La verdad bajo los escombros: los medios de comunicación en tiempos de genocidio

Resumen y conclusión del ultimo informe de la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, Francesca Albanese.

El presente informe analiza cómo la destrucción de la verdad se ha convertido en un elemento fundamental de la destrucción de un pueblo. En él se identifican tres patrones interrelacionados: la eliminación de los trabajadores de los medios de comunicación palestinos, mediante asesinatos, mutilaciones, detenciones arbitrarias, torturas, intimidación y la calificación sistemática de estos como “terroristas”, con el fin de impedir la documentación de los crímenes; la construcción en Israel de un régimen de información basado en restricciones a los medios de comunicación, censura, propaganda, discurso de odio, incitación al genocidio y negacionismo; y el papel desempeñado por influyentes medios de comunicación internacionales y plataformas digitales para marginar las voces palestinas y reproducir las narrativas israelíes, normalizando distorsiones jurídicas que, en última instancia, han legitimado atrocidades. En conjunto, estas prácticas no solo han acompañado al genocidio, sino que también han facilitado su comisión y han obstaculizado la rendición de cuentas.

Algunos aspectos de este ataque contra la verdad podrían describirse como un “mediacidio”.

Desde octubre de 2023, Israel ha utilizado todos los medios a su alcance
para silenciar al periodismo palestino, creando unas condiciones en las que la labor informativa independiente se ha vuelto casi imposible. Si se analizan en el contexto de la campaña más amplia contra el pueblo palestino, la magnitud y la intensidad de esta agresión ponen de manifiesto un esfuerzo deliberado no solo por ocultar atrocidades masivas, sino también por socavar la propia posibilidad de documentarlas.

Las pruebas analizadas en el presente informe describen un fenómeno único e integrado que, en muchos aspectos, constituye un “mediacidio”, es decir, la destrucción de la función esencial de los medios de comunicación en el entorno informativo que rodea al territorio palestino ocupado. Este fenómeno opera mediante tres procesos que se refuerzan mutuamente:

a) la eliminación sistemática de periodistas palestinos y de sus medios de documentación;

b) la difusión y normalización de la incitación al genocidio y su negación por parte de las autoridades israelíes y de algunos sectores de los medios de comunicación israelíes;

y c) la reproducción, por parte de influyentes medios de comunicación y plataformas digitales occidentales, de narrativas que ocultan, justifican o legitiman crímenes atroces, al tiempo que marginan las voces palestinas, las pruebas disponibles y el derecho internacional.

En conjunto, estos fenómenos son intrínsecos al genocidio que se está produciendo. El genocidio no solo consiste en la destrucción de seres humanos, sino también en la destrucción de las condiciones políticas, morales y probatorias que hacen que dicha destrucción sea visible, comprensible y cuestionable.

Cuando se silencia a los testigos, cuando el lenguaje deshumanizador se vuelve habitual y cuando la verificación independiente es sustituida por las afirmaciones del agresor, la violencia adquiere una apariencia de legitimidad y la impunidad resulta más fácil de sostener.

Por ello la preservación de los hechos documentados es un imperativo jurídico. En un momento en que los procedimientos ante la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia procuran establecer responsabilidades por los crímenes internacionales más graves, las protecciones debidas a los periodistas, la prohibición de la incitación al genocidio y al odio, y las obligaciones de los Estados y de los actores empresariales en virtud del derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos y los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos siguen plenamente vigentes. La inobservancia sistemática de esas obligaciones constituye, en sí misma, un elemento pertinente para evaluar la intención, el conocimiento y la complicidad.

Por consiguiente, la Relatora Especial insta a los Estados, la Asamblea General, los mecanismos judiciales, las organizaciones de medios de comunicación y las empresas tecnológicas a hacer todo lo posible para proteger a quienes informan, dan testimonio, conservan documentación y se oponen a las narrativas que ocultan o legitiman los crímenes. La capacidad de determinar la verdad de lo ocurrido, y de actuar en consecuencia, es fundamental para la protección de las personas a las que este mandato tiene por objeto servir. La rendición de cuentas depende de que se conserven los registros documentales.
Sin ellos, ni la justicia ni la prevención de futuras atrocidades serán posibles