Cómo Occidente construyó la impunidad de Israel

El arma del boicot total y de las sanciones económicas, que en su momento doblegaron a Sudáfrica, hoy parece imposible de aplicar contra Israel. Pero no lo es.

Entre finales de los años ochenta y principios de los noventa, el régimen del apartheid sudafricano se derrumbó bajo el peso de un cortocircuito moral y económico. Las imágenes de la masacre de Sharpeville en 1960 y los cuerpos de los jóvenes de Soweto en 1976 rasgaron el velo de la indiferencia occidental.

Le siguieron los boicots de consumidores, la desinversión de universidades, el aislamiento cultural y, finalmente, el golpe de gracia financiero: en 1985, los grandes bancos internacionales, liderados por Chase Manhattan, decidieron no renovar los préstamos a corto plazo a Pretoria.

Para un régimen cuya supervivencia dependía del G6 —las seis potencias occidentales que absorbían su oro y sus minerales estratégicos— fue el principio del fin. El 27 de abril de 1994, las primeras elecciones democráticas con sufragio universal consagraron a Nelson Mandela como presidente.

Hoy, mientras la masacre en Gaza supera la dramática cifra de 71.000 víctimas palestinas y Cisjordania, colonizada, arde bajo los golpes de una expansión de asentamientos ilegales más agresiva que en cualquier momento desde 2017, las plazas mundiales y las instituciones internacionales evocan con fuerza el espectro del apartheid.

El Tribunal Internacional de Justicia evalúa la acusación de genocidio presentada precisamente por Sudáfrica, y el Tribunal Penal Internacional ha emitido órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra. Sin embargo, el arma del boicot total y de las sanciones económicas, que en su momento doblegó a Pretoria, hoy parece imposible, congelada en un limbo de vetos e intereses cruzados.

La razón de esta parálisis no reside únicamente en las evidentes asimetrías geopolíticas, sino en una diferencia estructural profunda: la Sudáfrica del apartheid era un socio comercial externo del que Occidente compraba mercancías; el Israel de hoy es un órgano vital insertado directamente en el motor tecnológico, digital y militar de Occidente.

Si se analiza la estructura de los intercambios, la comparación entre los dos escenarios revela diferencias importantes. Sudáfrica exportaba materias primas físicas: oro, carbón y minerales raros como cromo y manganeso, esenciales para la industria siderúrgica de la OTAN.

Cuando se activó el boicot, Occidente llevó a cabo una sustitución quirúrgica de proveedores: eximió los materiales inencontrables en otros lugares y recolocó las mercancías en el mercado mundial con un coste macroeconómico cercano a cero. Israel, en cambio, no exporta materias primas, sino tecnología avanzada, productos intermedios digitales y software.

Si una empresa occidental podía sustituir el carbón sudafricano por el australiano en pocas semanas, un banco europeo que utiliza arquitecturas de ciberseguridad israelíes no puede cambiar de sistema pulsando un botón. Más del 55% de las exportaciones de Tel Aviv está compuesto por servicios intangibles, y desarraigar estas tecnologías de las cadenas de suministro occidentales requeriría años de transición y costes de miles de millones.

Nos hallamos ante una interdependencia invisible que se manifiesta ante todo en el sector de los semiconductores, donde centros neurálgicos de gigantes como Intel tienen su sede en Israel, lo que hace que un eventual bloqueo de las exportaciones sea un potencial factor de parálisis para la cadena de suministro de la electrónica global y de los dispositivos médicos.

La misma vulnerabilidad se registra en la ciberseguridad, dado que las redes financieras y los sistemas de defensa occidentales están profundamente integrados con software israelí. Existe además el nudo crucial de la investigación y el desarrollo: más de 400 multinacionales globales, entre las que destacan Apple, Google, Microsoft y las grandes marcas farmacéuticas, desarrollan sus patentes estratégicas precisamente en los laboratorios de Tel Aviv y Haifa.

Dentro de la Unión Europea, el debate sobre las sanciones refleja esta profunda integración. Considerada en su conjunto, la Unión Europea es el primer socio comercial de Israel en volúmenes totales de bienes y servicios, una primacía que se sitúa en torno a los 70.000 millones de euros al año y está regulada por el Acuerdo de Asociación del año 2000.

