De encadenarnos o liberarnos perpetuamente

Detrás de cada persona privada de libertad hay una familia que, en silencio y bajo un fuerte peso de estigmatización, enfrenta la pérdida de ingresos, el estrés emocional, la exclusión social y una injusticia estructural más amplia. Estas familias existen, aunque muchas veces no se nombren. Son parte viva de nuestras comunidades.

Que una persona privada de libertad sea inocente o culpable nunca debería determinar su valor ni su dignidad humana, ni anular la obligación del Estado de garantizar la posibilidad de rehabilitación para una reintegración responsable a la sociedad. Tampoco las familias deberían ser tratadas como «culpables por asociación» por el encarcelamiento de un ser querido.

Al mismo tiempo, es imprescindible reconocer el sufrimiento de las víctimas de delitos ya que su dolor es real y profundo. El dolor no tiene ideología, condición social, ni identidad política: posee una esencia verdaderamente universal, manipularlo es una transgresión a la intimidad del alma. Las víctimas merecen reconocimiento, justicia y caminos reales de sanación. 

Con demasiada frecuencia olvidamos que la condena de prisión constituye un castigo para el perpetrador, pero no equivale a un proceso de sanación para la víctima. Estos dos caminos no son mutuamente excluyentes, pero tampoco son automáticos. Una justicia vengativa no hace más que confundirlos o destruir la posibilidad de que avancen de forma paralela.

Como sociedad, debemos reconocer que cuando las heridas (individuales y colectivas) no sanan, se convierten en terreno fértil para ciclos de venganza directa o para la aceptación de formas de represión estatal desproporcionadas, ejercidas en nombre de una justicia vengativa que, a su vez, siembra nuevos ciclos de violencia hacia el futuro]

En Centroamérica, se estima que más de 207,000 personas están privadas de libertad y que El Salvador concentra por sí solo más de la mitad de la población penitenciaria de la región.  Esta realidad, peligrosamente admirada en otros países, genera una carga socioeconómica enorme y ampliamente invisibilizada para las familias y las comunidades. 

En contraste, El Salvador aporta solo una fracción de la población estudiantil universitaria a nivel regional —pese a que la educación superior pública representa una inversión estatal clave para el desarrollo colectivo—, mientras concentra más de la mitad de las personas encarceladas. En términos regionales, producimos más encarcelamiento que educación superior. 

Cuando el encierro crece más rápido que la educación, no estamos hablando únicamente de seguridad: estamos expresando, de manera explícita, nuestras prioridades como sociedad.

En nuestros países, demasiadas personas están encarceladas injustamente, mientras otras (que deberían estar condenadas) permanecen en libertad debido a la impunidad. Tristemente, se repiten ejemplos en los que el encarcelamiento se utiliza como una herramienta de persecución política, y no exclusivamente como un mecanismo para la investigación, el debido proceso y sanción de delitos definidos en el marco legal. 

En todo caso, reconocer que la privación de libertad es la sanción impuesta por la sociedad no significa negar la condición humana de quien ha cometido un delito. Por el contrario, si la persona conserva su dignidad y sus derechos fundamentales, el encarcelamiento no puede tener como único fin el castigo. Desde una perspectiva de justicia restaurativa, la pena debe abrir espacios para que la persona asuma responsabilidad por el daño causado, participe en procesos de reparación, y contribuya a la sanación de las víctimas y a la reconstrucción de los vínculos con la comunidad. 

El trauma social se manifiesta de múltiples formas: normalizando la exclusión, justificando la discriminación, guardando silencio frente a la injusticia, criminalizando la migración, castigando la libre expresión, debilitando la confianza y erosionando la cohesión social. Estas dinámicas no son abstractas: dañan el bienestar colectivo y perpetúan la desigualdad en nuestras comunidades.

Entonces, como sociedad, vale la pena preguntarnos: ¿Cuál es el beneficio real de una cadena perpetua? ¿Qué tipo de justicia estamos construyendo cuando el encierro (con cara de infierno) se convierte en respuesta automática al conflicto? ¿Cómo impacta esta lógica en los medios de vida, la salud, la educación, el derecho al agua como bien de la humanidad, el bienestar de la niñez y la resiliencia comunitaria, especialmente cuando las familias pierden ingresos, redes de apoyo y oportunidades?

Y, en medio de este escenario, ¿Cómo pueden las familias que cargan con el encarcelamiento y las víctimas de delitos encontrar caminos reales para contribuir a un mundo más justo y humano, si seguimos apostando por respuestas que profundizan el trauma en lugar de transformarlo?

¿En qué momento cruzamos la línea y nos convertimos en el mismo impulso, el mismo resentimiento, la misma deshumanización que llevó al perpetrador a cometer el delito que nos hirió?

Si aceptamos que, en nuestro nombre, miles de personas se pudran en las cárceles por toda la eternidad, vale la pena preguntarnos quiénes estamos llegando a ser. Porque cuando el dolor que sufrimos se convierte en permiso para infligir dolor al otro, algo esencial de nuestra humanidad empieza a perderse.

La transformación no ocurre sola. Depende de nuestra capacidad, como sociedad, de mirarnos críticamente y de actuar con coherencia entre los valores que decimos defender y las acciones colectivas que elegimos sostener.