años, hoy ya cumplió los 30 y el único clamor de su madre es que el caso sea revisado con justicia.

A su historia se suma la de Irma Elizabeth Sánchez, una mujer de 61 años que enfrenta a un doble dolor: sus dos hijos, Samuel y Josué, fueron también detenidos durante los primeros meses del régimen en 2022. Uno fue arrestado mientras se preparaba para ir a la iglesia el 22 de junio de ese año, mientras que el otro, un trabajador de estructuras metálicas, fue capturado cuatro días después. En ambos casos, la única explicación ofrecida, según Irma, fue una supuesta denuncia anónima. Desde entonces, ha buscado respuestas sin éxito y solo ha logrado obtener información sobre la salud de uno de ellos, pero del otro, no sabe nada debido al hermetismo en el sistema penitenciario. En resumen, el Estado le ha cerrado todas las puertas.

El caso de Irma también representa la realidad de la mayoría de madres que exigen justicia, pues al igual que en muchos otros casos, sus hijos eran prácticamente el sostén económico del hogar antes de ser capturados. Debido a esto, la adulta mayor tiene que trabajar haciendo oficios domésticos en casas ajenas, un trabajo que tuvo que suspender durante ocho meses el año pasado cuando sufrió una lesión en su brazo. La parte más dura y más triste de su lesión fue que, durante todo ese tiempo, no fue capaz de adquirir los paquetes de artículos personales que el sistema penitenciario le exige a las familias, y tampoco pudo hacer los trámites necesarios, y que ya se volvieron parte de su rutina, para seguir buscando respuestas.

«Yo lucho por el mío, pero también lucho por la gente que tiene miedo», asegura Vilma López, otra adulta mayor que en los últimos tres años ha tenido que alzar la voz por su sobrino Alexis, capturado también de forma arbitraria y a quien, según su tía, «lo sacaron de la casa cuando estaba de vacaciones y le pusieron que andaba delinquiendo en la calle». A pesar de sus 71 años de edad y de la distancia que hay entre su casa en La Palma, Chalatenango, y San Salvador, Vilma participa en las distintas marchas y concentraciones que realiza el Movimiento de Víctimas del Régimen en El Salvador (MOVIR), una organización que se ha dedicado a denunciar los atropellos a los derechos humanos de las personas que han sido capturadas sin pruebas directas de que hayan cometido algún delito. Una realidad que enfrentan miles de salvadoreños.

Entre el dolor y las cifras: el otro rostro del régimen

Según datos del propio gobierno, en una pieza de correspondencia a la que se le dio lectura en la sesión n.º 46 de este año (4 de marzo), hasta más de 85,000 personas han sido capturadas en El Salvador desde que Bukele pidió a la Asamblea Legislativa que impusiera el régimen de excepción en marzo de 2022. Esta cifra, que según la narrativa oficialista es sinónimo de éxito, oculta una tragedia para las miles de familias que han sido separadas, pues a pesar de la reducción de homicidios que el gobierno celebra, las cifras están bajo una nube de opacidad. 

Según un informe (26 de marzo de 2025) que presentaron distintas organizaciones de Derechos Humanos a finales de marzo, «se han omitido cifras que, conforme al Protocolo de Bogotá, deberían ser incluidas (fosas comunes, enfrentamientos armados y muertes en cárceles)», lo cual «impide contrastar y verificar los números que reportan sobre homicidios, feminicidios, condiciones en las cárceles, entre otra información. Esto da como resultado que no se sepa de manera clara y real la situación de violencia en El Salvador», indicaron las organizaciones firmantes del informe: el Servicio Social Pasionista, la organización AMATE, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, la Asociación Azul Originario y la Universidad Centroamericana UCA.

Las denuncias de abusos no son pocas. Estas mismas organizaciones registran al menos 6,889 casos de este tipo, los cuales incluyen detenciones sin pruebas, violaciones al debido proceso y allanamientos sin orden judicial. La Policía Nacional Civil (PNC), por su parte, aparece como la institución más señalada, pues es la responsable de hasta un 75% de estas detenciones. Según el dato consolidado, la mayoría de las víctimas tienen edades de entre 19 y 30 años y casi siempre son arrestados por vivir en zonas históricamente golpeadas por las pandillas, o por el simple hecho de parecer sospechosos, todo según el criterio de los mismos agentes de seguridad.

Entre los datos más alarmantes que recogen las organizaciones se encuentran los fallecimientos de reos dentro de las cárceles del país, pues los datos reportados por entidades como Cristosal y Socorro Jurídico Humanitario, ha habido entre 265 y 375 muertes de personas bajo custodia del Estado, y muchas de ellas en circunstancias que no han sido investigadas, lo que se suma al silencio del gobierno.

Las condiciones de detención, según las denuncias de familiares y personas que ya fueron liberadas, son inhumanas, por ejemplo, se enfrentan a la falta de comida, al hacinamiento, a la insalubridad y  a la tortura física, incluyendo la violencia sexual. Según el informe, quienes logran salir bajo medidas sustitutivas no encuentran alivio, sino una otra forma de castigo, o sea, el miedo constante a ser recapturados de nuevo, dada la negativa del Estado a extenderles los antecedentes penales que compruebe que no han cometido ningún delito, según denuncian los familiares.

Este régimen no solo castiga a quienes están tras las rejas, sino también a sus familias. Las víctimas indirectas —hijos, madres, esposas— enfrentan afectaciones económicas, emocionales y de salud. Muchos niños han crecido en estos tres años sin la presencia de su padre o madre. Muchas madres, como las que han compartido sus testimonios en este artículo, han tenido que cargar con la lucha legal, la búsqueda de justicia y también con la faena de sobrevivir a diario con sus escasos ingresos.