A pesar de que el Artículo 2 de dicho tratado vincule explícitamente las relaciones al respeto de los derechos humanos —un principio cuya violación ha sido formalmente constatada por los informes del Servicio Europeo de Acción Exterior—, la arquitectura institucional de Bruselas bloquea cualquier reacción concreta. Para suspender el acuerdo se requiere la unanimidad de los 27 Estados miembros en el Consejo de la Unión, pero el bloque está políticamente dividido, con países como Alemania e Italia que ejercen un veto de facto, parapetándose tras la fórmula del “diálogo crítico”.

Tras la fachada diplomática se ocultan intereses industriales precisos y ramificados, concentrados en las grandes economías del continente. Alemania se confirma como el primer socio europeo, registrando un intercambio bilateral de mercancías de unos 6.000 millones de euros al año y un vínculo militar muy estrecho, culminado en la compra del sistema de defensa antimisiles Arrow 3 por una cifra récord de 4.000 millones de euros.

Italia mantiene relaciones igualmente sólidas, con un valor total del intercambio que ronda los 4.000-5.000 millones de euros, caracterizado por una fuerte exportación manufacturera y cooperaciones estratégicas lideradas por gigantes nacionales como Eni en la exploración energética del Mediterráneo oriental y Leonardo en el sector aeroespacial y de defensa.

Los Países Bajos actúan como un fundamental hub logístico y tecnológico, donde empresas líderes mundiales en la producción de maquinaria para microchips mantienen constantes vínculos de codesarrollo con los laboratorios israelíes. Incluso Irlanda representa un caso emblemático de esta asimetría: aunque políticamente es una de las voces más críticas con Tel Aviv, depende económicamente de la importación de circuitos integrados para alimentar sus propias instalaciones tecnológicas nacionales.

Mientras la Comisión Europea intenta tímidas contramedidas —como la propuesta de congelar la financiación del Consejo Europeo de Innovación en el marco de “Horizonte Europa” para las startups israelíes activas en tecnologías de doble uso como drones e inteligencia artificial— y la Iniciativa Ciudadana Europea “Justice for Palestine” supera el millón de firmas para pedir el fin de la complicidad, los gigantes industriales de la UE prefieren frenar.

Si europa se mueve dentro de este laberinto comercial y ajusta cuentas con sus culpas históricas —con Alemania que ha elevado la seguridad del Estado judío a Staatsräson, razón de Estado—, para Estados Unidos el vínculo con Tel Aviv trasciende el comercio. Estados Unidos es el principal socio comercial individual de Israel, con un comercio bilateral de bienes y servicios que ronda los 50.000-55.000 millones de dólares al año.

Sin embargo, lo que marca la diferencia no son las mercancías tradicionales, sino un cordón umbilical financiero y militar sin parangón. Con base en el memorándum decenal vigente, Estados Unidos envía a Israel 3.800 millones de dólares al año en asistencia militar fija, a los que se han añadido paquetes de emergencia extraordinarios aprobados por el Congreso por más de 14.000 millones de dólares.

Se trata de un circuito económico cerrado: por ley, casi la totalidad de estos fondos debe gastarse en la recompra de armas producidas por empresas estadounidenses, sosteniendo directamente la industria bélica americana y más de 20.000 puestos de trabajo de alta especialización.

A esto se suma el valor geopolítico de Israel, históricamente definido como el mayor portaaviones estadounidense en el Mediterráneo oriental: un avanzada para el intercambio de inteligencia militar coordinado entre la CIA y el Mossad, y un terreno en el que el Pentágono prueba armas de vanguardia en escenarios reales.

Palestina ha sido, lo sabemos, un laboratorio de experimentos militares, y ahora el área se ha extendido al Líbano, Irán y Siria. Para quienes aún no lo hayan leído, recomiendo vivamente Laboratorio Palestina. Cómo Israel exporta la tecnología de la ocupación a todo el mundo (editorial Fazi), del periodista de investigación judío Antony Loewenstein, que vive en Sídney.

En el contexto político interno de Washington, donde organizaciones como el AIPAC (Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-Israelí, nota de Espacio Revista) ejercen una influencia bipartidista asfixiante, proponer sanciones comerciales se considera un suicidio político, y la maquinaria de apoyo liderada por el Secretario de Estado Marco Rubio sigue acelerando los flujos financieros en lugar de frenarlos.

