Israel ha empleado la tortura a una escala que sugiere una venganza colectiva y una intención destructiva

La tortura siempre ha sido una característica central del desposeimiento de los palestinos por parte de Israel. Sin embargo, desde octubre de 2023, Israel ha empleado la tortura a una escala que sugiere una venganza colectiva y una intención destructiva. Así lo afirma Francesca Albanese, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, en su más reciente informe presentado el 23 de marzo de 2026.

En el informe, que consta de 23 páginas en su versión en inglés, la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, Francesca Albanese se refiere al uso sistemático de prácticas de tortura que cumplen con los requisitos para ser consideradas como genocidio, según la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Pero, más allá de las convenciones y tratados, estamos hablando de una crueldad que continúa sucediendo ante los ojos del mundo y en particular de los Estados, cómplices del genocidio, como lo señalaba Albanese en un informe anterior.

El 29 de diciembre de 2023, Espacio Revista publicaba un artículo (https://espaciorevista.com/2023/12/29/existe-la-obligacion-de-impedir-que-se-cometa-un-genocidio-en-gaza-francesca-albanese-relatora-de-la-onu/) con cifras brindadas por la BBC que, en esa fecha, indicaban 21,000 víctimas de las operaciones israelíes en Gaza (8200 de las cuales eran niños y niñas y 6200 eran mujeres). El 22 de abril de 2026, solo en víctimas mortales ya se contabilizan 72,562 personas, más 172,320 personas heridas, según el informe de OCHA de la fecha mencionada (https://www.ochaopt.org/content/reported-impact-snapshot-gaza-strip-22-april-2026), sin contar los cientos de miles de palestinos desplazados.

La base de datos del ejército israelí en mayo 2025 sugiere que al menos el 83% de los muertos en Gaza eran civiles. (https://efe.com/mundo/2025-08-21/muertos-gaza-civiles/)

Publicamos la introducción, las conclusiones y las recomendaciones del presente informe A/HRC61/71 sobre la tortura (traducción Espacio Revista), el cual puede leerse completo en este enlace: https://bit.ly/4cRAHe0.

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I. Introducción

1. En el presente informe, la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967 examina el uso de la tortura —el infligir intencionalmente dolor o sufrimiento grave, ya sea físico o mental, con fines que incluyen la intimidación y la coerción, o por cualquier razón basada en la discriminación— por parte de Israel contra los palestinos como grupo, y concluye que la tortura es un rasgo estructural del genocidio en curso y del apartheid colonialista de colonos más amplio.

2. Dado que Israel obstaculizó su misión, la Relatora Especial recopiló información pertinente mediante presentaciones escritas, incluyendo más de 300 testimonios recogidos por numerosas organizaciones; consultas a distancia con expertos jurídicos y sobrevivientes de tortura; y una revisión de fuentes primarias y públicas, incluidos relatos de denunciantes israelíes.

3. La tortura siempre ha sido una característica central del desposeimiento de los palestinos por parte de Israel. Sin embargo, desde octubre de 2023, Israel ha empleado la tortura a una escala que sugiere una venganza colectiva y una intención destructiva. La focalización de los palestinos “como nación entera que es responsable”, en palabras del Presidente de Israel, Isaac Herzog, es evidente en la brutalidad del sistema de detención israelí y en el régimen carcelario más amplio impuesto a todos los palestinos. Calificadas como necesarias para la “seguridad” de Israel, estas prácticas operan como un proyecto ideológico de destrucción social, normalizando la crueldad y teniendo el objetivo político de debilitar a la “nación” palestina.

4. La escalada de la tortura en los centros de detención israelíes responde a un plan coordinado. El Ministro de Seguridad Nacional del país, Itamar Ben-Gvir, quien supervisa el Servicio de Prisiones de Israel, ha promovido su “revolución penitenciaria”, que institucionalizó una política de degradación. El 14 de noviembre de 2023, el Ministro ordenó que los detenidos palestinos etiquetados como “terroristas” permanecieran esposados en celdas oscuras con camas de hierro y letrinas de pozo, y sometidos a la reproducción a todo volumen del himno nacional israelí. También ha pedido la pena de muerte para los detenidos palestinos —una solución cínica para el hacinamiento causado por las detenciones masivas llevadas a cabo por Israel—.