Justicia en ruinas: el precio de defender los derechos humanos

Para la abogada Ivania Cruz, ejercer la defensa de los derechos humanos en El Salvador se ha vuelto una lucha contra un sistema que castiga el compromiso ético. «El principal desafío es buscar la justicia en un sistema donde no existe independencia, no se cumple las garantías judiciales y el respeto de los derechos humanos, además de vivir en constante amenaza e intimidación por defender con ética nuestra profesión», afirma  Cruz.

Los obstáculos que enfrenta en su labor diaria no solo están en los tribunales. Desde la negación de derechos básicos, como el acceso a la salud, hasta la dilación deliberada de procesos, las irregularidades son parte del paisaje. «En muchas ocasiones resoluciones tan graves como negarse ante una solicitud de estudio médico, cuando por mandato constitucional el artículo 65 ampara el derecho a la salud de cualquier detenido», señala. También indica que «han pasado meses para que acepten el cargo de defensora particular», y denuncia la «falta de experiencia de los jueces o incluso la falta de voluntad de hacer lo correcto y conforme a derecho».

La arbitrariedad en las capturas también ha sido evidente. «Las causas más comunes de captura son por un tatuaje o en muchas actas se expresa que por “llamadas anónimas”», explica. Otras veces, el motivo es tan vago como un patrullaje, y añade que «es muy común que los policías les pidan a las personas que los acompañen a la delegación por unas preguntas y al final los dejan detenidos».

Desde su rol como defensora y vocera de personas presas por razones políticas, Cruz ha vivido la persecución en carne propia. “Desde el 2021… soy perseguida por el Gobierno de Bukele”, asegura. Su vivienda y la sede de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitario (Unidehc) fueron allanadas en su ausencia a finales de febrero, cuando la abogada se encontraba fuera del país, y relata que agentes de la Fiscalía General de la República y la PNC “amenazaron a mi madre al decirle que podrían llevarla capturada por ‘obstruir la justicia’, además de quitarle su teléfono”. “Me considero una víctima directa”, sostiene Cruz, quien agrega que también su hermano fue encarcelado, lo que ha provocado que ella y su familia se mantengan en el exilio.

En ese operativo que menciona Cruz, las autoridades recapturaron a Fidel Zavala, también vocero de la Unidehc, junto a otras 23 personas de la comunidad Hacienda La Floresta. “Aprovecharon mi ausencia para esos actos arbitrarios por las autoridades”, apunta la abogada.

El caso de Zavala se ha convertido en uno de los más mediáticos en el contexto del régimen, pues el también defensor de los derechos humanos ya había sido arrestado en 2022 acusado del delito de estafa, sin embargo, fue liberado 13 meses después por falta de pruebas. Fidel fue la primera persona que denunció de manera formal al director de Centros Penales, Osiris Luna, y al ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, por los casos de torturas y muertes de los que él fue víctima y testigo en el penal donde estuvo recluido. Por ello, la abogada considera que «la recaptura fue para callarlo», y espera que «él no se convierta en un mártir».

Según la directora de la organización Amnistía Internacional, Ana Piquer, «el traslado de Fidel Zavala al centro penal conocido como Mariona es extremadamente preocupante. Al enviarlo a una prisión controlada por los mismos custodios que él denunció por tortura, las autoridades están poniendo en riesgo inminente su vida e integridad personal».

Pese a todo, Ivania Cruz no pierde la convicción y que «hoy nos emana estar más del lado de la justicia… no es fácil, pero solo el pueblo salvará al pueblo». Y concluye que «para ningún país en el mundo es sostenible mantener la seguridad a consecuencia del irrespeto a los derechos humanos y garantías judiciales, eso es un problema que va incrementar a largo plazo».

La prensa tras el muro: opacidad y temor en tiempos del régimen

Además de los derechos humanos, el periodismo también se ha visto afectado desde 2022. Según la periodista salvadoreña Lissette Lemus, con amplia trayectoria cubriendo temas de violencia, el régimen de excepción ha levantado un muro entre la prensa y las instituciones del Estado. «Antes teníamos más acceso a la información de las autoridades policiales y fiscales», comenta. Pero desde la implementación del régimen, el silencio oficial se ha vuelto la norma, aunque esto ya se veía, aunque en menor medida, desde 2019, cuando tomó posesión el primer gobierno de Bukele. «Ahora ningún jefe policial te da declaraciones, ningún fiscal te da declaraciones», asegura.

La información estadística sobre delitos también ha desaparecido del panorama público. Ya no se dan datos sobre el número ni el tipo de crímenes registrados. Este apagón informativo limita el trabajo periodístico, algo que denota la opacidad que maneja el gobierno en cuanto a la situación de los hechos de violencia en el país.

Además, Lemus señala que incluso dentro del sistema judicial se han impuesto nuevas restricciones. La Corte Suprema de Justicia (CSJ), por ejemplo, ha prohibido el uso de celulares durante las audiencias, lo que obliga a los periodistas a volver a las herramientas de antes. «Me parece grave que no se nos permita utilizar esa herramienta. Se nos ha obligado a llevar libretas y lapiceros nuevamente», comenta.

Aunque Lemus no ha sufrido censura directa en el marco del régimen, admite sentir temor sobre cómo puede ser usada la información que publica. «Siempre hay miedo de que la información se use con mala intención para hacer daño», concluye. Su testimonio ilustra la vulnerabilidad del periodismo en tiempos del régimen, algo que el presidente Bukele se ha encargado de agravar con sus varios ataques públicos a la prensa nacional e internacional.