El paralelismo histórico con Sudáfrica se atasca, por tanto, en los nudos de una red global inmaterial. El apartheid de Pretoria fue derrotado porque el capitalismo occidental descubrió que podía sobrevivir también sin los racistas afrikáneres. El sistema de dominación colonial impuesto hoy sobre los territorios palestinos, en cambio, se escuda en su propia indispensabilidad digital. Pero esta aparente insustituibilidad no es una condena eterna: es una elección política y económica reversible.

Si Europa quisiera de verdad alinear su conducta moral con los tratados institucionales que celebran los derechos humanos, debería poner en marcha un plan estructural y coordinado de desacoplamiento e independencia estratégica del comercio con Israel. Una “reducción de riesgos” ética y tecnológica aplicable mediante etapas precisas.

El primer paso requiere superar el chantaje de los microchips. La Unión Europea debe utilizar los recursos de la Ley Europea de Chips para acelerar el desarrollo de fundiciones internas y la soberanía tecnológica de la cadena de valor de los semiconductores. Apoyar la expansión de instalaciones de producción en Europa —como los proyectos trabajosamente iniciados en Alemania, Francia e Irlanda— y diversificar las importaciones de chips lógicos hacia democracias asiáticas alternativas o centros continentales emergentes permitiría romper el monopolio microeconómico de los laboratorios de Tel Aviv y Kiryat Gat.

Paralelamente, es urgente poner en marcha un plan de sustitución de las arquitecturas de ciberseguridad y del software intangible en las infraestructuras críticas europeas. Mediante incentivos específicos y contratos públicos continentales, Bruselas puede estimular el crecimiento de la industria digital europea, sustituyendo los sistemas de seguridad informática propietarios israelíes por soluciones basadas en protocolos de código abierto o desarrolladas dentro del bloque comunitario.

Salir de la dependencia del código propietario requiere inversiones, pero garantiza a medio plazo una mayor seguridad nacional y el fin de la complicidad financiera indirecta.

En el plano de la investigación, la separación debe traducirse en la inmediata y efectiva exclusión de las instituciones israelíes del programa “Horizonte Europa”. La cooperación científica no puede considerarse neutral cuando universidades y startups vinculadas a los ministerios de Seguridad Nacional se benefician de fondos europeos para desarrollar tecnologías de doble uso, luego probadas sobre el terreno en los escenarios de Gaza y Cisjordania.

Europa debe reasignar estos recursos millonarios hacia sus propios centros de investigación y hacia las asociaciones con aquellos países del Sur global que respetan la legalidad internacional, superando la lógica del retorno financiero asimétrico que hasta ahora ha premiado a Tel Aviv.

Por último, la acción política debe forzar los nudos jurídicos del Acuerdo de Asociación. Ante el veto de facto impuesto por Alemania e Italia que paraliza el Consejo de la Unión, un grupo de países de vanguardia —liderado por España, Irlanda, Eslovenia, Bélgica y los Países Bajos— puede y debe actuar unilateralmente mediante coaliciones sólidas.

Estos estados pueden aplicar la reciente opinión consultiva del Tribunal Internacional de Justicia introduciendo prohibiciones comerciales totales sobre los productos procedentes de los asentamientos ilegales y bloqueando los tránsitos y las licencias de exportación de armas o componentes militares hacia Israel a través de sus propios territorios nacionales.

Si una decisión unánime a 27 es temporalmente imposible, la ruptura política de los gobiernos individuales puede desencadenar un efecto dominó normativo capaz de agrietar la compacidad del mercado único en defensa del derecho internacional.

Mientras tanto, quienes pagan el precio más alto de la inercia internacional no son las potencias occidentales, protegidas por sus dividendos tecnológicos, sino los civiles bajo las bombas y la población de Cisjordania. Exactamente como ocurrió en los años ochenta, cuando las sanciones quirúrgicas occidentales excluyeron los minerales críticos y descargaron el coste del aislamiento sobre los países africanos vecinos, hoy la geometría del poder global elige sacrificar los derechos humanos en el altar de las cadenas de valor.

Pero la historia enseña que ninguna interdependencia tecnológica puede sanar durante mucho tiempo la insostenibilidad moral de una ocupación. La independencia económica de Europa no es solo un desafío industrial: es la única manera que queda de no ser cómplices del exterminio de un pueblo.