5. La tortura no se limita a las celdas y las salas de interrogatorio. Mediante el impacto acumulativo del desplazamiento masivo, el asedio, la denegación de ayuda y alimentos, la violencia militar y de colonos sin restricciones, y la vigilancia y el terror generalizados, el territorio palestino ocupado se ha convertido en un espacio de castigo colectivo, donde la destrucción de las condiciones de vida convierte la violencia genocida en un instrumento de tortura colectiva con consecuencias mentales y físicas a largo plazo para la población ocupada. Facilitado por la industria mundial de la seguridad y la inacción de terceros Estados, este régimen deshumaniza a los palestinos, los somete a múltiples humillaciones y tipos de violencia, e infunde miedo colectivo.

6. En todo el territorio palestino ocupado, las autoridades israelíes han diseñado un “entorno tortuoso”, destinado a quebrar la resistencia, la dignidad y el sumud (firmeza). Como lo ha expresado abiertamente el ministro responsable de finanzas, Bezalel Smotrich, y otros funcionarios cuyas declaraciones se analizan en el presente informe y que han apoyado el genocidio en curso y la tortura colectiva, el objetivo último y declarado es la expulsión forzosa de los palestinos para facilitar la anexión y la conquista por los colonos.

7. En el contexto del plan del “nuevo Nakba” previsto, la combinación de prácticas de tortura bajo custodia y fuera de ella documentadas en el presente informe, muestra la estrecha relación entre la tortura y el genocidio colonizador. Cuando la tortura se utiliza sistemáticamente contra una población “como tal”, constituye tanto un medio de dominación como una prueba de la intención genocida en virtud del artículo II (b) de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

8. Si alguna vez se ha de hacer justicia, debe reconocerse que, en el contexto de un genocidio, la tortura, ya sea bajo custodia o no, es inherentemente intencional y propositiva; su uso sostenido a través del tiempo y el espacio contra una misma población es indicativo de políticas dirigidas a la destrucción física y psicológica de ese grupo.

VI. Conclusiones

82. Desde octubre de 2023, la tortura sistemática de los palestinos se ha convertido en un componente integral del genocidio colonialista de asentamiento perpetrado por Israel, funcionando como un instrumento de violencia aniquiladora dirigida contra los palestinos como pueblo. Cuando la tortura se perpetra en todo un territorio, contra una población en cuanto tal y se sostiene mediante políticas que destruyen las condiciones de vida, la intención genocida resulta evidente.

83. El presente informe apenas roza la superficie. Sitúa la tortura dentro de un marco más amplio de políticas y prácticas, tanto bajo custodia como fuera de ella, en el que la provocación de daños colectivos a largo plazo refleja un esfuerzo concertado por controlar y borrar a un pueblo mediante: la destrucción de las condiciones básicas de vida; la ruptura de los vínculos sociales y la resistencia colectiva; y, en última instancia, la expulsión forzosa de los palestinos de sus tierras para reemplazarlos por colonos.

84. Bajo custodia, los cautivos palestinos han sido sometidos a un abuso físico y psicológico excepcionalmente cruel, en una escala y con una intensidad sin precedentes en la historia de Palestina/Israel. Las golpizas brutales, la violencia sexual, las violaciones, los malos tratos letales, el hambre y la privación sistemática de las condiciones humanas más básicas han infligido cicatrices profundas y duraderas en los cuerpos y las mentes de decenas de miles de palestinos y sus seres queridos. Estas prácticas demuestran que el sistema de detención de Israel ha degenerado en un régimen de humillación, coerción y terror sistémicos y generalizados, destinado a despojar a los palestinos no solo de su libertad, sino de su dignidad, su identidad y hasta el más básico sentido de humanidad. Lejos de ser excesos aislados, tales conductas se han institucionalizado dentro de las estructuras de detención, han sido respaldadas políticamente por las autoridades israelíes y justificadas públicamente, o incluso celebradas, por segmentos de la sociedad.

85. Más allá de la detención, los palestinos están sometidos a condiciones que en su conjunto infligen un grave sufrimiento físico y psicológico colectivo: asesinatos masivos, desplazamientos masivos, destrucción masiva de viviendas e infraestructura, hambruna masiva, privación masiva —incluida la atención médica esencial— y la exposición constante a la violencia y la humillación sin reparación. En este entorno tortuoso, la destrucción intencional de las condiciones necesarias para la vida convierte la existencia diaria en un calvario de agotamiento, trauma y precariedad.

86. Al atacar a la totalidad del pueblo, a través de la totalidad del territorio ocupado, mediante una totalidad de conductas, el genocidio se ha convertido en la forma última de tortura: continua, generacional y colectiva. En su conjunto, estas políticas consolidan un sistema integral de destrucción calculado para infligir sufrimiento permanente a los palestinos, aniquilar la vida cotidiana y crear un entorno de angustia sostenida, como lo confirman los testimonios que describen la erosión irreversible de la confianza, la identidad propia y la pertenencia causada por la tortura y su impacto duradero en las familias (…).

87. Si bien la deshumanización de los palestinos es anterior a los nombramientos de Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich e Israel Katz en el Gobierno, estos políticos ahora presiden y dan dirección política a las políticas que sustentan las conclusiones del presente informe. Cualquier búsqueda creíble de justicia debe enfrentar la tortura no como un crimen aislado, sino como un pilar fundamental de un proyecto genocida dirigido a la aniquilación total —destrucción física y psicológica, desplazamiento y reemplazo— del pueblo palestino.

VII. Recomendaciones

88. Recordando sus 58 recomendaciones anteriores, la Relatora Especial formula además las siguientes recomendaciones.

89. Israel debería:

(a) Cesar inmediatamente todos los actos de tortura y malos tratos contra el pueblo palestino, ya sean bajo custodia o fuera de ella; esto requiere, como condición previa fundamental, el desmantelamiento del régimen de apartheid mantenido en el territorio palestino ocupado, respecto del cual la Corte Internacional de Justicia y la Asamblea General han determinado que infringe el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación. Este proceso debe comenzar con el cese inmediato de la presencia ilegal de Israel en el territorio, junto con la rendición de cuentas, la reparación integral, las garantías de no repetición y las medidas para preservar la memoria mediante reformas institucionales y educativas.

(b) Conceder al CICR, a la Comisión Internacional Independiente de Investigación para el Territorio Palestino Ocupado, incluido Jerusalén Este, e Israel, a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a los expertos de las Naciones Unidas y a los abogados el acceso necesario para supervisar las violaciones e investigar todos los crímenes cometidos, incluida la tortura y otros malos tratos.

90. Los Estados deberían:

(a) Cumplir con su obligación de no participar ni ser cómplices de crímenes israelíes y, en su lugar, prevenir y abordar las violaciones graves del derecho internacional, particularmente las establecidas en la Carta de las Naciones Unidas y la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, y su obligación de garantizar que los actos de genocidio, tortura y malos tratos sean investigados y enjuiciados.

(b) Mejorar los mecanismos y recursos para recopilar pruebas para los enjuiciamientos, aclarar el paradero y la situación de todas las personas palestinas desaparecidas y garantizar que Israel proporcione reparaciones adecuadas a las víctimas palestinas.

(c) Activar mecanismos de jurisdicción universal para juzgar a personas y entidades corporativas sospechosas de participar en violaciones graves y otros crímenes internacionales, incluidos el genocidio y la tortura.

(d) Apoyar programas de apoyo psicosocial para los sobrevivientes, especialmente ex presos y sobrevivientes de tortura y violencia sexual, que deberían recibir financiación internacional, por ejemplo mediante asignaciones del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura a organizaciones no gubernamentales palestinas; y facilitar la transferencia de sobrevivientes a terceros Estados.

(e) Garantizar que las entidades corporativas y sus ejecutivos cesen toda colaboración con Israel a fin de no causar, contribuir o estar directamente vinculados con el genocidio, la tortura y otras violaciones de derechos humanos.

91. La Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional debería investigar y enjuiciar los actos de genocidio, tortura y malos tratos y, en este contexto, solicitar inmediatamente órdenes de captura contra funcionarios israelíes, en particular Itamar Ben-Gvir, Israel Katz y Bezalel Smotrich, sospechosos de perpetrar y/o ordenar los crímenes de lesa humanidad descritos en el presente informe, así como contra el Jefe del Estado Mayor General del ejército israelí y los altos funcionarios del Servicio de Prisiones de Israel encargados de los centros de detención.

92. La Relatora Especial insta a los Estados y a las instituciones internacionales a que hagan todo lo que esté a su alcance para detener la destrucción de lo que queda de Palestina. La obligación es inmediata y continua. Cada demora agrava un daño irreversible y profundiza aún más un sistema de crueldad que el derecho internacional y las Naciones Unidas están diseñados para prevenir, detener y castigar.